Cárcel perpetua

En febrero de 1994 el asesinato de un niño de 9 años que vendía tintos en la plaza de Tuluá ocupó los titulares de la prensa nacional. El menor había sido degollado y su cuerpo, con más de 30 puñaladas, apareció en un cañaduzal cerca de la población. Ante el brutal crimen, la comunidad presionó por resultados a la Policía y los organismos de investigación que asumieron el caso. Tan sólo 20 días después del asesinato, las autoridades anunciaron la captura del presunto asesino y afirmaron que se trataba de Nelson Bonilla, un hombre que se ganaba la vida vendiendo electrodomésticos en una moto.

En un tiempo récord para la justicia colombiana, un juzgado de Buga condenó a Bonilla a 40 años de prisión. De nada sirvieron sus alegatos de inocencia ni que el delegado de la Procuraduría que vigiló el caso afirmara ante los tribunales que las pruebas en contra de Bonilla eran supremamente débiles. Bonilla fue enviado a la cárcel de San Isidro en Popayán, considerado como un delincuente altamente peligroso.

Durante los siguientes cuatro años en el Valle del Cauca y en otras regiones del país continuaron apareciendo decenas de cuerpos de menores de edad asesinados en similares circunstancias a las del niño de los tintos de Tuluá. Mientras el país se conmocionaba con esas noticias, y las autoridades afirmaban desconcertadas que no tenían rastro del asesino en serie de niños, Bonilla apeló su caso ante otro juzgado de Buga que ratificó la condena inicial. En noviembre de 1999 la Fiscalía anunció la captura del mayor asesino en serie de la historia, Luis Alfredo Garavito, responsable de 192 asesinatos de menores de edad en Colombia.

Frente a los fiscales Garavito confesó uno a uno sus asesinatos y les contó a las autoridades los sitios exactos en donde podían encontrar los cuerpos que aún no habían sido hallados. Uno de los crímenes que Garavito reconoció haber cometido fue el del niño de los tintos de Tuluá. A pesar de la confesión, los investigadores de la Fiscalía se dedicaron a la tarea de verificar si lo que había dicho el asesino en serie era cierto. Después de cuatro años de pesquisas, en 2002, la Fiscalía concluyó que Garavito efectivamente decía la verdad y había sido el responsable del asesinato del menor por el que Nelson Bonilla había sido condenado. Para ese momento Bonilla ya llevaba ocho años en prisión.

Con las pruebas de la Fiscalía, la confesión de Garavito y la petición de la Procuraduría para que le otorgaran la libertad, Bonilla apeló ante el Tribunal Superior de Buga. Estaba seguro de que el error que se había cometido con él sería solucionado. Al fin de cuentas la justicia había comprobado que él no había asesinado al menor de edad y además ya había condenado a Garavito por ese crimen, lo que quiere decir que dos personas estaban purgando una pena por un mismo delito, algo que jurídicamente no tiene presentación.

Pese a todos estos atenuantes y al hecho de que la fiscal que llevó el caso de Bonilla reconoció por escrito que la justicia se había equivocado, el año pasado el Tribunal no dejó en libertad a Bonilla. Los magistrados simplemente afirmaron en su sentencia que la pena no debía ser de 40 años de cárcel sino de 25 años.

En febrero pasado Bonilla cumplió 11 años de estar encarcelado por un crimen que la propia justicia reconoció que él no cometió. Su caso está en la Corte Suprema de Justicia, en donde Bonilla espera que se haga justicia. Lo malo es que el alto Tribunal revisa los casos en el orden de llegada. Esto quiere decir que, si cuenta con suerte, sólo dentro de tres años, aproximadamente, la Corte estudiará su apelación. Mientras tanto Bonilla tendrá que seguir en la cárcel pagando por un crimen que no cometió.