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Capturada la registradora de Instrumentos de Cartagena

La entidad había sido intervenida hace un mes por la Superintendencia de Instrumentos Públicos ante denuncias y quejas de los usuarios que les acusaron de posibles irregularidades. El año pasado habían sido detenidos otros cuatro funcionarios.

27 de abril de 2012

En la mañana del viernes fue detenida en Valledupar la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul Rosa, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, falsedad y prevaricato.
 
La detención se da luego de que, un mes atrás, la Superintendencia de Instrumentos Públicos se presentara de improviso en las instalaciones de Cartagena y dejara un grupo de funcionarios encargados de revisar todos los procedimientos ante varias de quejas de los usuarios.
 
Las inconformidades, en especial, tuvieron que ver con la demora en el registro de las escrituras. Lo que dicen algunas personas, es que los funcionarios demoraban el trámite de los instrumentos para después ofrecer agilizarlos con coima de por medio.
 
Pero no es lo único. Las irregularidades también tendrían que ver con registro de instrumentos adulterados o escrituras falsas, que han dado lugar a múltiples conflictos de carácter judicial.
 
El incidente más reciente tiene que ver con la posible inscripción en la oficina de Registro local de un inmueble de 8.600 metros cuadrados y una gran parte, más de 5.000 metros, estarían en zona de baja mar, lo que significaría que son baldíos de la Nación.
 
Sobre esos terrenos se construye un edificio de propiedad de la Caja de Compensación Confenalco y aunque existía advertencia de Capitanía de Puerto, la registradora accedió a registrar la escritura.
 
También se han generado una gran cantidad de conflictos por la presunta adulteración de escrituras de terrenos en la zona norte de Cartagena, donde se desarrolla desde hace una década y con gran auge la construcción de hoteles, colegios, edificios y viviendas multifamiliares de alto costo.
 
La orden de captura contra la funcionaria fue expedida por un fiscal de Bogotá, hacia donde fue trasladada la funcionaria, quien llevaba más de una década en el cargo.