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| 10/23/1989 12:00:00 AM

CACERIA DE BRUJAS

La narcoguerra comienza a salpicar a todo el mundo, hasta ahora sin pruebas.

CACERIA DE BRUJAS, Sección Nación, edición 386, Oct 23 1989 CACERIA DE BRUJAS
En Colombia hay una cacería de brujas. La narcoguerra ha llevado al surgimiento de un nuevo tipo de macartismo, donde los rumores, sin prueba alguna de asociación con el narcotráfico, son suficientes para que cualquier persona termine en la picota pública. Todo el mundo se la pasa hablando de que fulanito o zutanito apareció en tal o cual lista. La que más revuelo causó fue la publicada la semana pasada, en la que 11 congresistas aparecían como vetados por el gobierno norteamericano para la obtención de visa. Estos eran Alberto Santofimio Botero, Bernardo Guerra Serna, Juan Slebi, Jairo Ortega, Alberto Escrucería, Enrique Rafael Caballero, Rafael Pérez Martínez, Jaime Vargas Suárez, Gilberto Flórez Sánchez, Arcesio Sánchez y Víctor Eduardo Dangond Noguera.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Están buscando, tal vez, un candidato que sea un mayordomo de los Estados Unidos, un regente de ellos, pero no un Presidente soberano de la República de Colombia", afirmó Alberto Santofimio. Juan Slebi, por su parte, señaló que no dudaba "que los mercenarios americanos han sido factores determinantes en el asesinato de más de mil militantes de la UP, porque ellos quieren eliminar las izquierdas del mundo entero. Y no me extraña que, ante la no reacción del pueblo colombiano y del gobierno por la muerte de Pardo Leal, por parte del narcotráfico, hayan tenido también que participar de pronto --yo no lo dudo-- en la muerte de Luis Carlos Galán para que el gobierno hubiere reaccionado en la forma en que lo está haciendo".

En todo este episodio ha habido algo de opereta, pues ni lo que se infiere de la publicación de la lista necesariamente es verdad, ni tampoco lo que dicen los acusados en su defensa. En otras palabras, puede que entre los 11 nombres haya una o dos personas directamente vinculadas con el narcotráfico, pero del resto no se puede decir lo mismo. El Congreso de la República no está integrado por santos, pero tampoco por narcotraficantes. Refleja la realidad del país esta realiaad, en los últimos 10 años, había sido hasta hace poco la de una convivencia de la sociedad con el narcotráfico. Esto significa que algunos congresistas han recibido dineros calientes, otros han montado gratis en avionetas y helicópteros de los narcotraficantes, y otros más han tomado trago con ellos. Es más, en regiones como Antioquia y el Valle es más difícil hacer política sin tropezarse con este tipo de situaciones, que lo contrario. Pero de ahí a convertir la lucha internacional contra el narcotráfico en una cacería de brujas donde todo el que estrechó alguna vez la mano de Pablo Escobar, que al fin y al cabo fue congresista, es socio o cómplice de los carteles, hay un gran trecho. Juzgar con los ojos del 89, después de que han sido asesinados Rodrigo Lara, Guillermo Cano, Jaime Pardo y Luis Carlos Galán, entre muchos otros, lo sucedido en el 82 es sesgado y puede resultar injusto.
El narcotráfico se volvió un monstruo pero no son monstruos todos aquellos que, en una u otra forma, tuvieron con él contacto de alguna naturaleza, cuando daba origen más a chistes sobre lobería que a entierros. Sería como desconocer la campaña de El Espectador contra el narcotráfico por el simple hecho de que fue el único periódico nacional que publicó en esa época los avisos pagados en página entera de Carlos Lehder a nombre de los extraditables.

En todo caso, reconociendo que Estados Unidos tiene derecho a decidir quién puede y quién no puede entrar a ese país, o ellos o alguien más cometió un gravísimo error al haber permitido que se presentara una suma de decisiones sobre visas de turismo como una lista negra. La embajada niega la existencia de dicha lista, pero como la información no es inventada ni proviene de fuentes colombianas, hay un pésimo sabor de interferencia gringa en los asuntos internos de Colombia, cuyo resultado es que se salpica moralmente a una serie de personas sin que se aporten pruebas. Puede que algunas de ellas se lo merezcan, pero la instancia para determinarlo no pueden ser el consulado norteamericano ni la DEA, a través de filtraciones a la prensa colombiana. Si hay pruebas, que se las suministren a las autoridades colombianas. Si hay rumores, los enemigos políticos de los afectados tendrán el buen cuidado de hacerlos públicos en el curso de la campaña que está arrancando y, después de oírlos, los electores podrán tomar una decisión.

Pero si la posición norteamericana es sesgada, no lo es menos la reacción de algunos de los afectados. En vez de criticar al gobierno norteamericano por la dimensión real de su error, han elaborado unas versiones casi cinematográficas de persecución por parte del Tío Sam y de la DEA, que no excluyen siquiera la acusación, por parte de por lo menos dos de ellos, de que la CIA mató a Luis Carlos Galán. El hecho es que, a pesar de lo exagerado o inverosímil de las defensas, la mayoría de los 11 del patíbulo parlamentario cuentan con la solidaridad del Congreso y del grueso de sus electores, que saben que, por ejemplo una cosa es Bernardo Guerra y otra cosa es Pablo Escobar.

A su vez, el gobierno ha quedado en la incómoda posición de tener que defenderlos. Incómoda porque ahora que el presidente Barco tenía descrestados a los norteamericanos como el Ayatollah contra el narcotráfico le ha tocado defender a los que el Departamento de Estado considera "pecadores" . Esta es una posición más pragmática que fundamentalista pues se trata de un sector parlamentario importante sin cuyo apoyo ni Alá puede pasar la reforma constitucional.

El resultado de todo esto va a ser una andanada antiyanqui, que ya se está dejando sentir, y un obligado distanciamiento entre Estados Unidos y la clase política colombiana, absolutamente innecesario y que no hubiere ocurrido si se hubiera tenido un poco de discreción.

Pero esta no fue la única lista que armó un despelote. Lo mismo sucedio con la de los periodistas supuestamente pagados por Rodríguez Gacha que habría aparecido en el famoso computador en las oficinas allanadas. En este caso los implicados fueron Germán Castro Caycedo, de RTI; Iván Mejía Alvarez, del Grupo Radial Colombiano y el Noticiero Criptón; Jaime Ortiz Alvear, de Caracol; Juan Carlos González y Esteban Jaramillo, de RCN, y Oscar Restrepo Pérez, de RCN y del Noticiero de las 7.

La noticia apareció en un cable publicado por la France Press, agencia que, según declaraciones a SEMANA, había recibido la información del coronel Gálvez, de inteligencia militar de la XII Brigada de Bogotá. Sin embargo, el comandante de esa brigada, general Niebles, manifestó a esta revista no haber visto nunca los documentos mencionados y desconocer su existencia.

El hecho es que el documento que recibió la France Press es un comunicado de una página, bastante incoherente, donde se les formula a los comentaristas deportivos acusaciones como "defender los intereses del criminal" y "servir como testaferros en la manipulación de las noticias de Cacha". Tal vez el más exótico de los cargos es el de "avivar desde el estadio con nombres supuestos a Rodríguez Cacha". El único periodista no deportivo es Germán Castro Caycedo, acusado de haber recibido una finca de siete fanegadas en Pacho como regalo de "El Mexicano" por una entrevista. Esta acusación pudo ser desvirtuada totalmente, pues la fecha de la escritura de compra del terreno es la del 1° de julio de 1978, mientras el programa de televisión se hizo cinco años después, el 21 de octubre de 1983. Este programa correspondía a un contrapunteo entre habitantes de Pacho, quienes acusaban al "El Mexicano" de tener lugares donde se vendía basuco, y este, que se presentaba como un ciudadano común y corriente. El programa era periodísticamente equilibrado y no una cuña. Castro Caycedo señaló que sólo en esa oportunidad se había entrevistado con Rodríguez Gacha.

Los cinco periodistas deportivos en entrevista con SEMANA negaron categóricamente las acusaciones, aceptando cuatro de ellos que habían tenido algún tipo de contacto con Rodríguez Gacha, una o dos veces en el estadio El Campín, en algún evento deportivo, donde era normal que estuviera tanto un periodista deportivo como un accionista del equipo Los Millonarios. Aclararon que es necesario tomar en cuenta que, dentro del periodismo radial, los comentaristas deportivos tienen ingresos muy altos, pues no sólo tienen su sueldo, sino la posibilidad de un porcentaje sobre venta de espacios publicitarios que los patrocinen. Como ejemplo dieron el caso de Múnera Eastman, la estrella de las transmisiones radiales en Medellín, quien acaba de ser contratado por Radio Super por la astronómica cifra de seis millones de pesos mensuales. Haciendo esta aclaración, manifestaron estar dispuestos a que se les investiguen sus finanzas y a mostrar sus declaraciones de renta.

Todos los incluidos en esta lista dijeron que demandarían penal y civilmente a la France Press.

Lo grave de todo esto es que, como reza el dicho, de la denuncia siempre queda algo, sin que nadie haya presentado la menor prueba respecto de alguien. Aun aceptando que no pueden existir cheques ni recibos firmados en pago de lo que comúnmente se denomina "sobre", no se deberían lanzar acusaciones hasta no presentar, por lo menos la documentación de Rodríguez Gacha sobre la cual se basó el informe de inteligencia que llegó a la redacción de France Press. Se está jugando con la honra de muchas personas, con base en datos que se comentan pero que no se sabe si realmente existen. De persistir esta modalidad, los colombianos acabarán incurriendo en el error que ellos mismos le atribuían a los gringos: creer que en el país todo el mundo está metido con el narcotráfico.--

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