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| 10/10/2004 12:00:00 AM

Bombas de tiempo

Los sitios de venta ilegal y clandestina de gasolina pululan en Bogotá. Las pérdidas para los empresarios legales y para la ciudad son enormes.

Bombas de tiempo En Bogotá existen cerca de 150 puntos de venta de gasolina ilegal. Como este, los expendios no cumplen con las mínimas condiciones ambientales ni de infraestructura, poniendo en riesgo a las personas que tanquean y a los vecinos.
Todas las mañanas, cerca de 10 camiones parquean en un lote cerca de Corabastos, al occidente de Bogotá. Horas antes al mismo sitio llega un carrotanque, cargado de la gasolina con la cual los camioneros tanquean a menos de la mitad del precio de las estaciones legales. Como este, hay más de 150 'escurrideros' en los barrios periféricos de Bogotá a donde llegan más de 100 carrotanques que recorren las calles capitalinas cargados de gasolina ilegal o de contrabando.

De garajes improvisados, terminales de buses y lavaderos de carros que no cuentan con las mínimas normas de seguridad salen taxistas, conductores de bus y propietarios de vehículos particulares, contentos de llenar sus tanques a tan bajo precio. Al mismo tiempo, los dueños de las estaciones legales se preocupan porque sus ingresos han disminuido 35 por ciento, inquietud que es compartida por la agremiación de proveedores de gasolina del país y que cobra fuerza en Bogotá. "Por culpa de las mafias de gasolina ilegal, que son propiedad de actores armados, las condiciones de inversión para los proveedores legales empeoran día a día", denuncia el concejal David Luna, quien calcula que el mercado ilícito de combustibles representa cerca del 20 por ciento de las ventas en Bogotá.

Mientras construir una estación legal cuesta cerca de 2.000 millones de pesos una ilegal se monta con 30 millones. Esta abismal diferencia tiene razones obvias: los expendios ilegales utilizan mangueras caseras y guardan la gasolina en piscinas y canecas plásticas. Constituyen por eso un gran riesgo para la población vecina, pues además de que pueden explotar en cualquier momento, no cumplen con ninguna norma ambiental.

Las mafias de la gasolina hacen que la ciudad pierda grandes recursos. Un reciente estudio de la Secretaría de Hacienda Distrital muestra que el recaudo del impuesto de la sobretasa a la gasolina ha venido cayendo desde 1996, lo que se explica en buena medida por el aumento del robo y contrabando de combustible. Por cuenta de la venta ilegal de combustible la ciudad deja de percibir recursos cercanos a los 250.000 millones de pesos en impuestos de industria y comercio y sobretasa a la gasolina que podrían invertirse en educación, vías y obras de transporte masivo.

El comercio ilegal de gasolina en Bogotá, donde se consume el 50 por ciento de combustibles del país, ha aumentado por dos razones. La primera, porque los grandes 'carteles' ilegales de la gasolina del país han crecido en más de 200 por ciento desde 1999, de acuerdo con estimativos de las autoridades. Segundo, porque la ciudad no cuenta con las herramientas legales necesarias para cerrar estos expendios que se camuflan en lavaderos de carros, garajes y parqueaderos. Aunque en 2003 la Alcaldía y Ecopetrol diseñaron un plan de acción interinstitucional para combatir el negocio ilícito, la falta de instrumentos normativos ha sido el mayor obstáculo para contrarrestar la multiplicación desbordada de los 'escurrideros'. "Los alcaldes locales no tienen las competencias para realizar las acciones pertinentes, dice Carlos Enrique Osorio, miembro de la junta directiva de Fendipetróleos. Ni el Ministerio de Minas, ni las autoridades distritales han podido evitar la venta del millón de galones de gasolina ilegal que se negocia diariamente en la capital".

Para que Bogotá no siga perdiendo y los programas de inversión social de la Alcaldía cuenten con los recursos que necesitan, la Nación y el Distrito deben crear normas que permitan imponer sanciones efectivas. Al tiempo, es urgente fortalecer el control policivo y desarrollar acciones pedagógicas para que la gente no compre gasolina ilegal. Además de que corre el riesgo de ser atrapado, cada ciudadano que tanquea en una bomba clandestina le está quitando a la ciudad la posibilidad de invertir mucho más en el bienestar de sus habitantes más pobres.

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