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| 6/4/1990 12:00:00 AM

Cambio de estrategia

Si no se puede erradicar, hay que tratar de contener el narcotráfico y la violencia derivada de él: una propuesta del polítologo Juan Gabriel Tokatlian en este artículo para SEMANA.

Cambio de estrategia, Sección Nación, edición 418, Jun  4 1990 Cambio de estrategia
Si al finalizar la Segunda Guerra Mundial los líderes del bloque capitalista industrializado hubieran planeado o pensado una nueva guerra convencional o un enfrentamiento nuclear contra la Unión Soviética y sus recientes aliados de Europa oriental, aquello hubiera sido un acto de insania y sus efectos devastadores, incluso para Occidente. La élite política y el establecimiento económico en Estados Unidos asimilaron rápidamente la propuesta estratégica de George Kennan y otros influyentes analistas de la época: la contención y no la supresión del comunismo debía ser el pilar de la política internacional de Washington frente a Moscú a largo plazo.
Haciendo una analogía con el tema de los narcóticos, la denominada "guerra contra las drogas" es tan errónea, costosa y absurda como aquella concepción maximalista de pretender "acabar" con el comunismo con una cirugía militar mayor independiente de sus consecuencias humanas y políticas y de sus posibilidades reales de victoria. En el terreno de las drogas, hoy más que nunca, se necesita una estrategia de contención que aleje definitivamente el mito ilusorio y grandilocuente de un "mundo libre de narcóticos". Pero a diferencia de la "amenaza comunista" que era un fenómeno externo a Estados Unidos y que se enfrentaba "hacia afuera", la "escoria" de las drogas es una realidad insertada en ese país que debe confrontarse internamente. Por ello, el foco principal de una estrategia de contención contra los narcóticos radica, esencialmente, en lo que se haga frente a la demanda de psicoactivos y estupefacientes. Empezar nuevamente por el lado de la oferta sólo conducirá a repetir lo que ya se ha hecho desde que Richard Nixon declarara la primera "guerra contra las drogas" en 1971. Esta táctica ya fracasó y en forma estruendosa. Insistir sobre lo mismo con más dinero y más retórica es oneroso, torpe e improductivo. Lamentablemente, el Presidente George Bush no ha cambiado el criterio estratégico norteamericano frente a las drogas, ni antes ni después de la Cumbre de Cartagena: solamente ha matizado el discurso tradicional estadounidense sobre el tema. Al mismo tiempo, las autoridades colombianas, en las últimas tres administraciones, han carecido de una estrategia realista para diagnosticar y enfrentar el multifacetico fenómeno de las drogas.

Una política de contención
La idea de diseñar y ejecutar una creativa y original estrategia de contención frente a las drogas surge por cuatro motivos. Primero, la nueva fase de militarización creciente (iniciada en 1981 y consolidada desde 1989) de la "guerra contra las drogas" es altamente peligrosa, inútil y despilfarradora a los efectos de resolver positivamente la multiplicidad de problemas que se manifiestan en el asunto de las drogas. Segundo, la descriminalización paulatina o la legalización controlada de drogas, en el caso norteamericano, puede ser una excelente alternativa legal, sanitaria y económica pero aún es políticamente impracticable. Tercero, la cuestión de los narcóticos envuelve a una serie de actores no gubernamentales y su solución no puede pensarse desde la óptica unilateral y simple de las acciones o reacciones de los estados individuales. Cuarto, el negocio y el consumo de drogas no se pueden erradicar totalmente, solo se les puede reducir, controlar y regular en un horizonte de largo plazo, con bastante esfuerzo y mucha paciencia.

La alternativa para Colombia
Colombia tiene su propio problema de drogas. La narcoviolencia es el componente básico de ese problema que afecta tanto la seguridad estatal como el bienestar de la ciudadanía. El narcotráfico es un fenómeno más amplio, complejo y contradictorio del cual Colombia es "parte" en una vasta red transnacional y supragubernamental pero no su causante y propiciadora. La narcoviolencia la deben resolver los colombianos con sus recursos e instrumentos sin esperar mucho de la comunidad internacional, excepto palabras de apoyo y gestos de felicitación. El narcotráfico es una problemática global que requiere respuestas multilaterales, concertadas y simétricas, con importantes recursos asistenciales en lo jurídico-institucional y en lo socio-económico. Sin embargo, en particular, Estados Unidos no va a aceptar una "salida nacional" independiente a la encrucijada de los narcóticos que no tenga como ingrediente relevante un efecto positivo sobre la reducción del tráfico de drogas. En breve, Washington no desea entender ni asumir la diferencia entre narcoviolencia y narcotráfico, pues no quiere cargar con la verdadera responsabilidad que le cabe (y los costos que ello implica) en la proliferación del business de los narcóticos y sus secuelas violentas. Podríamos buscar persuadir más y mejor a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense, pero en el corto plazo muy poco va a variar la actitud oficial norteamericana y los criterios (ciertamente estigmatizantes) de la opinión pública de este país. Menos cuando existen algunos sectores de poder que aún piensan en la recomposición hegemónica estadounidense en Latinoamerica mediante la articulación de una política oficial antinarcóticos. Los resultados de las encuestas, luego de la invasión norteamericana a Panamá, mostraban como el Presidente Bush recibía apoyo por su "batalla" contra las drogas. Sin embargo, cada día es más evidente cómo pierde la "guerra" contra los narcóticos en las calles norteamericanas a pesar de tener al lastimoso general Noriega como prisionero en Estados Unidos. Pero ello no obsta para que se entretenga la expectativa de operativos militares o clandestinos en otros "narco-países" o contra "narco-personajes", en especial en el amplio perímetro de la cuenca del Caribe y en la región andina.
En breve, una estrategia de contención en el caso de las relaciones colombo-norteamericanas se ha tornado en un imperativo. De lo contrario, los costos para el país de la presente política de Estados Unidos y de la hipermilitarización que se perfila pueden desestabilizar definitivamente a Colombia y conducir al país por el sendero poco luminoso del autoritarismo. Eventualmente, el presidente que se escogerá el 27 de mayo deberá hacer un balance costobeneficio de la política antinarcóticos seguida por Estados Unidos durante la presente década y tanto de la "primera guerra" contra las drogas, declarada por el ex presidente Belisario Betancur, como de la "segunda guerra" impulsada por el Presidente Virgilio Barco. Las únicas opciones que se plantean en la actualidad y de cara al futuro próximo, a pesar de todos los padecimientos sufridos en el país, de los giros semánticos y de los pronunciamientos electorales, parecen ser dos: la identificación de Colombia como el "paria internacional" si se busca una salida unilateral a las manifestaciones internas de la problemática de las drogas basada en una negociación o un diálogo "formal" o "informal"; o algún tipo de acción militar no convencional de parte de Washington para "extirpar" el "flagelo" de las drogas en su punto de origen (según la versión predominante) ante el agotamiento cada vez más vertiginoso de las recetas para acabar con la "epidemia" de los narcóticos en Estados Unidos. La alternativa de la contención es la que podría evitar las otras dos, sin repetir lo que se ha venido haciendo en los ochenta y en vista de los acontecimientos vividos en el último bienio en Colombia. Y, por fuerza, debe ser suficientemente audaz y polémica si se pretenden combinar respuestas realistas a la narcoviolencia en especial, y al narcotráfico complementariamente. En síntesis, el riesgo de modificar la política existente es menor que el de continuar el recetario utilizado en la última década o el de operar con el desconocimiento de la presencia de una contraparte dotada con capacidad de retaliación.-

Una estrategia posible
¿Cuáles serían, en una primera fase de corto y mediano plazos, los elementos principales de una nueva estrategia frente a la temática de las drogas que redujera la violencia en Colombia y que contribuyera, adicionalmente, a una política más rigurosa para hacer frente a la demanda de narcóticos en los polos de consumo?
I. Un consenso interno en Colombia, básico y necesario, social y político, civil y militar, en cuanto a la identificación del narcoparamilitarismo terrorista como el nudo gordiano de la violencia derivada del negocio de las drogas. Este acuerdo prioritario (que se debería construir antes del próximo 7 de agosto) puede, incluso, servir para diagnosticar mejor y definir más concretamente una política de estado (y no meramente de gobierno) congruente y permanente para afrontar otras múltiples formas de violencia en el país. Este entendimiento es crucial para otorgarle credibilidad y legitimidad a las acciones del Estado, en el marco de un orden pluralista y de protección a los derechos humanos y en el contexto de evitar la presunción exclusivista de una "solución bipartidista" a una crisis que trasciende el manejo posible de los partidos tradicionales en el país.
2. Una reorientación de los destinatarios de los mayores recursos para enfrentar el problema nacional de las drogas y de los instrumentos para llevar a cabo dicha tarea. La asistencia externa y el presupuesto interno deberían dirigirse a fortalecer, cuantitativa y cualitativamente, la justicia y las actividades de inteligencia (que debería manejarse desde un organismo especializado civil, adscrito a la presidencia, altamente tecnificado y con capacidad de centralizar la información disponible en otros entes junto a la que ya posee autónomamente) y no a las labores de interrupción e interdicción temporal del tráfico de narcóticos o de erradicación espasmódica de cultivos. Las Fuerzas Armadas no tendrían como misión efectuar acciones que competen al campo legal y policivo. La "irregular" lucha contra las drogas solo sirve para desvirtuar el papel de los militares en un sistema democrático, los afecta profundamente en términos institucionales y los distrae de sus funciones operativas.
3. Se debería clausurar la llamada "ventanilla siniestra" del Banco de la República y evitar una apertura económica abrupta no suficientemente evaluada que pueda servir de conducto para reemplazar a aquella en el lavado de dineros y en el reforzamiento de la ilegalidad. O se asume una política seria en este terreno o, de lo contrario, se reproducirá con facilidad lo que el país ya ha conocido en la década pasada. La aplicación de la extradición manteniendo la ventanilla abierta, por ejemplo, resulta -por decir lo menos- incoherente. Lo inverso sería, probablemente, más efectivo y consistente.
4. Se podría suspender el mecanismo de la extradición en consonancia con la evolución de la entrega individual (o colectiva) a las autoridades competentes de los sujetos relacionados con el negocio de las drogas y del desmantelamiento real y verificable de dicho negocio, estableciendo un calendario de etapas precisas que no requieren transacción en desmedro del Estado ni manipulaciones a escondidas. Ser firme y flexible es mucho más inteligente que ser duro e intransigente, más aún cuando la presencia social y económica de la lucrativa empresa ilícita de drogas en la vida nacional es un hecho contundente y protuberante. Operar como si no existiera sería contraproducente y poco práctico. Lo que se busca evitar es su multiplicación económica, su incidencia social y su proyección política violenta. Todo lo cual es relativamente factible, todavía, si se pretende controlar su expansión y mermar significativamente su desarrollo en aras de obtener soluciones por periodos estrictamente fijados, medibles y analizables con rigor y no mediante partes simbólicos de triunfos. Más que elevar diques artificiales ineficientes que no contienen el desbordamiento producido por el negocio de los narcóticos, se deben intentar construir canales reales eficaces que vayan controlando sus manifestaciones desestabilizadoras y encausando la gradual desaparición de la ilegalidad imperante. Asimismo, suspender no significa amnistiar ni justificar crímenes. Lo que se persigue es asegurar que la justicia interna tenga una verdadera oportunidad de funcionar con eficacia en este y otros ámbitos de la vida nacional. Si la extradición es un instrumento de poder -como cualquier otro al alcance de un gobierno- su utilidad o inutilidad como recurso disuasivo, punitivo y correctivo debe ser evaluada, al cabo de cinco años de aplicación, tanto por lo que ha logrado como por lo que no ha conseguido luego del envío de 25 nacionales a Estados Unidos desde comienzos de 1985. La fuerza de aquel instrumento puede estar más en la amenaza de su uso ante el incumplimiento de una serie de condiciones, que en su utilización circunstancial por la dramática orfandad de una estrategia sólida, coherente y sofisticada para resolver la cuestión de las drogas.
5. Se debe solicitar a Estados Unidos, en especiaL y a la comunidad internacional, en general, un paquete asistencial de emergencia para el país para los próximos 5 años de US$8.000 millones con el fin de afrontar los desequilibrios que pueden generar una política que en ese periodo se dirija a reducir notoria y sensiblemente el peso de las drogas en la vida económico-social de la nación y su contrabando al exterior. Paralelamente, Colombia debería recibir un tratamiento preferencial para sus exportaciones legales y para disminuir en un tercio su deuda externa. Ese tendría que ser el aporte externo por el esfuerzo colombiano a los fines de contribuir a la disminución en la disponibilidad de drogas en los mercados estadounidense y europeos. Los recursos existen y no son un problema infranqueable debido a la austeridad presupuestaria-asistencial en los países centrales: la retórica en este campo no puede ni debe ser admitida porque es falaz y trata de encubrir la falta de un compromiso decidido para "demilitarizar" la política antinarcóticos .
6. Solicitar a las Naciones Unidas el envío de una comisión técnica especializada para controlar, verificar y evaluar, junto a representantes oficiales colombianos, el desmantelamiento de todos aquellos elementos vinculados a la producción, el refinamiento y el tráfico de drogas en el país. Asimismo, toda la información que se recoja sobre redes de distribución y procesamiento en Estados Unidos deberá ser entregada al gobierno de ese país para que proceda a su desarticulación definitiva. Con ello no se "internaciónaliza" más el tratamiento ya de por si internaciónalizado del asunto de las drogas, sino que se le busca un manejo multilateral creíble y legítimo con la capacidad recursiva de diversas instancias adscritas al esquema general de la ONU. La fortaleza del Estado colombiano no se demuestra rechazando la viabilidad de esta alternativa, sino estableciendo los parámetros precisos del desmantelamiento del negocio de las drogas.
En forma concomitante con esta primera fase, el gobierno norteamericano debe comprometerse a adoptar, más allá de las declaraciones oficiales, medidas más estrictas en el terreno del consumo nacional, la educación y la rehabilitación internas, la exportación de precursores químicos, la venta de armas convencionales y el lavado de dólares. Sin duda, esta aproximación a una estrategia de contención del fenómeno de las drogas no dejará de ser controversial. Allí, quizás, radique su probable mérito: repensar en forma realista que hacer frente a la temática de las drogas, sin producir el colapso de la democracia o la consolidación de un manejo bélico de este espinoso y crucial asunto de la década de los noventa. Porque en la actualidad, con el presunto objetivo de defender la democracia contra el "veneno" de las drogas, solo se la está debilitando y se está abriendo paso una concepción autoritaria para enfrentar una problemática que va a perpetuarse si se cree que con una "guerra" adicional se va a resolver. Como dijera Bertolt Brecht: "La gran Cartago libró tres guerras. Aún era poderosa después de la primera, aún era habitable después de la segunda. Ya no puede ser hallada después de la tercera".-
Juan Gabriel Tokatlian. Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.

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