Buenas intenciones

El pasado martes 17 de febrero a las 11:30 de la mañana, cuando los representantes de 10 partidos y movimientos políticos estamparon sus firmas en un acuerdo político lleno de interrogantes por la incertidumbre de sus verdaderos alcances, el presidente Álvaro Uribe Vélez se jugó la carta que le permitirá gobernar el país en lo que resta de su mandato. Con una estrategia de concertación y en tono conciliador, el mandatario se lanzó a recuperar los apoyos parlamentarios que perdió en el pasado y, de paso, a medir las fuerzas políticas que llegarían a incidir en una futura reelección.

Pero el texto, respaldado por 250 representantes y sólo titulado 'acuerdo', es tan general que sólo plantea el compromiso de discutir las iniciativas gubernamentales sobre tres ejes fundamentales: política tributaria, reforma de la justicia y modernización del Estado. A pesar de esto, la firma del acuerdo tiene un fuerte contenido simbólico y deja en evidencia una nueva relación del Ejecutivo con el Congreso. Es una estrategia del Presidente para reconstruir una gobernabilidad golpeada después del fracaso del referendo.

En la arquitectura de esta nueva relación gobierno-Congreso todos ganan. Gana el gobierno, porque a través de su ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, el Presidente impulsaría en el Congreso la construcción de bases políticas de apoyo para tramitar con más seguridad los proyectos del gobierno. De paso, la firma del pacto le serviría para contrarrestar su imagen de intransigencia en tiempos en que el país discute el camino de la reelección.

Para poner a andar este nuevo esquema, el Presidente echó para atrás su desafecto por los partidos y entendió que sin ellos no puede hacer política real. Basta recordar que en su discurso pronunciado en diciembre de 2003, durante la reunión convocada por la Unidad para la Democracia de la OEA, en Cartagena, Uribe desvirtuó el papel de los partidos. Sin embargo el martes, durante la firma del acuerdo, su tono cambió radicalmente cuando agradeció a los "distinguidos representantes de los diferentes partidos políticos de Colombia, y distinguidos integrantes del Congreso, este acto de fe en Colombia".

Los dos partidos tradicionales, por ejemplo, adhirieron al acuerdo. Los senadores Camilo Sánchez y Carlos Holguín, presidentes del Partido Liberal y del Conservador, respectivamente, advirtieron que es el carácter abierto de la iniciativa el que impedirá que se legisle por la puerta de atrás. Además respaldaron la formación de tres comisiones compuestas por representantes del gobierno y de los partidos, que tendrán como tarea construir propuestas sobre los temas de reforma del Estado, la justicia y la economía.

Los partidos que no suscribieron el acuerdo tienen su propia visión de la situación. Los senadores Carlos Gaviria y Luis Carlos Avellaneda, de Alternativa Democrática, coinciden en que el presidente Uribe "está montando un nuevo show mediático sobre nada", para fortalecer su imagen tras el golpe de opinión desfavorable que sufrió durante su viaje a Europa y para intentar recuperarse del hundimiento del referendo. Al aludir al acuerdo como un intento del Presidente de desconocer al Congreso como escenario natural de deliberación política, Gustavo Petro y Antonio Navarro, en representación del Polo Democrático, señalaron que firmar el acuerdo sería como girar un "cheque en blanco" al gobierno, en la medida en que hasta el día de la firma no se conocían los contenidos del documento.

¿Qué ganan los firmantes?

Con este acuerdo ganaría el Presidente si logra recomponer las fuerzas parlamentarias que había perdido en el pasado con el fracaso del referendo y con los ataques al Congreso hechos por el ex ministro Fernando Londoño. Es claro que este logro del gobierno es consecuente con el espíritu conciliador de Sabas Pretelt.

Por su parte, los liberales y los conservadores lograron poner sobre la agenda del acuerdo sus banderas ideológicas, lo que los fortalece como intermediarios de los colombianos que reclaman más inversión social. Mientras los liberales señalaron que no cederán en temas que tienen que ver con el aumento de impuestos, los conservadores aterrizaron propuestas dirigidas a la revisión de las políticas de vivienda y a la reorganización del sistema electoral.

La oposición también sacó su tajada. El Polo Democrático y Alternativa Democrática fortalecieron su posición crítica frente a las políticas del gobierno y se erigen como un contrapeso ideológico frente al unanimismo uribista.

El éxito de este proceso político dependerá de los consensos que logren las comisiones. Quedan abiertas las puertas para que los partidos muestren si tienen alguna capacidad aglutinadora. Pero quedan también muchos interrogantes acerca de qué tanto durarán las buenas relaciones entre el gobierno y el Congreso, sobre todo cuando en un gobierno proclive a la austeridad, lo que piden los partidos para participar en el acuerdo es lo único que el gobierno no puede cumplir.

Los liberales dicen que no firmarán nada que tenga que ver con aumento de impuestos, pero la única manera para equilibrar las finanzas públicas es con una nueva reforma tributaria. Los conservadores dicen que le jalan al acuerdo si se incluye el tema social, pero en un país en bancarrota y en guerra, el único rubro que se puede sacrificar para mejorar la seguridad es el de la inversión social. ¿Cómo reaccionarán los partidos, que reclaman mayor inversión social, cuando el gobierno insista en ajustar los regímenes de pensiones, suprimir entidades estatales, reducir las transferencias a las regiones y ajustar la estructura tributaria?

Como un acto simbólico para rebautizar las relaciones entre el gobierno y el Congreso, el acuerdo político fue una gran noticia. Pero en política no sólo son importantes las ideas sino los intereses. Y desafortunadamente en Colombia, los políticos le han jugado a los personalismos y no a los grandes proyectos de país. ¿Será que este acuerdo es el comienzo del fin de esa política al menudeo? El tiempo lo dirá.