CAMINO DESPEJADO

La pregunta que se hacen tanto gobierno como Congreso ya no es si se va a llevar a cabo un reforma política por parte de la administración de Andrés Pastrana. La inquietud que quedó planteada la semana pasada es cómo se efectuaría, a quiénes comprometería y en cuánto tiempo se realizaría. Para tratar de encontrar puntos de coincidencia entre las partes el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, asistió a una sesión secreta de la comisión primera de la Cámara en la cual, para sorpresa de muchos, fueron más las similitudes que las diferencias entre las partes.
Tanto el gobierno como un amplio sector de parlamentarios parecen estar de acuerdo en que lo mejor sería realizar la reforma mediante la celebración de un referendo. Por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que algunos factores externos terminen por contaminar el proyecto y el remedio resulte peor que la enfermedad. Así sucedió, por ejemplo, con la reforma constitucional de Virgilio Barco, que debió ser hundida por el propio gobierno al comprobar que detrás de algunas iniciativas se encontraban los carteles de la droga.
Además el que la reforma se lleve a cabo mediante un referendo le daría al gobierno la posibilidad de controlar de forma autónoma todos los temas contenidos en el proyecto. En otras palabras, el referendo le permite al gobierno tener la llave para regular las propuestas sometidas a la consulta sin correr el riesgo de que a su paso por el Congreso le cuelguen micos que afecten la transparencia de la consulta.
La otra ventaja que tiene es el tiempo. De acuerdo con los cálculos del gobierno, éste se llevaría a cabo en menos de un año. En cambio la reforma mediante acto legislativo, que es la otra posibilidad, tiene el serio inconveniente de que tardaría mínimo dos años, en caso de que le vaya bien, puesto que debe ser sometida a la discusión y aprobación en las dos Cámaras.
Pero el referendo tampoco parece asustar a los parlamentarios. Luego de la reunión del Ministro del Interior con los miembros de la comisión primera de la Cámara quedó claro que el tema de la revocatoria del mandato, que es un asunto que los trasnocha, podría ser tratado con el gobierno para lograr acuerdos sin afectar su período legislativo. "El Congreso tiene muy buen ánimo y ha entendido que reforma política no significa necesariamente revocatoria del mandato", dijo a SEMANA un alto funcionario de la administración Pastrana.
Aunque sin duda el referendo tiene muchas ventajas existe un elemento que preocupa a los parlamentarios: los costos. Para sacar adelante este proyecto por consulta popular se necesitan miles de millones de pesos y no tendría muy buena presentación que el gobierno, en momentos de austeridad y recorte de gastos, decida invertir tanta cantidad de dinero en ese proyecto. "Si el gobierno no maneja este tema con mucho cuidado podría dejar la sensación de que más que una medida sana de beneficio común lo que quiere hacer es una demostración de derroche", aseguró un parlamentario liberal. De cualquier manera, con referendo o con acto legislativo, es un hecho que la reforma política ya empezó a caminar y que tanto gobierno como Congreso están dispuestos a mantenerla de pie.