Cayó el dueño de dos laboratorios en Medellín por corrupción con el Invima

El capturado número 16 dentro de la red de corrupción que permeó el Invima cayó este jueves en Medellín. Jorge Iván Sánchez Salazar, dueño de los laboratorios Ignac y Dermis, será presentado ante un juez para que responda por su presunta participación en la red de corrupción que logró falsificar registros sanitarios y certificados para sacar a la venta productos que no contaban con las garantías de salubridad. 

Al igual que los demás integrantes de esta organización, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, falsedad ideológica en documentos públicos y enriquecimiento ilícito. La audiencia de legalización de captura contra los otros 15 implicados se prolongó hasta la noche de este jueves; una jueza de Bogotá evalúa a puerta cerrada el procedimiento de detención de estas personas. 

La Fiscalía adelantó también los operativos de allanamiento en Medellín con el fin de realizar incautaciones de productos fabricados fraudulentamente y compulsó copias para que se inicien procesos de extinción de dominio contra el representante de las farmacéuticas. 

La investigación se originó por la denuncia del Invima, que hace año y medio alertó de irregularidades a la Fiscalía. Según el ente investigador, se interceptaron un centenar de líneas telefónicas además de adelantar seguimientos. Producto de ello, se logró determinar que los funcionarios al parecer cobraban por gestionar y expedir documentos falsos, alteraban procesos sancionatorios y ofrecían servicios de asesoría para preparar a ciertos clientes en las auditorías que realiza el Invima.

"Alteraban los sistemas de información para hacer parecer que productos que carecían de control sí tenían registros sanitarios; falsificaban registros de estabilidad, de manera que productos sin control se mostraban frente a los consumidores como si tuvieran todas las verificaciones; cobraban peajes para reducir el valor de las multas y sanciones que imponía el Invima", aseguró el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, durante una rueda de prensa.

Según el alto funcionario, la joya de la corona en los servicios que ofrecía esta red era el montaje de una especie de Invima paralelo que realizaba auditorías previas a sus clientes ilegales; de manera que cuando llegaban los verdaderos funcionarios a realizar los procedimientos superaban las pruebas técnicas que hacía el instituto.

Las tarifas iban desde 750.000 pesos por trámites de renovación de registros sanitarios de productos hasta 14 millones de pesos por las auditorías falsas. En el listado de precios aparece que por estudios de estabilidad de productos se cobraban 2 millones de pesos. La Fiscalía anunció que iniciará procesos de extinción de dominio frente a los bienes que fueron adquiridos con dineros provenientes de esta red de corrupción.