JUSTICIA | 3/22/2012 12:00:00 AM

Cacica la Gaitana: ordenan casa por cárcel para coronel Castellanos

Al considerar que el coronel Hugo Castellanos podría obstruir al a justicia, la juez 37 de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento.

El coronel Hugo Castellanos deberá afrontar su proceso con la justicia por el caso Cacica La Gaitana bajo medida de aseguramiento domiciliaria. Así lo determinó la juez 37 de garantías, quien consideró que el coronel podría obstruir a la justicia.

Un día antes, el miércoles, La Fiscalía lo acusó por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego y prevaricato por acción.

Según el fiscal Francisco Villareal, Hugo Hernán Castellanos era el enlace entre la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Luis Carlos Restrepo, y el Ejército Nacional.

Entre sus labores estaba asesorar tanto a Luis Carlos Restrepo como a las personas que dependían de él, en aspectos propios de la institución castrense, contribuyendo así en la calidad de la toma de decisiones del Alto Comisionado para la Paz.

Según el ente acusador, Castellanos ignoró, teniendo a su disposición, la información que señalaba de la inexistencia del ‘Cacica La Gaitana’ dentro de la estructura de las FARC.

“Tampoco utilizó la información que indicaba que no existían reportes de acciones armadas atribuibles a esa compañía o en contra de ella”, señaló el fiscal Villareal.

El entonces coronel Castellanos fue, según la Fiscalía, quien coordinó el transporte de las armas con las cuales se habría de proveer a la falsa estructura. “Las armas no eran portadas por las personas que pretendían desmovilizarse en el momento de su ingreso a la zona de ubicación temporal, sino que fueron transportadas desde diferentes lugares del país hasta donde se encontraban los supuestos desmovilizados a la espera de ellas”, relata la Fiscalía.

La imputación se centra en que Castellanos, entre noviembre del 2005 y marzo del 2006, hizo parte de una “empresa criminal” que “realizó un aporte financiero para la adquisición de unas armas que se encontraban en la clandestinidad”.

Además, según la Fiscalía, “las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas fueron adquiridas en diferentes lugares del país, particularmente en la ciudad de Santa Marta, a grupos de paramilitares” con el dinero del narcotraficante Hugo Alberto Rojas.

“Las armas de defensa personal y las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas se almacenaron bajo estricta reserva, en las instalaciones de la RIME-5, al punto de que no se efectuó un inventario de las mismas (...) desconociendo los protocolos al respecto. Dicho almacenamiento se surtió por un espacio de tiempo de aproximadamente 20 días”.

Para la Fiscalía, resulta reprochable que el coronel, dada su condición de servidor público y con una alta posición en la jerarquía militar, “defraudó la confianza puesta en su actuar por parte de la sociedad y prefirió sucumbir ante los execrables propósitos que la empresa criminal se había trazado, los cuales contaban como políticos, jurídicos y patrimoniales”.

La actuación de Castellanos, según el fiscal del caso, permitió que “los miembros de la espuria compañía recibieran beneficios de caracteres económico y jurídico, los primeros a través de sumas de dinero desembolsadas por el Estado en cabeza inicialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, y posteriormente en cabeza de la Alta Consejería para la Reintegración Social y económica de la Presidencia, quienes consignaban los dineros en las cuentas personales de los beneficiarios”.

El detrimento patrimonial por dichos beneficios dados a los supuestos desmovilizados asciende a mil millones de pesos.

“Dicho detrimento no hubiese tenido lugar sin su efectiva y activa participación, quien a través de un cargo clave dentro de las Fuerzas Militares y actuando ante el gobierno nacional, logró dotar de armas a un grupo de personas, las cuales, movidas por un interés de lucro, se integraron a la empresa criminal que se estaba gestando, logrando de esta manera simular la existencia de un grupo ilegal y la supuesta pertenencia al mismo, con el que se obtuvo ilícitamente una serie de actos administrativos que ordenaban las erogaciones pertinentes, adjudicando dineros de origen estatal a unos individuos que no tenían derecho legal a él”, señaló el fiscal.