Bomba de tiempo

Cuando el viceministro del Interior, Mauricio González, y el procurador general, Jaime Bernal Cuéllar, llegaron a Puerto Boyacá a las 12:10 de la tarde del lunes pasado nunca imaginaron que tan sólo 70 minutos más tarde su visita a ese municipio terminaría convertida en un fracaso. Y dejaría en evidencia, además, el complejo problema que debe enfrentar el gobierno para consolidar los diálogos de paz con el ELN.

González y Cuéllar llegaron en compañía del gobernador de Boyacá, Eduardo Vega, y fueron recibidos con papayeras, bandas de guerra y vivas de decenas de curiosos. La delegación del gobierno era esperada desde las 10 de la mañana en el club Omimex, en Puerto Boyacá, por 65 alcaldes, concejales y delegados de municipios del sur de Bolívar, sur del Cesar, Llanos Orientales y el Magdalena Medio antioqueño, santandereano y boyacense. En total eran 350 personas las que esperaban en el primer piso de las instalaciones del club a los enviados del gobierno.

Después de los actos de protocolo, a las 12:40 de la tarde, el viceministro y el Procurador fueron conducidos al segundo piso del club para adelantar el diálogo con los líderes de la protesta. Siete minutos más tarde el presidente de la Federación de Ganaderos del Magdalena Medio y uno de los principales gestores del movimiento, Carlos Clavijo, tomó la vocería y pidió a sus compañeros levantarse de la mesa y no instalar los diálogos debido a que el gobierno incumplió, ya que se había comprometido a que la comisión estaría conformada por el Ministro del Interior y el Alto Comisionado para la Paz. El rostro desencajado del viceministro González evidenció el malestar por la decisión unilateral de suspender los diálogos sin que ni siquiera lo dejaran hablar. El funcionario, en compañía del Procurador y el gobernador, salieron del club escoltados por la Policía en medio de una inmensa silbatina y calificativos de antipatriotas.

El motivo del encuentro no era otro que el de instalar una mesa de diálogo en la que el gobierno explicaría los alcances de la zona de encuentro con el ELN y escucharía las dudas, argumentos y peticiones de los representantes de las comunidades que rechazan el despeje para ese grupo subversivo. La reunión había sido fijada el pasado primero de junio entre los miembros de la comunidad y el ministro del Interior, Humberto de la calle, y fue el requisito fundamental que permitió levantar el bloqueo de vías que adelantaron los pobladores del Magdalena Medio durante las tres últimas semanas de mayo, el cual dejó millonarias pérdidas para la economía del país.



Sin salida

Lo que sucedió el lunes anterior en Puerto Boyacá fue sólo una pequeña muestra del tormentoso camino que deberá recorrer el gobierno en los próximos días para lograr consolidar la ‘zona de encuentro’ para la negociación con el ELN. Y fue, también, la clara demostración de la encrucijada en la que se halla el gobierno para intentar consolidar el proceso con esa organización guerrillera.

Si el gobierno insiste en el despeje, en contravía de la voluntad de alguna parte de los habitantes de la región, tendrá que pagar un precio muy alto. Los miembros de la Asociación Civil para la Paz (Asocipaz), la organización que se gestó en el bloqueo de Aguasclaras —Cesar— el pasado mes de febrero para manifestar su rechazo a un eventual despeje, no sólo han radicalizado cada vez más su posición sino que han ido encontrando eco en otras regiones, con lo que han logrado un crecimiento impresionante en muy poco tiempo. “Le damos un ultimátum al Presidente —dijo a SEMANA Leonel Uribe, secretario de Gobierno de Yondó y uno de los líderes más importantes del movimiento—. Porque si él no abre el diálogo estamos dispuestos a dar una hora cero para utilizar las vías de hecho que sean necesarias, que no sólo son el bloqueo de las vías sino acciones que toquen la economía del país. Vamos a dar un plazo de 15 días para volver a bloquear las vías. Si antes logramos reunir cerca de 18.000 personas, ahora reuniremos más de 30.000”, sentenció Uribe

Esa declaración, que fue tomada por el gobierno como una amenaza, simplemente es una clara demostración de la fuerza que en muy poco tiempo ha tomado el movimiento. Hace tan sólo dos meses la protesta era liderada por los alcaldes de los municipios que eran considerados como una eventual zona de despeje. La semana pasada al levantamiento ya se habían sumado 60 alcaldes más de la zona. “En Santander los primeros que se opusieron al despeje fueron los ganaderos y después se les unieron los demás gremios. Lo que comenzó con la protesta de cinco municipios del sur de Bolívar ya va en un gran movimiento que involucra a varios departamentos”, dijo a SEMANA Germán Uribe, representante de los gremios económicos de Santander.



El ultimátum

Esa acogida que ha tenido el movimiento entre otros mandatarios se convierte en un gran dolor de cabeza ya que se han sumado a la protesta dirigentes de los Llanos Orientales, la mayoría de los municipios del Magdalena Medio, parte de Antioquia y Cesar. En este momento, si el movimiento decide bloquear nuevamente las vías, ese taponamiento sería el más grande que se podría presentar en la historia reciente del país ya que, según afirmaron los dirigentes, “cobijaría más de 60 importantes vías que dejarían incomunicado todo el occidente y el norte del país. En esta nueva etapa estamos acudiendo a las vías de derecho. Por eso se hizo una demanda el viernes 16 de junio ante la Corte Constitucional por inconstitucionalidad contra el tercer y quinto párrafos del artículo 8 de la ley 418 de 1997. Mientras la Corte no defina esta demanda el gobierno no puede tomar determinaciones sobre la zona de despeje. Si eso no funciona acudiremos a las vías de hecho y si se pasa por encima del Estado de derecho va a haber una debacle y el único responsable es Andrés Pastrana”, afirmó a SEMANA Lincoln Castilla, representante del sur de Bolívar y Cesar y uno de los principales dirigentes del movimiento. Frente a este panorama el gobierno se encuentra ante un dilema: afrontar las consecuencias que acarrearía un paro en una región que es el corazón del país o, eventualmente, ceder a las peticiones del movimiento y no conceder el despeje al ELN.

Si el gobierno decide no cumplir con lo que ya le ha prometido al ELN, es decir, el despeje de tres municipios —San Pablo y Cantagallo en el sur de Bolívar y Yondó en Antioquia— deberá enfrentarse el más duro impasse con el Ejército de Liberación Nacional. La definición de esa zona es algo que el gobierno y ELN vienen estudiando desde hace cerca de dos años y por eso las partes confían en que será posible llegar a un acuerdo que facilite el establecimiento del despeje en esa región. Esa confianza es la que también ha hecho que ninguna de las dos partes tenga un plan B que permita, si es necesario, buscar otra zona para realizar los diálogos.

Es claro, sin embargo, que si el gobierno decide dar marcha atrás las conversaciones no sólo quedarían en cuidados intensivos, sino que le permitiría al grupo guerrillero emprender una ofensiva como respuesta, la cual podría incluir acciones tan contundentes y cinematográficas como las que desarrollaron con el secuestro del avión de Avianca, la iglesia de La María o la ‘voladura’ de torres de energía. La eventualidad de que el gobierno renegocie con el ELN significaría perder una oportunidad de oro para el establecimiento, ya que es claro que los elenos están dispuestos a jugársela a fondo para buscar una salida negociada al conflicto siempre y cuando el gobierno cumpla con despejar la zona del Magdalena Medio. Retroceder tendría otra implicación adicional. Para el gobierno renunciar a lo acordado con el ELN sería una muestra de debilidad política ante las autodefensas, las que asumirían esto como un triunfo que les permitiría, de paso, afianzar el discurso político en la zona. Frente a este incierto panorama surgen varias preguntas: ¿Por qué adquirió tanto poder el movimiento en contra del despeje? ¿Quién está detrás de la negativa al despeje? ¿Qué va a hacer el gobierno?



Los protagonistas

En los últimos meses el movimiento en contra del despeje ha tomado gran fuerza gracias a una hábil estrategia de los líderes de la protesta. Cuando el gobierno de Andrés Pastrana anunció a comienzos de año por primera vez las posibles zonas de despeje las protestas se centraron en rechazarlo de esas zonas en concreto. El movimiento no tuvo en ese momento un gran impacto a nivel nacional ya que en el resto del país el asunto era visto como un problema eminentemente regional. En ese momento varios de los miembros del movimiento buscaron incluso a un personaje de talla nacional que les sirviera como interlocutor ante el gobierno y la comunidad nacional e internacional. Fue entonces cuando algunos pensaron en el general retirado Harold Bedoya. “Yo he estado recorriendo la región y les he estado diciendo a los campesinos que he decidido ayudarles, porque lo que está en juego no son banderas políticas sino banderas patrióticas, hablando de patria chica, de riqueza nacional y de que a todos los colombianos la Constitución nos obliga —a que en un momento dado cuando la patria está amenazada— a organizarse y defenderse. Les he dicho que defiendan su riqueza, sus propiedades y su familia porque el Estado colombiano, definitivamente, claudicó frente a su obligación”, dijo Bedoya a SEMANA

No obstante los líderes de la protesta decidieron cambiar su estrategia y en lugar de clamar por el no al despeje del sur de Bolívar optaron pedir por el no al despeje de ninguna parte del territorio nacional. Esa táctica no sólo permitió que el movimiento no necesite una figura que los represente sino que les ha dejado sumar adeptos en otras regiones del país y, según dijo a SEMANA Leonel Uribe, facilitó que el reclamo pasara de ser una protesta regional a una nacional. El comité central del movimiento por el no al despeje está integrado por 22 personas. Seis de Puerto Boyacá, Puerto Araújo y Puerto Berrío. Otras seis del sur de Bolívar e igual número integran la delegación del sur de Cesar y ocho más son miembros de Asocipaz. El liderazgo, no obstante, lo ejercen tres hombres:

Leonel Uribe, secretario de Gobierno de Yondó; Lincoln Castilla, representante del sur de Bolívar y César y, Carlos Clavijo, presidente de la Federación de Ganaderos del Magdalena Medio.



Debajo del tapete

A pesar de que el movimiento que se opone al despeje está financiado en gran parte por los grandes hacendados, ganaderos y terratenientes de la zona, no pocos han puesto en tela de juicio las verdaderas razones para evitar que se establezca la zona de convivencia para el ELN. Incluso miembros de la Iglesia y algunas ONG no han dudado en afirmar que detrás de todo está la mano de los grupos paramilitares.

Aunque el Magdalena Medio es considerado la cuna del ELN y las Farc incursionaron en la región desde 1966, la realidad es que hoy ninguno de esos dos grupos tiene el control de la zona. Hay un tercer grupo que entró en disputa por ese territorio: los paras. Ellos ingresaron hace más de 10 años. En sus primeras incursiones en la región, a mediados de los años 80, los grupos paramilitares estuvieron al servicio de narcotraficantes y terratenientes, quienes recurrieron a sus servicios para garantizar y ampliar sus cultivos de tierras y bienes. “Es innegable que estas regiones tienen presencia paramilitar. Es innegable que un actor armado desplazó a otro y este último trata mejor a la comunidad y por eso hay preferencia por las autodefensas. No queremos territorio de despeje por la experiencia que hemos tenido con el maltrato de la guerrilla”, afirmó a SEMANA Leonel Uribe. “Si la guerrilla se hubiera portado bien en esta región hoy seríamos 500.000 guerrilleros más. En cambio la gente que hace cuatro años era minera hoy está cultivando coca”, dijo Pastor García, alcalde de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Lo que no es un secreto para nadie es que la zona se ha caracterizado por ser una región en donde confluyen intereses muy variados, aparte de los del ELN y las Farc. En el territorio hay presencia de grupos de narcotraficantes, operan el cartel de la gasolina y poderosos grupos de terratenientes que manejan el negocio del oro en la Serranía de San Lucas. Todos ellos se verían afectados si el despeje se lleva a cabo, y para algunos son ellos quienes, apoyados por los paramilitares, están moviendo el no al despeje, especialmente con el aporte de grandes cantidades de dinero que son invertidas en la manutención de los pobladores que se han unido a la protesta. También, no dejan de llamar la atención los bandazos que han dado los paras en este tema del despeje. En un comunicado del pasado 26 de mayo dieron el visto bueno para que el gobierno autorice la zona de convivencia para el ELN. Pero 15 días más tarde enviaron una carta al alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, afirmando que ya no están de acuerdo con la ‘zona de encuentro’ para el ELN y que se oponen rotundamente a la posibilidad de despeje en cualquier parte del territorio nacional. Para Gómez es claro que lo que está sucediendo es “una radicalización de las posiciones por parte de un pequeño sector de la población. La gente piensa que se va a hacer un nuevo Caguán y no entienden que son dos procesos diferentes y que el ELN ha aceptado sin reparos una larga serie de requisitos y estará sometido a una constante verificación nacional e internacional”.

En medio de este tire y afloje entre el gobierno y pobladores el proceso de paz con el ELN parece haber cogido vuelo. Una muestra de ello es el acuerdo firmado la semana pasada entre los elenos y la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El presidente Pastrana anunció el jueves pasado que cinco países acompañarán el proceso de paz.

De otra parte, la comandancia del ELN adelanta un periplo por Europa con el fin de abrir puertas que les permita realizar una reunión previa a la convención nacional. A diferencia del encuentro de Puerta del Cielo, realizada hace dos años en Alemania, en esta oportunidad la invitación a la sociedad civil y a los representantes de los gobiernos europeos correrá por cuenta del gobierno y del ELN. Eso permitiría legitimar aún más el proceso de negociación con este grupo subversivo.

Igualmente, se realizará una serie de encuentros entre el gobierno y el ELN que llevará al Comisionado de Paz de tour por Cuba para adelantar varias reuniones previas a la cita en Europa, prevista para mediados de julio. Esta estrategia está encaminada a solidificar la negociación, de tal manera que en su momento el despeje sea un mal necesario para poder arrancar en firme una mesa de negociaciones con los elenos.

En este tema es mucho lo que se ha avanzado. La garantía para poder despejar los municipios de Yondó, Cantagallo y San Pablo está en la invitación que cursó el gobierno de Pastrana a una comisión internacional que servirá de verificadora de la zona de encuentro para que allí no se vaya a cometer ningún exceso por parte de la guerrilla. Pareciera que la lección del Caguán fue aprendida por el gobierno. Y en esta oportunidad con los elenos el Presidente ha decidido ir despacio pero seguro.