CABLES CRUZADOS

"Algo podrido en la TV por cable", titulaba "El Tiempo" del 7 de octubre el editorial escrito por Daniel Samper. En él se refería a una adjudicación para operar un sistema de TV por cable que habría sido hecha al final del gobierno anterior y que parecía tener todas las características de una novela policíaca.
Firmas falsificadas, expedientes desaparecidos, versiones contradictorias, extrañas coincidencias serían algunos de los ingredientes de este Watergate local que comienza apenas a desenredarse.
Los elementos conocidos hasta ahora por el público son los siguientes: el 10 de mayo de 1982 la firma Universal Publicidad Ltda., a través de su abogado Rafael Baquero, solicita ante el Ministerio de Comunicaciones autorización para operar un sistema privado de proyección de películas en video-cassettes en circuito cerrado en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Al día siguiente la División Jurídica del Ministerio en oficio firmado por su Jefe, Claudia Cortés remite la solicitud a la División de Radio para su estudio. El concepto de la División de Radio es favorable y como trámite previo a la firma del contrato, la empresa cancela la suma de $ 14.250 por concepto de "valor de la frecuencia y valor de abonado-recepción". Posteriormente aparece un contrato con fecha 6 de julio firmado por el viceministro Camilo Llinás y Rafael Baquero representante de Universal Publicidad Ltda. Con base en este contrato los adjudicatarios proceden a adelantar los trámites para llevar a cabo la importación de los equipos necesarios para poner en práctica el sistema. Cuando, después del cambio de gobierno, el asunto llega a manos del nuevo ministro Bernardo Ramírez, éste considera que existen suficientes anomalías en la adjudicación como para justificar abrir una investigación.
A partir de este momento la opinión pública comienza a enterarse de misteriosos acontecimientos que tuvieron lugar en el Ministerio de Comunicaciones. El entonces ministro Antonio Abello Roca afirma que tan pronto se enteró de que se adelantaban trámites para una adjudicación de TV por cable, convocó al viceministro Llinás y a la jefe de la División Jurídica Claudia Cortés de Lacayo quienes le manifestaron "su absoluto desconocimiento sobre esta petición" la cual habría llegado a la instancia donde llegó por iniciativa de funcionarios subalternos de las secciones Técnica y Jurídica. El ministro procedió entonces a ordenar que el expediente regresara a la División Jurídica para ser archivado y negar así la solicitud. La jefe de la División Jurídica, Claudia Cortés de Lacayo, solicitó el expediente en cuestión el cual desapareció de su escritorio en unos días en que ella estuvo ausente de la oficina. Durante esta ausencia se produce la firma del contrato. Cuando la funcionaria regresa descubre que el expediente se ha perdido y le informa al ministro sobre el particular. Esto sumado a su "absoluto desacuerdo" con la adjudicación de licencias de esta naturaleza llevaron a Abello Roca a poner el caso en conocimiento de la Procuraduría.
Por su parte, el viceministro Llinás afirma no haber firmado el contrato y explica que de aparecer su firma tendría que obedecer a un fotomontaje u otro acto doloso.
A todas éstas, la Dra. Claudia Cortés de Lacayo, tercer personaje clave de todo este episodio se habría casado con un nicaraguense y estaría residiendo en ese país.
Algunos detalles adicionales han ido aflorando en la medida en que el debate se ha hecho público. En primer lugar, Alfredo Navarro Vives, cabeza de Universal Publicidad Ltda., la firma adjudicataria del contrato, resultó ser cercano amigo del ministro y primo de su señora. No obstante este estrecho vínculo personal, las relaciones profesionales entre los dos parecen ser sorprendentemente impersonales. Navarro había sido beneficiado con la adjudicación de varias frecuencias de radio y sin embargo, el ministro, interrogado sobre el particular, cuando el otorgamiento masivo de licencias se convirtió en un escándalo, le manifestó a la Cadena Caracol no recordar el asunto. En el caso actual, llama la atención que todos los trámites preliminares para la concesión de un nuevo sistema de comunicaciones de gran trascendencia parecen haberse adelantado con sorprendente agilidad a nivel de mandos medios sin que el ministro y su coterráneo hubieran jamás discutido el tema. No de otra manera puede interpretarse una carta fechada el 21 de julio, enviada por Abello a la entonces jefe de la División Jurídica, Claudia de Lacayo, en la que afirmaba haberse enterado por primera vez de la solicitud unos días antes del 15 de julio, cuando desde principios de abril su pariente le había concedido un poder al abogado Rafael Baquero para adelantar los trámites de la licencia ante el Ministerio. Algunos observadores, señalan la coincidencia entre las fechas del escándalo de las frecuencias y la desaparición del expediente.
También salió a la luz pública que la jefe de la División Jurídica era una barranquillera amiga personal tanto del ministro como de Navarro. La señora de Lacayo, quien por su ausencia del país no ha podido ser interrogada, incurre en varias contradicciones como se puede deducir de la carta del ministro. En ésta él relata cómo en la reunión clave que tuvo lugar con anterioridad al 15 de julio al ser interrogada sobre la solicitud en cuestión, ella le manifestó su desconocimiento "absoluto" al respecto. Sin embargo, el 11 de mayo, dos meses antes, ella firmaba un documento que aceptaba la representación legal del doctor Rafael Baquero para adelantar negociaciones tendientes a "operar un sistema privado de proyección de películas mediante la utilización de video-cassettes... por medio de microondas". En este mismo memorando, la jefe de la División Jurídica ordenaba a la División Radio el correspondiente estudio técnico. Un hecho curioso de este documento es que hay dos fotocopias que presentan una diferencia. La que tiene en sus manos los adjudicatarios contiene solamente dos sellos mientras que la fotocopia que reposaba en el Ministerio tiene un sello adicional de doña Alicia Ayerbe de Ricardo, persona que, según el ministro, en su carta del 21 de julio, era la responsable de haber ordenado el trámite a la División de Radio. La doctora de Ricardo ha negado conocimientos sobre el particular y la fotocopia de Universal Publicidad corroboraría esa afirmación (ver facsímil).
No menos curiosa resulta la lectura de algunas comunicaciones suscritas por doña Claudia de Lacayo en donde demuestra un extraordinario interés por dejar constancia escrita de su preocupación por la pérdida del expediente, llegando al extremo de enviar exóticos memorandos de recriminación a sus subalternos (ver facsímil).
Otro aspecto singular es el papel que juega en todo esto el ex-viceministro Camilo Llinás. Teniendo en cuenta que hay lazos de amistad y regionales entre el solicitante de la concesión, el ministro del ramo y la jefe de la División Jurídica sorprende que el blanco de mayores acusaciones sea el viceministro quien es el único que según sus declaraciones, no conoce al señor Navarro. La defensa central de Llinás se basa en que la firma suya que aparece en el contrato es falsa. Esta firma en realidad apareció por una circunstancia accidental. Normalmente de las tres copias de un contrato de esta naturaleza, solamente se firma la primera que permanece en el Ministerio. Las otras dos llevan solamente un facsímil. En consecuencia, al desaparecer el original, desaparece también la única firma original. Sin embargo en este caso, el abogado de la firma adjudicataria resultó ser extraordinariamente precavido y sacó para sí una fotocopia del contrato original que autenticó posteriormente y que es el único documento donde aparece la firma de Llinás.
En realidad, muchos observadores coinciden en afirmar que era muy fácil que el entonces viceministro firmara accidentalmente ese contrato, pues el formato del mismo era idéntico a los que se utilizan para la adjudicación de diversas frecuencias de radio incluyendo radioteléfonos. Al respecto puede haberlo perjudicado ante la opinión pública la vehemencia con que niega haber firmado el contrato en lugar de invocar la posibilidad real de una firma accidental. Además de esto, el ex-viceministro, en su defensa, ha incurrido en una inexactitud. Su afirmación de que por estar el ministro ausente la firma tendría que ir acompañada del sello de ministro encargado y no del de viceministro es jurídicamente incorrecta, porque la adjudicación de frecuencias de radio está explícitamente delegada en el viceministro. Sin embargo, aun cuando la firma de Llinás fuera auténtica, no podía ser acusado de haber adjudicado un sistema de televisión por cable, ya que el objeto del contrato firmado por él es de comunicaciones, para lo cual tenía facultades.
Son tantos los interrogantes sobre este caso que parece totalmente justificada la decisión del actual ministro de Comunicaciones de congelar la adjudicación de la TV por cable.--