‘Carrusel’: el nuevo descalabro de La U

El partido de La U, según sus estatutos, fue fundado con la misión de “promover una sociedad justa libre y próspera afianzada en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el ejercicio del buen gobierno”. Uno de sus objetivos principales fue, y sigue siendo, el de “recuperar la confianza en el ejercicio de la política”.

Han pasado siete años desde aquella definición, trazada entonces por uno de sus fundadores, el hoy presidente, Juan Manuel Santos. Durante ese tiempo el partido que se convirtió en la mayor fuerza política del país es el movimiento con el mayor número de dirigentes comprometido en los dos mayores escándalos de corrupción que se han presentado en el país: la parapolítica y el carrusel de la contratación en Bogotá.

El pasado martes, el que fuera el mayor elector de La U en Bogotá en las elecciones de 2007, el exconcejal Hipólito Moreno, aceptó su responsabilidad en el carrusel de contratos de la administración de Samuel Moreno. Hipólito se convirtió en el amo y señor de La U en la capital, los 15.726 votos que le dieron la curul en el concejo también lo posicionaron como el presidente del directorio del partido en Bogotá.

No es el único, este jueves la Fiscalía anunció que llamará a juicio a otros dos concejales de La U, también por el asunto del carrusel. Orlando Parada, quien en 2007 obtuvo 15.055 votos y que repitió curul en el 2011, gracias a los 13.582 votos que conquistó en los más recientes comicios locales.

El segundo es Andrés Casado Camacho, otro poderoso dirigente que ya completa su segundo periodo como concejal y que se convirtió en 2011 en el segundo elector de La U, con 16.862 votos, en unas elecciones donde Hipólito Moreno había renunciado a repetir como concejal.

La U fue el partido que más votos obtuvo en Bogotá en las elecciones al Concejo del 2011, con el respaldo de 302.736 votos. Pero también, según las decisiones judiciales, es el partido con mayor número de dirigentes comprometidos en el carrusel de contratación en Bogotá durante la administración del Polo Democrático con Samuel Moreno.       

El presidente de La U, senador Aurelio Iragorri, no oculta su preocupación. “Es lamentable que haya dirigentes del partido involucrados en este escándalo”, le dijo a Semana.com. También anticipó que el partido adoptará las “sanciones correspondientes” en la medida que se produzcan las decisiones judiciales que determinen la responsabilidad de los concejales involucrados. “Si hay un fallo judicial hay una sanción. La última palabra la tienen los jueces”.   

Juan Lozano fue presidente del partido de La U y le correspondió entregar los avales del partido en las elecciones del 2011. Él fue quien firmó el aval de los concejales Parada y Casado, quienes en ese momento, dice, “no tenían ningún tipo de inhabilidad”.

Sin embargo hace dos años eran mencionados dentro de los 17 concejales que serían llamados a responder por el carrusel de la contratación. Pero en ese momento, ante la ausencia de un fallo judicial, no había ninguna razón legal para que La U impidiera la concesión de ese aval.

Además, explica Lozano, los estatutos de la colectividad dicen que los miembros de corporacíones públicas (concejos, asambleas o congreso) tienen "preferencia" para mantener el aval. Dice Lozano que los concejales que hoy están comprometidos con la justicia, antes de participar en las elecciones, entregaron todos los documentos en los que demostraron que estaban plenamente habilitados para participar en las elecciones. Además no estuvieron incluidos en la famosa lista de inhabilitados que el gobierno y las autoridades le entregaron a cada partido político.

Hoy Lozano admite que los partidos políticos carecen de herramientas suficientes para investigar los antecedentes que soporten la negativa a determinado aval. Por eso asegura que el partido de La U está en el deber de “pedirle perdón a la ciudad y resarcir los daños” por la responsabilidad de algunos de sus dirigentes en este escándalo.

No es la primera vez que La U sufre un golpe como este. Porque en el ámbito nacional ha tenido que sancionar a ocho congresistas, en su mayoría por que la justicia comprobó sus nexos con grupos paramilitares.

Los senadores Piedad Zuccardi, Dilian Francisca Toro, Mauricio Pimiento, Jairo Merlano, Fuad Rapag, Jorge Visbal y los representantes Odín Sánchez Montes de Oca y Miguel Ángel Rangel hacen parte de esta lista de dirigentes sancionados por la justicia.

En solo siete años, La U se ha convertido en la principal fuerza política del país, y también en Bogotá. Pero también en el movimiento con más dirigentes comprometidos en los dos escándalos políticos que más han estremecido al país.