Calendario de infarto

La semana pasada se armó un revuelo con la idea de que en Colombia sería posible modificar el calendario electoral y posponer las elecciones presidenciales programadas para el próximo 30 de mayo. Esto, con el propósito de darle tiempo al referendo reeleccionista para que sea aprobado por la corte Constitucional y que el presidente Álvaro Uribe sea candidato por tercera vez.

Pero esta polémica, que surgió en La W, no se debió a ninguna propuesta puntual de algún jurista o político. Simplemente fue consecuencia de la convicción que reina en algunos sectores que, basados en los controvertidos e inusuales acontecimientos que han rodeado el trámite del referendo, creen que el uribismo radical está dispuesto a hacer cualquier cambio institucional -por descabellado que parezca- en aras de que su jefe máximo pueda ser reelegido.

De hecho, el debate sobre la improbable eventualidad de posponer las elecciones comenzó el mismo día en que se supo que el procurador, Alejandro Ordóñez, emitiría su concepto favorable sobre el referendo. Entonces surgió la idea anónima de que en el Palacio de Nariño se estaba estudiando la posibilidad de aplazar los comicios.

Fue entonces cuando reaccionaron voces de todas las orillas en rechazo a la iniciativa. Las de la oposición, porque consideraron un exabrupto que alguien pudiera pensar en cambiar una regla de juego tan sagrada en el país como la que establece las fechas de votación, sólo en aras de darle tiempo al Presidente de ser candidato. Las del Uribismo, porque reconocieron que no han considerado esta iniciativa y que una decisión de este tipo no sería conveniente ni para la estabilidad democrática, ni para la legitimidad de la propia aspiración presidencial.

Además, juristas y líderes políticos señalaron la inviabilidad jurídica de modificar el calendario electoral. Hacerlo requeriría el trámite de una Ley estatutaria, lo cual supone cuatro debates en el Congreso y la revisión posterior de la Corte Constitucional. Esto podría tomarse como mínimo cinco meses. Y hoy día no hay tiempo ni ambiente para ello.

La otra fórmula jurídica para cambiar el calendario sería que el gobierno decretara un estado de conmoción interior. Sin embargo este decreto sería revisado con anterioridad por la Corte Constitucional la cual, para declararlo exequible, además de reconocer hechos que representen una amenaza inminente contra la estabilidad institucional o la seguridad, como un levantamiento popular o una guerra con otro país, tendría que aceptar una relación entre la intención de cambiar la fecha de las elecciones y la eventual conmoción. Según los expertos, hoy en día es prácticamente imposible que la Corte acepte que el tema electoral se vea afectado por las causas que justifican los estados de excepción.

Lo que sí le han pedido algunos abogados cercanos a la Casa de Nariño -y defensores de la reelección- a la Corte Constitucional, es que esta posponga el plazo de inscripción de candidatos presidenciales que vence el 12 de marzo para que, si en los días siguientes a esta fecha se votara el referendo, el Presidente u otros candidatos uribistas que -como Juan Manuel Santos o Andrés Felipe Arias- han condicionado sus aspiraciones a lo que suceda con el destino del Primer Mandatario, puedan inscribirse. "Esta petición es legítima", dicen escuderos presidenciales como el periodista Ernesto Yamhure, quien señala que para las elecciones de 2006 la Corte modificó las fechas de inscripción para ajustarlas a la Ley de Garantías. "Sin embargo, ni en ese caso ni ahora se trata de cambiar el día de las elecciones", afirma.

Adicionalmente, el propio presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, señaló que este organismo está estudiando la constitucionalidad del referendo que, en principio, no tiene nada que ver con las fechas electorales.

El referendo todavía tiene esperanzas

Correr el día de las elecciones no sería una decisión imprescindible para que el Presidente pueda lanzarse. No en vano, aunque el referendo está en una apretada carrera contrarreloj, en los sectores más radicales del uribismo creen que aún hay tiempo para que este sea votado y -si más de 7,3 millones de colombianos lo aprueban en las urnas- para que Uribe sea candidato.

Por su parte, algunos opositores creen que el referendo será votado así haya que sobrepasar obstáculos institucionales vigentes como la necesidad de una ley de garantías o los tiempos de contratación establecidos para programar un día electoral. Al fin y al cabo, dicen, después de todos los esfuerzos descomunales que hizo para sacar el referendo en el Congreso, no hay la menor posibilidad de que el gobierno termine resignándose a que este no sea tramitado antes de las elecciones por falta de tiempo.

A partir de la semana pasada, cuando el procurador Alejandro Ordóñez radicó su concepto favorable sobre el referendo ante la Corte Constitucional, empezó a correr el plazo de 30 días hábiles que tiene el magistrado Humberto Sierra Porto para radicar su ponencia sobre la constitucionalidad del mismo ante la sala plena del tribunal. Después de esos 30 días, que se cumplirían el 22 de febrero, los nueve magistrados de esta sala podrían tomarse otros 60 en tomar una decisión definitiva. Si esta es positiva y el registrador Carlos Ariel Sánchez se demorara los tres meses que originalmente anunció que se tardaría la organización del día electoral del referendo, este podría estarse votando a mediados de agosto, cuando ya Álvaro Uribe no tendría la posibilidad de aspirar nuevamente a su segunda reelección.

Pero la agilidad de los trámites es la que aún le da oxígeno a la posibilidad de que el referendo sea aprobado y el Presidente pueda lanzarse sin necesidad de afectar el calendario electoral. Estas son las cuentas que se hacen en la mayoría de corrillos del mundo político: si el magistrado Sierra Porto presenta su ponencia a consideración de la Sala Plena de la Corte en menos de 20 días, tal como aseguran varias fuentes del alto tribunal, la sala plena podría estar emitiendo su fallo a finales de febrero.

Entonces el balón quedaría en manos del registrador Sánchez, quien con el paso de los meses ha ido reduciendo el tiempo que necesita para cuadrar la logística de la votación del referendo. Así, mientras a mediados del año pasado le dijo a SEMANA que necesitaba cuatro meses, en agosto habló de tres y en noviembre de dos. Por eso, y teniendo el precedente de sus permanentes cambios de opinión, no sería extraño que Sánchez aceptara que el referendo se votara un día antes de las elecciones parlamentarias programadas para el 14 de marzo, utilizando la misma infraestructura necesaria para estos comicios. En teoría, esto no supondría buscar una nueva lista de jurados, poner nuevas urnas, ni organizar nuevos puestos electorales. En este caso las elecciones se podrían organizar en menos de dos meses. Lo que realmente podría retrasar los tiempos para que se vote el referendo sería que la Corte exigiera, de manera similar a como lo hizo en el fallo de 2005 que autorizó la reelección por una sola vez, una ley de garantías que genere un mínimo equilibrio entre las oportunidades electorales del Presidente y del resto de candidatos. Más aun cuando la ley que se promulgó en ese momento ya no está vigente porque plantea fechas electorales con las cuales la figura de la segunda reelección no es compatible. Entre ellas, la que exigía que el mandatario anuciara su intención de reelegirse seis meses antes del día de las elecciones presidenciales. Además, el tiempo hace imposible que se pueda tramitar una nueva ley de garantías antes de marzo.

El jueves, evidenciando de nuevo que ya su encrucijada del alma está resuelta a favor de lanzarse otra vez, el presidente Uribe -acogiendo una sugerencia del Procurador- señaló que consultaría jurídicamente si pueden suspenderse los consejos comunitarios mientras se sabe el futuro del referendo.

Pero más allá de los gestos, el debate formal sobre las reglas de juego sólo se dará si el referendo logra ser votado favorablemente. Por ahora el paso de los días y las posibilidades del referendo de luchar contra el tiempo, es lo que tiene en vilo al país. Sobre todo al uribismo, que cuenta los días que le quedan para que sea posible cambiar la Constitución y para que su jefe máximo pueda permanecer en el poder.