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| 2/19/2006 12:00:00 AM

Campanazo

La controvertida Ley de Justicia y Paz, según el Procurador, necesita cambios de fondo. Si la Corte acoge su criterio, cambiará el rumbo del proceso con las AUC.

Campanazo, Sección Nación, edición 1242, Feb 19 2006 El concepto que el Procurador entregó el miércoles pasado a la Corte Constitucional es tajante con la Ley de Justicia y paz aprobada por el Congreso. En su opinión, hay que endurecer las reglas de juego
El procurador Edgardo Maya acaba de publicar su concepto sobre la controvertida Ley de Justicia y Paz. Otra vez va en contravía del gobierno Uribe. Ya lo había hecho en varios temas bandera del Presidente, como la reelección y la Ley de Garantías. Ahora lanzó todo un campanazo sobre lo beneficiosa que resulta la ley para los paras y sobre la necesidad de apretar las tuercas para hacer cumplir los derechos de las víctimas.

Maya pide cambios de fondo al texto de la controvertida ley. Considera que los desmovilizados que oculten información sobre su participación en hechos delictivos deben perder todos los beneficios, aun si después reconocen su omisión. Además, que quienes se acojan deben dar información sobre el paradero de las personas desaparecidas, como requisito para acceder a los beneficios. Agrega que los términos estipulados para investigar y juzgar hechos tan graves son insuficientes, y le pide a la Corte que declare inexequible el término de 60 días para que en su lugar se apliquen los términos, más largos, del Código Penal. En materia de reparación, el Procurador considera que para resarcir de forma integral a las víctimas, los desmovilizados debe entregar como prenda de garantía todos sus bienes, tanto los ilícitos como los de procedencia lícita, incluso los que han sido puestos a nombre de terceros.

Ahora la Corte Constitucional, que tiene la última palabra, iniciará el trámite de las demandas que se le han hecho a la Ley de Justicia y Paz. ¿Acogerá los criterios de Maya? ¿Endurecerá las condiciones y los beneficios de los paramilitares? Y si lo hace, ¿se afectaría el proceso de paz? Estas son precisamente las preguntas que rondaron los difíciles debates que culminaron con la apretada aprobación de la Ley de Justicia y Paz.

La Corte Constitucional no tiene que fallar en el mismo sentido del concepto del Procurador. Estadísticamente, sin embargo, en el 90 por ciento de los casos, los criterios han convergido. Aunque esta tendencia cambió con la reelección y la Ley de Garantías, temas fundamentales para el presidente Uribe, hay razones para plantear la hipótesis de que la Corte se acercará al concepto de Maya. La necesidad de demostrar su independencia frente al gobierno, por ejemplo. Y sobre todo, su conocida sensibilidad frente a los derechos humanos.

¿Qué le pasaría a la negociación si la Corte endurece las condiciones, o si tumba definitivamente el estatuto? Un baldado de agua fría para las expectativas de las AUC obligará a un nuevo pulso con el gobierno, que tendría que acoger el fallo. El analista Gustavo Duncan cree que las autodefensas buscarán la forma de entorpecer la aplicación de la ley. "Por eso son definitivas la influencia que alcancen en el Congreso y la cantidad de instituciones del Estado que logren permear con su gente. Eso les permitirá maniobra política". Un escenario más remoto, pero que no se puede descartar, es que se reorganicen como ejército. "Esa decisión les implicaría volver a la clandestinidad y ser perseguidos. Un escenario ideal para Estados Unidos, que ha buscado la forma de extraditarlos y que no sería muy favorable para ellos", dice el analista Mauricio Romero.

Un endurecimiento de la ley, en consecuencia, mejoraría la legitimidad del proceso y debilitaría las constantes críticas que se le hacen desde la comunidad internacional. Con el concepto del procurador Edgardo Maya ganaron puntos los críticos del proceso de paz: los opositores al gobierno, las ONG y la comunidad internacional. En la otra esquina, la oficina de Luis Carlos Restrepo y los beneficiarios potenciales de la ley esperan que se mantengan los criterios aprobados por el Congreso. Otra vez, la papa caliente queda en manos de la Corte Constitucional.

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