Tendencias
Audiencia Imputación de Cargos de la JEP a las FARC caso 01
JEP, magistrados - Foto: Cortesia JEP

nación

Campesinos y microempresarios piden a la JEP ser reconocidos como víctimas del conflicto armado

La solicitud la presentó el proyecto Colombia 2022 ante la Sala Especial de Reconocimiento de Verdad de la justicia transicional. Estos son los argumentos.

Parte del sector productivo del país, a través del proyecto Visión Colombia 2022, presentó ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP, una petición especial para que se reconozca al sector productivo, es decir pequeños comerciantes, campesinos y otros como víctimas del conflicto armado.

El informe de más de 40 páginas, al que tuvo acceso SEMANA, fue elaborado por la Corporación Pensamiento Siglo XXI y la Fundación Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olóazaga y Pide a la JEP que se garanticen los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación a los miembros del sector productivo que constituye gran parte del territorio nacional.

Lo anterior, señala el documento, bajo el entendido que “los miembros del mencionado sector deben recibir un tratamiento diferenciado por parte de la JEP, en tanto los mismos fueron sistemática y recurrentemente victimizados por parte de las Farc” en razón a dos circunstancias: como resultado de la concepción ideológica del mencionado grupo armado en contra del modelo económico de libre empresa y de la propiedad privada, y como consecuencia de la necesidad de obtener recursos para su expansión y sostenimiento. Si bien no se pide una reparación económica, sí se busca claridad en el rol que tuvieron las Farc para afectar a gran parte de estos sectores.

El documento menciona algunos de los hechos más relevantes del conflicto o vulneraciones más recurrentes a las normas nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario acaecidas por las personas pertenecientes al sector productivo.

En primer lugar se habla de asesinatos como retaliación por el no pago de extorsiones o incumplimiento de órdenes de las Farc; privación de la libertad desarrollada bajo la modalidad de secuestro con fines extorsivos y de control social y territorial. Además, sometimiento a tratos indignos mediante amenazas constantes y humillaciones para el pago de extorsiones.

Otros hechos que presenta el documento entregado a la JEP hacen referencia a desplazamiento forzado por actos coactivos de las Farc; destrucción y apropiación ilícita y arbitraria a gran escala de bienes de civiles como producto del plan de financiamiento de las FARC-EP en ocasiones haciendo un uso indiscriminado de artefactos explosivos prohibidos por el DIH.

“Aun cuando la JEP investigue y sancione la comisión de delitos contra los miembros del sector productivo, es necesario reconocer que los ataques a dicho sector fueron sistemáticos y que los daños causados a estos fungieron como instrumento desarticulador de la sociedad”.

“Esto generó efectos adversos amplificados frente a intereses colectivos, tales como: desincentivos a la función productiva de todos los tamaños y en diversos sectores, afectaciones a la propiedad privada y al derecho al trabajo, desorganización empresarial, afectaciones a los ingresos de las entidades territoriales por los tributos que dejaron de percibir, disminución en la capacidad institucional frente a las necesidades de los habitantes, en algunos casos la imposibilidad de ejecutar políticas públicas y, en general, el encarecimiento de inversiones”, señala la petición.

“El análisis de estos costos sociales y económicos del conflicto producto de las decisiones empresariales revisten especial importancia para los fines de la justicia transicional puesto que le permitirá abordar integralmente los daños colectivos producidos por el conflicto y brindar: “información sobre el diseño de estrategias enfocadas a reducir su impacto sobre la actividad económica, revertir y prevenir la perpetuación de los costos y sentar las bases para lograr una paz duradera”, agregan.

En la solicitud se pide además verificar “la comisión de actos violatorios a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos de forma masiva y sistemática en contra de los miembros del sector productivo y reconozca su macrovictimización y la necesidad de reparación colectiva”.

Por eso se pide, entre otras cosas, identificar a los responsables de esas conductas criminales, reconstruir la verdad sobre las dinámicas y patrones de violencia impuestas por los grupos armados ilegales que participaron del conflicto armado, “tomando en cuenta las vivencias de las víctimas del sector productivo y su percepción respecto de las causas y móviles que los convirtieron en blanco de ataques y amenazas”.

El panorama no es alentador. Por ejemplo, hace pocos días se conoció que los excomandantes de la guerrilla de las Farc no serán investigados, por el momento, por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante el incumplimiento del proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado.

Así lo explicó el director de la Unidad, Giovanni Álvarez, al ser preguntado frente a los cuestionamientos que se han hecho recientemente por el proceso de reparación con la entrega de bienes por parte de los exjefes de dicho grupo guerrillero que firmaron en 2016 el Acuerdo de Paz.

Entre los argumentos es que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por este incumplimiento, hecho por el cual no se puede iniciar una investigación. Recordó que estos procesos se inician, también, cuando la JEP remite los casos a la Unidad al considerar que se están presentando fallas en cumplir lo acordado tras la firma del Acuerdo.

El director de la Unidad aseguró que los bienes que han sido entregados son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad designada desde un principio para realizar todo el trámite y proceso de entrega a las víctimas reconocidas.

Noticias relacionadas