Así fue el negocio de Camacho Casado con la Fiscalía

Andrés Camacho Casado no aceptó los cargos que se le imputan por el ‘carrusel de la contratación’, pero, minutos después, la Fiscalía anunció que llegó a un preacuerdo con el exconcejal para que se convierta en uno de los testigos del caso. 

Por considerar que la información que dé Camacho Casado es indispensable para llegar al corazón de la corrupción de la administración pública en Bogotá, la Fiscalía manifestó que es posible desarrollar el principio de oportunidad al que llegó con el excabildante. Argumentos que fueron aceptados por el juez 58 con función de Control de garantías, quien dio vía libre al acuerdo. 

El fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia Juan Vicente Valbuena aseguró que es evidente que Camacho Casado es responsable de la conducta de tráfico de influencias a servidor público que le fue imputada y que no aceptó, pero que su deseo de colaborar permite conseguir información importante que favorecerá los procesos que se desarrollan y que haya en torno al ‘carrusel de la contratación’.  

“El señor Ronaldo Andrés Camacho Casado manifestó su intención de colaborar con la administración de la justicia en el logro de la verdad en varios frentes del denominado ‘carrusel de la contratación’, igualmente para continuar en la demostración de los delitos cometidos contra la administración pública cometidos en Bogotá”, aseguró Valbuena. 

En el principio de oportunidad avalado por el juez de garantías están pactados diferentes focos de colaboración, como que sea testigo y entregue pruebas contra los implicados en el escándalo de corrupción. 

“Teniendo en cuenta la información con la que cuenta Camacho Casado, se inició la enunciación de todos los temas en los cuales colaboraría ofreciendo información, aportando documentación, esclareciendo hechos y sirviendo de testigo de cargo en todas las investigaciones relacionadas con este tema que cursa en la Fiscalía y las que están por iniciar”, dijo. 

Según Valbuena, las evidencias que se comprometió a entregar Camacho Casado permiten llegar a todos los partícipes del ‘carrusel de la contratación’, que contribuyó al detrimento de los recursos de la capital del país. 

“La información ha sido verificada y resulta novedosa y de vital importancia para continuar en la identificación de partícipes de estos hechos de corrupción al interior del Distrito Capital y continuar con el procesamiento no solo de servidores públicos sino también de contratistas e intermediarios”, explicó. 

En el principio de oportunidad se pactó que además de recibir la imputación el exconcejal entregará el dinero del que se apropió con sus ilícitos actos y que fueron descubiertos gracias a la investigación que desarrolla la Fiscalía. 

“Se le imputarán cargos, además deberá hacer un reintegro de dinero a la administración pública, así mismos prestará su cooperación a la justicia para esclarecer todos los hechos que son materia de investigación relacionados con la administración de justicia, así como a evitar que se sigan cometiendo delitos de cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, entre otros”, dijo. 

Pero, a cambio de su colaboración, Camacho Casado se volverá intocable por la justicia de alguna manera, pues nada de lo que diga podrá ser utilizado en su contra. 

“Su colaboración se suministrará bajo inmunidad total en el sentido que la información que lo comprometa no será utilizada en su contra (…) la aplicación del principio de oportunidad que se solicita se otorgara en la medida de suspensión de hasta por un año, tiempo en el cual en procesado se compromete a servir de testigo de cargo”, aseguró al tiempo que manifestó “el término se justifica por la magnitud de la información, la complejidad de la investigación de los hechos y que además servirá de testigo en casos que aún no han iniciado”. 

Según el acuerdo avalado por el juez, “una vez finalice la colaboración eficaz de Andrés Camacho Casado, la Fiscalía aplicará el principio de oportunidad en la modalidad de renuncia por el delito de tráfico de influencias a servidor público”, es decir que desaparecerá toda acción penal en su contra por la conducta. 

Con el aval entregado por el juez, Camacho Casado evitará ir a un juicio y en un futuro si su colaboración es eficaz no tendrá en su contra siquiera antecedentes penales.

El fiscal Valbuena recordó cómo Camacho Casado presuntamente cometió una serie de irregularidades para favorecer a la firma Macromed con una participación del 50 % en el contrato de las ambulancias  por un costo de 67.000 millones de pesos. 

“En Bogotá durante el segundo semestre del 2009 el concejal Andrés Camacho Casado utilizó indebidamente en provecho de la firma Macromed influencias derivadas de su ejercicio como concejal del Distrito con el fin que Héctor Zambrano Rodríguez, en su calidad de secretario Distrital de Salud, favoreciera la participación de la empresa en mención para la licitación de la suscripción del contrato de prestación del servicio de ambulancias”, explicó. 

También indicó el ente investigador que “luego que adjudicación 1229 del 2009 de contrato de ambulancias no favoreció a Macromed sino a la unión temporal Transporte Ambulatorio, intentó nuevamente a través de influencias derivadas de su cargo que dicha empresa tuviera participación del 50 % del contrato”.

Para la Fiscalía, todas las pruebas apuntan a que Camacho Casado sabía que estaba cometiendo un delito al intervenir en el contrato de la manera que lo hizo y que aun así siguió con actuación delictiva. 

“Ronaldo Andrés Camacho conocía que estaba utilizando indebidamente a su favor las influencias del cargo que desempeñaba como concejal del Distrito para que Héctor Zambrano, en su condición de secretario de Salud del Distrito y director del Fondo Distrital de Salud, favoreciera a Macromed y permitiera la participación  de la firma en el 50 % del Contrato 1229 del 2009 suscrito con la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogot D. C.”, indicó. 

Con el actuar de Camacho Casado, según lo indicó Valbuena, “se considera que lesionó la Administración Pública al utilizar indebidamente las influencias derivadas de su cargo como concejal de Bogotá, al no obra con imparcialidad, transparencia y moralidad en si gestión, toda vez que estos actos no fueron dirigidos al beneficio de la comunidad, sino al de la empresa privada Macromed”.