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| 1/12/1998 12:00:00 AM

CARCELES INC.

La privatización podría ser el camino para que las prisiones dejen de ser grandes depósitos de personas.

CARCELES INC. CARCELES INC.
La mayor virtud del controvertido proyecto de alternatividad penal que se discutirá esta semana en la plenaria del Senado es, según sus defensores, que permitirá descongestionar las 168 cárceles del país en que se hacinan 43.221 presos. Sin embargo esta no es la única alternativa que tiene el Estado para solucionar este problema y quizás tampoco sea la más adecuada. Uno de los mayores inconvenientes que tiene el proyecto, además de incluir a narcotraficantes y vinculados al proceso 8.000, es que paradójicamente busca reducir las penas de los condenados pero deja intacta la situación de los sindicados, que son el 46 por ciento de la población carcelaria en Colombia. Pero eso no es todo. En este caso el gobierno podría estar actuando como en el viejo cuento en el que el marido engañado por la esposa decide vender el sofá en que la pescó in fraganti en lugar de divorciarse de ella. Es decir, está tratando de resolver el hacinamiento carcelario, sacando los presos de sus celdas en lugar de construir unas nuevas. La razón para no haber iniciado nuevos proyectos carcelarios, según el gobierno, es que no hay plata para hacerlo. Sin embargo este podría dejar de ser un problema si se ponen en práctica métodos alternativos para la construcción y el manejo de los penales que en otros países han demostrado ya su eficiencia. Se trata de algo muy simple y que ya en 1995 había sido aprobado por el Conpes: abrirle al sector privado como negocio la posibilidad de construir y mantener cárceles. Así lo recomendó este año la Corporación Excelencia de la Justicia, la cual en un documento de julio pasado mencionó esta modalidad argumentando que "existen a nivel internacional experiencias valiosas de participación de inversionistas privados (nacionales y extranjeros) en la financiación de estos establecimientos y posterior arriendo al Estado". Ante la evidencia, cada vez más notoria, de la incapacidad de los Estados para manejar las cárceles, su privatización es una alternativa que ha empezado a tomar fuerza y el caso colombiano puede ser un excelente escenario.Tras las rejasColombia es, después de México y Brasil, el tercer país con el mayor número de cárceles y presos de América Latina. Basta con visitar cualquiera de los penales importantes para ver que no hay cama para tanto detenido y, lo que es peor, entre 1991 y 1997 la población carcelaria creció en un 38 por ciento sin que la capacidad del sistema aumentara en la misma proporción. Las cárceles de hoy sólo alcanzan para cubrir la demanda que había en 1993.El Inpec y el Ministerio de Justicia son conscientes de lo que sucede. Para ellos es claro que hacen falta centros de reclusión y hay que adecuar la infraestructura de los que existen hoy en día porque la mitad tiene 40 años o más de haber sido construidos. Para hacerlo el mismo Ministerio de Justicia ha pensado ya en la privatización. Sabe que esta podría ser la vía más expedita para acabar con el sobrecupo en las cárceles afectadas por este problema, como la de Bellavista en Medellín, donde es tal la cantidad de presos que muchos tienen que dormir en los corredores. El penal tiene capacidad para 1.500 personas y hoy alberga a 5.146 reclusos. La cárcel La Modelo y la penitenciaría La Picota, de Bogotá, viven situaciones similares. Para acabar con el sobrecupo el actual gobierno ha adelantado el Plan Recluso 1, una estrategia para remodelar, ampliar y construir cárceles y penitenciarías en el país. La parte más ambiciosa de este proyecto contempla la edificación de tres complejos metropolitanos: uno en Bogotá, otro en Medellín y uno más en Cali. En conjunto aportarían 6.000 nuevos cupos al sistema. Lo novedoso del asunto es que por primera vez el gobierno hará una licitación pública para la construcción de estos centros. El proyecto más adelantado hasta ahora es el del Complejo Penitenciario Metropolitano de Bogotá, que se espera esté listo para sacar a licitación el año entrante.
Cárceles privadas
En el mundo el negocio de las cárceles ya es un hecho. En 25 estados de Norteamérica hay prisiones privadas. En Gran Bretaña la privatización del sistema carcelario fue uno de los grandes proyectos de los conservadores y Charles W. Thomas, miembro del Centro de Estudios de Criminología de la Universidad de la Florida, calcula en un 25 por ciento el crecimiento anual de las prisiones privadas durante los próximos cinco años. Empresas como Corrections Corporation of America _CCA_, Wackenhut Corrections Corporation y Group 4 Securitas International Company (G4), están obteniendo grandes ganancias en este campo. En solo 1997 Wackenhut alcanzó unas utilidades de 208 millones de dólares, equivalentes a un 51 por ciento más que en 1996.Estas compañías ofrecen un paquete completo que incluye el diseño, la construcción y la explotación de las cárceles. Wackenhut, por ejemplo, levantó una cárcel en Australia con tres piscinas, un lago de meditación y un centro comercial. Pero no todo son lujos. Los diseños también incluyen innovaciones para la vigilancia, con lo cual disminuyen el número de guardianes y, al mismo tiempo, el costo del funcionamiento de los penales. Los directivos del G4 esperan que próximamente la vigilancia realizada por personal sea reducida en un 50 por ciento y reemplazada por tecnología digital. Pero no todo es color de rosa en estos centros. Wackenhut tuvo una racha de suicidios en su cárcel de Australia y un año de violencia continua en su penal de Gran Bretaña, donde después de que el G4 tomó el control de las prisiones se asegura que aumentaron los casos de mala administración, violencia, motines sangrientos y fugas.Las leyes vigentes en Colombia no permiten hasta ahora la privatización total de las cárceles, incluida la vigilancia. No obstante, ya el Ministerio de Justicia ordenó hacer un estudio para determinar la manera como podría llevarse a cabo la privatización de la construcción y mantenimiento de los penales en el país. Los resultados del mismo se conocerán hacia finales de febrero. Por lo pronto el asesor del Inpec que adelanta la investigación ya determinó que en estas cárceles cada interno debe tener como mínimo 50 metros cuadrados. La mitad de estos deben corresponder a área construida, incluidos cuartos, talleres y comedores, y el resto a espacios libres, preferiblemente campos verdes. Si esta prospección se cumple, con seguridad significará un cambio trascendental en la vida de los presos colombianos que hoy se apretujan de a ocho en un espacio de 12 metros cuadrados.

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