Captura en alta mar

Patrullar las aguas territoriales en la Costa Atlántica no es fácil. Más si se trata de la Alta Guajira. Cuando no son embarcaciones venezolanas las que violan la soberanía nacional son buques contrabandistas que esperan el menor descuido de las autoridades para fondear en las costas de Bahía Portete, principal puerto de La Guajira. A ese lugar —según información de la Dian— llega el más alto volumen de contrabando al país procedente de las islas del Caribe o de Panamá. “Patrullar en la Alta Guajira es como jugar al gato y al ratón. Lo que pasa es que el gato casi siempre es uno sólo y los ratones son muchos”, dijo a SEMANA un oficial de la Armada Nacional asignado a cumplir con esta misión.

La expresión del oficial, más que un juego de palabras, es un reflejo exacto de la realidad que se vive en esta región del país. Todos los días ocurren hechos que así lo comprueban. El más reciente ocurrió el pasado 4 de mayo cuando el oficial al mando de la fragata orgánica de la Fuerza Naval del Atlántico de la Armada Nacional, que patrullaba en la zona, recibió una comunicación en la que le informaban que varios de los ‘ratones’ estaban a punto de ingresar a las costas de Bahía Portete cargados, al parecer, con contrabando. Una de las embarcaciones estaría surtida con armamento de distintos calibres y municiones de todo tipo según información de inteligencia.

Aunque al capitán de la Armada no lo sorprendió la información que estaba recibiendo lo que sí le llamó la atención fue la premura con la que debía cumplir su misión: “Se trata de un cargamento grande y delicado, así que póngase al frente de la operación en el menor tiempo posible”, le informaron sus superiores. Ante esta orden el oficial montó la operación y el mismo 4 de mayo en horas de la tarde embarcó en un lugar de la costa de La Guajira a varios funcionarios de la Dian, quienes tenían la misión de requisar los compartimientos de las embarcaciones, comprobar si se trataba de mercancía de contrabando o no y, por último, decomisar la carga ilegal.

Dos días después de recibir las instrucciones el capitán de la fragata de la Armada divisó la primera embarcación. Se trataba del buque Nathalia, de bandera hondureña, y al día siguiente entró en contacto con otra nave, llamada Nany, cuya bandera era de Belice. Las embarcaciones se encontraban a unas 13 millas de Bahía Portete. El tercer barco hallado fue el Chubasco, el cual fue interceptado a unas 10 millas del Cabo de la Vela.

El Chubasco lucía bandera hondureña pero, según las autoridades de ese país, no tiene el permiso legal de las entidades portuarias puesto que su patente venció el primero de enero del año pasado.



Travesía y captura

De acuerdo con la unidad de fiscalización aduanera de la Dian los tres buques zarparon del puerto de Colón, en Panamá, y tenían como destino final el puerto de Bahía Portete en La Guajira. Uno de los oficiales que participó en las labores de incautación dijo a SEMANA que la más cargada de las tres era la Nathalia: “La altura de la carga era tal que sobrepasaba la visión del puesto de mando del capitán”. La carga de la embarcación era de 1.000 toneladas.

Según los investigadores de la Dian, en los manifiestos de aduana de los buques consta que la carga estaba compuesta, entre otros productos, por textiles y manufacturas. De ser así se estaría violando la resolución 3475 del 27 de mayo de 1998 de la Dian, que establece los puertos por los cuales se puede introducir textiles y manufacturas al país. Entre ellos no está el de Bahía Portete.

Las embarcaciones tenían otras irregularidades. En todas ellas el manifiesto de aduana no coincidía con el tipo de mercancía ni con la cantidad de carga estipulada en el documento. Las tres estaban sobrecargadas. Pero, además, el hecho de que en uno de los manifiestos de aduana apareciera registrado que contenía “repuestos para rifles” hizo pensar a las autoridades que una de ellas estaría siendo utilizada para traficar con armas. No obstante, al cierre de esta edición, esta información no había sido confirmada.



El lío de fondo

Pero más allá del contenido de la carga de las tres embarcaciones, sus posibles irregularidades y la suerte de las tripulaciones —que deberán ser determinadas por las autoridades— la captura de los buques en ultramar es la mejor demostración de la decisión política del gobierno de acabar con uno de los mayores flagelos para la economía nacional: el contrabando.

Esa ha sido la principal bandera de Fanny Kertzman, directora de la Dian, quien sostiene que si no se acaba con el contrabando la economía del país no tiene futuro puesto que este delito atenta directamente contra la generación de empleo. “Con una tasa de desempleo del 20 por ciento y con unas pérdidas fiscales cercanas al millón de dólares anuales el país no puede seguir dándose el lujo de seguir siendo permisivo con el contrabando”, dijo Kertzman a SEMANA.

Para ser consecuente con sus palabras Kertzman aprobó en diciembre del año pasado el nuevo Estatuto Aduanero, que restringe el ingreso de ciertos productos por las llamadas zonas aduaneras especiales. Pese a que la norma sólo regirá a partir de julio ya despertó la ira de los habitantes de Maicao, principal ciudad de La Guajira y núcleo del comercio irregular de la Costa Atlántica. El gobernador del departamento, Alvaro Cuello Blanchar, resume la situación en una frase: “Está bien que el gobierno nacional no nos dé nada, pero que tampoco nos quite lo que tenemos”.

Pero para los funcionarios de Aduanas el asunto no es lo que el gobierno le quita a La Guajira sino lo que La Guajira le quita al país. Para ellos el llamado Régimen Especial Aduanero de 1992 en lugar de fomentar el desarrollo de la región mediante la inversión social —como fue considerado al exonerar a los municipios guajiros de Maicao, Uribia y Manaure de la obligación de pagar aranceles e impuesto al valor agregado sobre las mercancías importadas que fueran destinadas para el consumo en estos municipios— sólo sirvió para fomentar el contrabando. “El mejor ejemplo es Maicao, que a pesar de la plata que mueve sigue siendo uno de los municipios más pobres del país”, dijo un funcionario de la Aduana Nacional.

La captura de las tres embarcaciones la semana pasada coincidió con un paro cívico promovido por los comerciantes de Maicao, quienes sostienen que las decisiones del gobierno los están llevando a la quiebra. El gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, ha dicho en múltiples ocasiones que el levantamiento popular no hará que el gobierno ceda en su empeño de reglamentar el comercio ilegal de la zona.

Los comerciantes de la Guajira, por su parte, tampoco dan su brazo a torcer y sostienen que esa es su única fuente de ingresos y que por lo tanto no renunciarán a ella. Aunque ambas partes creen tener razón en sus argumentos lo que ellas no pueden desconocer es que en La Guajira se está cocinando un polvorín social de incalculables consecuencias que en cualquier momento puede estallar.