Cali se levanta

Durante el último mes, largas filas se han visto en las oficinas de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría en Cali. Entre las decenas de personas que acuden para algún trámite rutinario, hay varias que llegan voluntariamente para denunciar y dar información sobre casos de corrupción. Los investigadores están sorprendidos por el auge que ha tomado en la ciudad la colaboración con la justicia. Este es el caso de Ramiro, quien lleva nueve años barriendo las calles de Cali. Por esta labor le ofrecieron pagarle cada mes 675.000 pesos, pero sólo recibe 240.000 pesos. El resto, más de la mitad de su salario, se lo deducen para la dotación y la seguridad social. Sin embargo, en la calle se lo ve, escoba en mano, usando un uniforme remendado, "el mismo que me dieron el año pasado", dice mientras saca sus dedos por entre los rotos. Además, cuando ha necesitado consultar un médico, sus pagos nunca están al día, "si esto es con mi salud, ¿qué estará pasando con la pensión?", se pregunta temeroso. Con la de Ramiro son más de 30 las denuncias que han recibido los organismos de control en estas semanas. Según la investigación de la autoridades, se trataría del presunto tráfico de influencias que un grupo de concejales, funcionarios, el alcalde Apolinar Salcedo y una de sus hermanas habrían realizado aprovechando el sistema de contratación del personal en la empresa de aseo de Cali, Emsirva. Esta entidad fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos el pasado 28 de octubre, por estar al borde del colapso financiero. La indignación que este nuevo escándalo produjo entre los caleños y que se suma a la captura de dos concejales hace 15 días, generó un fuerte movimiento de rechazo a la corrupción. Desde todos los sectores de la sociedad se escuchan voces de protesta. El caso salió a la luz pública cuando el recién nombrado agente interventor, Álvaro Ortega, decidió contratar directamente el personal para barrer las calles de la ciudad, que desde 1999 se hacía a través de las famosas Empresas Asociativas de Trabajo (EAT). Los sindicados, eran los dueños en la sombra de las EAT, entre las que se repartían los contratos para limpiar la ciudad. La nómina de estas empresas estaba conformada por personas que ellos recomendaban. Pero el precio a pagar por los seleccionados, en su mayoría gente humilde, era muy alto: quedaban obligados a conseguir votos para la causa de los políticos. Esta práctica ha sido de uso común en Emsirva, pero nadie la denunció antes por miedo a quedar sin trabajo. Durante la gestión del último gerente, Julián Sepúlveda, quien fue nombrado y respaldado por el alcalde Salcedo, se desbordó la ambición de los caciques de las EAT. Ya no se trató sólo de utilizar el mecanismo para perpetuarse en el poder con los recursos públicos, ahora, a los empleados de las EAT se les despojaba del 60 por ciento de su salario. Las manifestaciones de repudio ciudadano comenzaron el 30 de octubre con una marcha en la que 5.000 personas clamaban contra los corruptos, y continuaron la semana pasada con un foro en la Universidad Javeriana con el que se busca convertir el manifiesto ciudadano, firmado por 80 instituciones y conocido como Los dineros públicos son sagrados, en un proyecto de iniciativa popular que deberá adoptar el concejo municipal como norma de obligatorio cumplimiento. El oxígeno para el alcalde Apolinar Salcedo parece acabarse. Lleva 15 días sin nombrar el nuevo gabinete que debe ayudarlo a cambiar el rumbo de su administración, única medida tomada para capotear la crisis. Los tambores que anuncian la posible revocatoria de su mandato retumban cada vez más fuerte.