Cámaras ardientes

Desde que se fundó la primera cámara de comercio del país, 120 años atrás, nunca se había presentado una polémica tan agria en torno a ellas como la que han protagonizado el contralor, Carlos Ossa, y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda.

El debate —que ya va a cumplir un año— ha gravitado sobre la naturaleza y destinación de los recursos que manejan las 52 cámaras que hoy existen en Colombia.

El Contralor afirma que el dinero que perciben las cámaras —por los registros y certificados que expiden— son públicos y deben ser utilizados exclusivamente para cumplir las funciones gremiales y sociales que la ley señala. Argumenta, además, que sus excedentes de dinero deben ser devueltos antes que destinarlos a otro tipo de actividades que la ley no contempla.

Por su parte, Marulanda no cree que estos excedentes deban devolverse al Estado pues considera que los dineros de las cámaras son de naturaleza privada. Afirma también que son entidades sin ánimo de lucro que no persiguen beneficios económicos.



Historia inedita

La controversia se inició en noviembre del año pasado cuando la Contraloría culminó una auditoría adelantada a más de 17 cámaras de comercio.

La investigación arrojó conclusiones que sorprendieron a más de uno. Según la auditoría, estas corporaciones percibieron en 1998 ingresos por 92.993 millones de pesos, de los cuales 20.634 millones fueron excedentes que nunca fueron devueltos al gobierno y que tampoco se invirtieron en las actividades que señala la ley.

Según el informe, 384 millones fueron destinados a ”pagar condecoraciones, promover directivos, pagar arreglos florales, almuerzos, refrigerios, bonificaciones extralegales y despedidas a ex funcionarios”.

La Contraloría dio a conocer los resultados de la información al presidente de Confecámaras en noviembre de 1999 y según el vicecontralor, José Félix Lafaurie, dijo a SEMANA: “Marulanda, un mes después, se encargó de hacer ‘lobby’ para que el gobierno metiera en la ley antitrámites varios artículos que les arreglaba la situación que nosotros habíamos denunciado en la auditoría”. Marulanda rechazó esta afirmación.

En febrero de este año el gobierno culminó el proyecto de la ley de antitrámites. La norma previó, en cuatro artículos, que estos dineros eran ”derechos” propios de las cámaras no ”tarifas” tuteladas por el Estado.

Poco antes de que el proyecto se convirtiera en ley el Contralor envió dos cartas a la Presidencia, argumentando la inconstitucionalidad de las cuatro normas. No obstante el gobierno decidió promulgarlo.

Frente al anuncio de una demanda Marulanda pidió reunirse con Ossa y logró que se creara una comisión que concertara las dos posiciones encontradas.

Pero poco tiempo después los delegados de la Contraloría en el comité insistieron en que el conflicto lo dirimiera la Corte. Ossa acogió la recomendación de sus asesores y demandó los cuatro artículos.



Motores de desarrollo

Cuando faltan pocos días para que la Corte falle son muy escasos los que conocen cuáles son las actividades de las cámaras de comercio.

Estas corporaciones gremiales fueron creadas el siglo antepasado con el propósito de que desempeñaran funciones en favor del empresariado de la época. Sin embargo, con el desarrollo económico del país, la ley —año tras año— les fue asignando más funciones orientadas a garantizar que el registro de empresas y de sus actividades fueran públicas.

Actualmente estas entidades cumplen casi todas las funciones previstas en el Código de Comercio, desde el depósito de los estados financieros de las compañías hasta la realización de estudios de interés sectorial y social.

A lo largo de los últimos años han financiado investigaciones económicas, empresariales y sociales de todo tipo que han arrojado luces, recomendaciones y estrategias para superar problemas graves de las ciudades colombianas. Ello sin contar con la central de información empresarial y comercial más completa del país, los programas de educación empresarial para exportar, de desarrollo tecnológico y la creación de tribunales de arbitramento.

La verdad es que en la Colombia contemporánea han suplido muchas veces la ausencia del Estado y han contribuido al fortalecimiento de la sociedad civil y la construcción de tejido social.



Fallo delicado

Por todas estas circunstancias la Corte tiene en sus manos un caso difícil, en el que debe ponderar y balancear los valores que se contraponen.

Porque si bien es cierto que ninguna corporación que cumpla funciones públicas puede andar como una rueda suelta, tampoco sería responsable poner en riesgo unas instituciones que han resultado idóneas, no sólo en el cumplimiento de sus funciones directas sino en el liderazgo de cambios políticos y sociales.

La Corte podría o no determinar que es necesario reconocer el carácter público de los dineros que recaudan las cámaras, como lo establecía el modelo legal anterior, y decidir si reafirma la autonomía en la gestión de estas corporaciones sin ánimo de lucro.

Lo que sí resultará indispensable en el fallo de la Corte es que haga claridad definitiva sobre la polémica, y así garantizar unas reglas de juego estables para todos los involucrados. Amanecerá y veremos.