Buenos vecinos

Una gigantesca construcción a medio hacer, que sucumbía ante la creciente maleza, fue por más 10 años el elefante blanco con el que convivieron los habitantes de Bosconia, Cesar. Cada alcalde que llegaba prometía que este edificio iba a ser el hospital más importante de la zona, pero la obra nunca avanzaba.

En 1999 la empresa carbonífera Drummond se puso la meta de sacar adelante el proyecto y a través de su programa de comunidades convocó al municipio, la gobernación del Cesar y al gobierno nacional para poner en marcha la obra. "Nosotros pensábamos que estaban locos", dijo a SEMANA Miguel Altamar, uno de los muchos bosconienses resignado, a que las promesas de progreso en su pueblo se quedaban sólo en eso.

A los pocos meses la Drummond comenzó a hacer los desembolsos a los que se comprometió sin importar si las otras partes involucradas cumplían o no.

Para Fabio Guao, director del hospital, esta es una de las claves que permitió que el proyecto avanzara hasta su inauguración el año pasado. "La presencia de ellos motiva a la gente, dan una pauta de compromiso y no hacen las cosas a medias, dice Guao, para ellos ya es ya". Hoy se atienden en promedio 200 personas por día en el hospital de Bosconia, entre consulta externa y urgencias.

Con su programa de comunidades la carbonífera ha invertido cerca de 30.000 millones de pesos en otros 100 proyectos en los municipios de influencia de la mina en el Cesar, en los municipios aledaños a la línea del tren que conduce al puerto en Magdalena por donde exportan y en la poblaciones cercanas al puerto mismo.

"No estamos reemplazando al Estado en sus obligaciones, dice Alfredo Araújo, gerente de este programa. Somos facilitadores que trabajamos con las comunidades y el gobierno en proyectos que hemos identificado como de alto impacto". De esta forma trabajan buscando reducir las condiciones de marginalidad de los habitantes de estos municipios y ya han beneficiado directamente a más de 350.000 personas.

Las ayudas no sólo contemplan la dotación y construcción de centros de salud, parques y escuelas donde antes sólo había enramadas, sino también proyectos como la biblioteca del municipio de la Zona Bananera en Magdalena, donde todas las tardes en promedio 100 niños reciben clase de informática, acceden a Internet o ven películas. También avanzan proyectos como la construcción del laboratorio de ciencias de Codazzi que permitió utilizar sofisticados equipos para el estudio de la química, ciencias, física y matemática, los cuales estuvieron por años arrumados por no tener instalaciones adecuadas. O el caso del corregimiento de La Loma, en el municipio de El Paso, uno de los lugares con más impacto de la mina pero que no recibe regalías por encontrarse en un municipio diferente al de la explotación. Allí la Drummond ha participado en la construcción de dos kilómetros de la vía principal de acceso en doble calzada, y en la puesta en marcha del acueducto y el alcantarillado y del suministro de energía. Además promueve un programa de habitaciones para varios de sus operarios en casas de familias, lo que ayuda a generar otra fuente de ingreso.

En Casanare, al otro extremo del país, la British Petroleum Company (BP) también se dio a la tarea de identificar cuáles eran las mayores necesidades de los habitantes de los municipios donde ellos trabajan. En su caso, a diferencia de los municipios de la Costa Caribe se dieron cuenta de que se habían logrado buenas coberturas en servicios básicos y educación, pero la calidad de esta última era deficiente. Además encontraron que la gente tenía dificultad para sacar adelante proyectos que les generaran ingresos; que era necesario fortalecer la participación de la ciudadanía para lograr una mayor transparencia en la gestión pública, y que había muchos problemas de violencia intrafamiliar y entre vecinos, con el agravante de ser una zona en disputa por grupos armados al margen de la ley .

La BP, a través de su gerencia de asuntos corporativos, comenzó a trabajar con cuatro prioridades: apoyar la justicia, mejorar la calidad de vida de la gente, fortalecer las instituciones y ayudarle a la población a generar sus ingresos y a crear empleo. Este trabajo comenzó en 1992 y ha recibido aportes por 40 millones de dólares. Con el apoyo de Ecopetrol y Tepma, sus asociados, crearon alianzas con organizaciones como El Minuto de Dios, con la que se han gestionado recursos para el mejoramiento de más de 600 viviendas. También se aliaron con la gobernación para fundar la Escuela de Líderes, en la que se capacita a las personas, entre otros temas para que hagan veeduría de los recursos públicos. Y con el gobierno trabajaron para sacar adelante proyectos como el de la Casa de Justicia, con el que las personas tienen acceso a una justicia más expedita para los conflictos pequeños y diarios. Por último promueven que la gente acuda a la Casa de la Justicia a resolver sus desavenencias con un programa de radio diario que se escucha también en el campo.

"Somos conscientes de que dentro de 10 ó 15 años nos vamos de la zona cuando se acabe la explotación, dice un vocero de la BP al frente de estos programas, por lo que no queríamos proyectos asistencialistas ni cortoplacistas, sino de largo aliento",

Por eso la BP, pensando en ayudar a disminuir el impacto del conflicto armado, construyó en el municipio de Aguazul, Casanare, una "pista de derechos humanos" que es utilizada por el Ejército para capacitarse en esta materia. En esta pista se recrea un pueblo con viviendas, iglesia, comercio y puesto de salud, entre otros servicios, y se simula un combate entre el Ejército y grupos al margen de la ley. En este escenario se va instruyendo a los militares, por ejemplo, sobre cómo relacionarse con la población civil en medio del combate, o cómo atender a uno de sus contrincantes cuando queda herido o está desarmado.

Una de las iniciativas que más impacto ha tenido es la de generación de empleo y apoyo a proyectos productivos. La BP junto a sus asociados conformaron una fundación llamada Amanecer, a la que le aportan capital para su financiamiento y han asesorado en materia administrativa y gerencial.

El objetivo es que esta fundación se vuelva autosuficiente en dos años, por lo que cada vez el aporte económico de la petrolera es menor y la misma fundación atiende sus obligaciones. Con 10 años de vida, Amanecer ha apoyado con microcréditos a 9.000 empresarios de Casanare que a su vez han generado más de 20.000 empleos directos. También montaron, en alianza con el Sena y varias organizaciones internacionales, y con el fin de apoyar a desplazados, un centro de producción textil y de madera en Yopal, y un centro de entrenamiento en labores agrícolas y de ganadería en Cupiagua.

"Los que se capacitan aquí tienen opción de trabajo con nosotros, con empresarios de la ciudad, y en varios casos los hemos apoyado para que monten sus propios talleres", dice César Iván Velosa, director ejecutivo de la fundación.

Llama la atención que estas empresas, con relativamente pocos recursos, estén teniendo un impacto social tan considerable. Sobre todo cuando se ve que con muchísimo más dinero producto de las regalías (desde 1995 Drummond ha pagado 150 millones de dólares en ese concepto a los municipios de su área de influencia y BP, 1.200 millones de dólares), los gobiernos locales han tenido tanta dificultad para impulsar el progreso económico y social de sus regiones.

Estos tienen mucho que aprender de empresas multinacionales que, como las mencionadas, han tomado en serio la sana política de ser un buen vecino de las comunidades donde explotan los yacimientos mineros.