A la calle

La polémica empezó hace dos semanas cuando se confirmó el despido de 2.800 empleados de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Las protestas de los trabajadores no se hicieron esperar y pronto intervino el ministro de Trabajo, Angelino Garzón, quien incluso calificó de insensible al Alcalde de la ciudad. Por su parte Antanas Mockus se defendió con un argumento tan simple como contundente. La ley 617 de ajuste fiscal sencillamente lo obliga a hacer los despidos. No hay opción.

La respuesta del Alcalde fue reveladora. Pocos colombianos sabían que esta ley, que fue aprobada sin mucho ruido en el Congreso a mediados del año pasado, tendría consecuencias tan dolorosas al cabo de unos meses. Ahora que los efectos de la norma están a la vista se empieza a saber quiénes son los que pondrán las anunciadas lágrimas del ajuste fiscal.

El asunto de los despidos apenas comienza. Después de una pausa durante la semana pasada se espera que en los próximos días otras entidades del Distrito anuncien sus planes de reestructuración con los consecuentes recortes en la nómina. Aunque todavía no se sabe el número exacto son cerca de 5.000 los empleados de la administración distrital que perderán su puesto este año.

De por sí esta cifra es inquietante. Es bien sabido que en materia de desempleo en el país el palo no está para cucharas. Sin embargo lo más preocupante es que los despidos de Bogotá son apenas los primeros. Después vendrán los de las demás entidades territoriales del país, que son muchos más. En total son cerca de 20.000 los empleados públicos que quedarán cesantes en todo el país por cuenta del ajuste según cálculos extraoficiales.



El debate

La Ley 617, que ahora está en el centro del huracán, tiene su origen en la crisis fiscal de las entidades territoriales. La descentralización le dio a los municipios y departamentos la facultad de gastar más pero no les trasladó en la misma medida la responsabilidad de recaudar sus propios ingresos tributarios. Esto, unido a problemas de tipo político, llevó a un crecimiento desmesurado de los gastos administrativos de los gobiernos regionales.

Para solucionar esta situación la ley de ajuste fiscal les puso un tope a los gastos de funcionamiento de distritos, municipios y departamentos, así como de sus respectivas asambleas y contralorías. Estos pagos deberán hacerse compatibles con los ingresos de la respectiva entidad. Si ésta quiere gastar más tendrá que recaudar más.

Todo esto suena muy bien pero a la hora de la aplicación han empezado a aparecer los problemas. El mayor está en que para poder cumplir el tope hay que hacer un ajuste muy drástico. Draconiano, dicen algunos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, a pesar de la buena salud de las finanzas del Distrito, la reducción en los gastos de funcionamiento en 2001 será cercana al 22 por ciento. En otras ciudades este porcentaje será mayor.

Es cierto que la ley sólo habla de gastos y en ningún momento limita el número de empleados que pueden tener los gobiernos regionales. En principio, para cumplirla, se podrían recortar otros gastos diferentes a la nómina —como celulares, papelería, etc.— y así evitar los despidos. El ministro de Trabajo, Angelino Garzón, ha insistido mucho en esta fórmula. En su opinión, el objetivo de la ley es reducir gastos, no sacar gente, que es distinto.

Sin embargo muchos argumentan que es imposible recortar lo que se requiere sin despedir empleados. Los funcionarios de la administración Mockus han sido claros en este punto. Para cumplir la ley el Distrito tendrá que recortar 140.000 millones de pesos este año. Y los gastos generales —aquellos distintos a la nómina— suman 84.000 millones, de manera que aun si se redujeran a cero los pagos que propone recortar el Ministro no se estaría cumpliendo la ley.

Pero, más allá de la legislación, lo que hay detrás de este debate son dos visiones enfrentadas sobre el papel del Estado en la economía y su responsabilidad frente al empleo. De un lado están quienes, como los sindicalistas y el Ministro de Trabajo, piensan que el Estado debe garantizar directamente la protección social de los ciudadanos, empleándolos si es del caso.

De otro lado están quienes piensan que la burocracia excesiva, lejos de aliviar el desempleo, les quita recursos a la inversión pública y al sector privado, que son los verdaderos generadores de riqueza y crecimiento. Esta parece ser la postura de Mockus, quien hace unas semanas dijo que iba a hacer el recorte “porque es bueno para la ciudad, no sólo porque la ley lo ordena”. Visto de esa manera, el Alcalde se encuentra en una situación en la que la ley, al mismo tiempo que lo obliga, le sirve de escudo para tomar medidas impopulares pero necesarias.



¿Y ahora?

Los mayores problemas de la ley de ajuste fiscal todavía están por verse. El recorte muestra sus mayores beneficios en la medida en que se haga con un criterio técnico, de forma tal que se queden los funcionarios más competentes. De lo contrario tiene poco sentido.

“El ajuste del Distrito no es arbitrario ni basado en preferencias personales sino en unos principios técnicos y transparentes”, asegura Israel Fainboim, secretario de Hacienda de Bogotá. No obstante otras entidades territoriales no pueden dar esa garantía.

Muchos municipios y departamentos viven en el caos contable y administrativo. En esas condiciones es difícil hacer el recorte como toca. Más aún, la injerencia de los políticos en estos casos haría que sólo se queden los funcionarios de mejores palancas —y no los más competentes—.

La aplicación de la ley en todo el país tendrá más problemas. Al ser tan drástica es probable que, como ocurre con tantas leyes en Colombia, los gobernantes locales encuentren la forma de burlarla de alguna manera. Además actualmente enfrenta 18 demandas en la Corte Constitucional. Y aunque los nuevos magistrados parecen ser menos atrevidos en materia económica la Constitución da para todo y podría haber sorpresas.

Después de muchos años en que a punta de endeudamiento aplazaron el problema ha llegado la hora de la verdad para las entidades territoriales. Ahora se ha impuesto la necesidad, no sólo de apretar dolorosamente el cinturón para hacerlas viables financieramente, sino de corregir los problemas de una descentralización que, después de 10 años, sigue a medio hacer.