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| 8/23/1999 12:00:00 AM

CARTAGENA DIJO NO MAS

Una investigación histórica de la Contraloría puso al descubierto la olla podrida más grande <BR>en la administración de la Ciudad Heroica.

CARTAGENA DIJO NO MAS CARTAGENA DIJO NO MAS
En enero de 1997 sucedió algo histórico en la política cartagenera. Al menos la mitad del
Concejo Municipal quedó renovada por nuevos integrantes de diferentes corrientes partidistas y de opinión.
"Todos teníamos una especie de culpa generacional y no queríamos que siguiera existiendo la corrupción
que por años nos había tocado ver en el manejo de la ciudad", recuerda la concejal Judith Pinedo. El nuevo
grupo decidió asumir el control político de la administración local.Cualquier cartagenero que acudía al
Parque Bolívar se enteraba con pelos y señales del más reciente desfalco o del arreglo en tal o cual contrato
municipal, con sólo hablar con los emboladores. Las historias se multiplicaban en las mesas de juego y en
todos los corrillos y cocteles de la ciudad. Sin embargo nada ocurría con los organismos de control. En
los debates del Concejo se llamaba graciosamente al contralor Daniel González como 'el fantasma' porque a
pesar de contar con un presupuesto de 4.200 millones de pesos al año, una nómina de 280 empleados y 400
supernumerarios, "no produjo un solo juicio fiscal durante 1996", aseguró a SEMANA Nicolás Pareja,
presidente del Concejo.Los recién llegados decidieron entonces proponer un sistema de control más
eficiente en las finanzas públicas. Sin embargo sufrieron su primera derrota a manos del grupo tradicional que
manejaba el Concejo. Y aunque poco después se posesionó un nuevo contralor, Evaristo Ujueta Amador, con
el paso de los meses se incrementaron las denuncias contra la administración del alcalde Nicolás Curi sin
que nada pasara.El movimiento, que se hace llamar 'El nuevo país' decidió entonces ponerle cascabel al
gato. La Contraloría local era un fortín burocrático inexpugnable, controlado por el mismo Concejo en años
anteriores en cabeza del hoy senador Javier Cáceres Leal (famoso por el debate a Dragacol). Entonces a
comienzos de este año alguien se encontró un artículo hasta ahora no usado de la Constitución, el 267, que
dice que la Contraloría General de la República, en casos excepcionales, puede ejercer control posterior
en los entes territoriales.La corriente nueva consiguió aglutinar a 10 de los 19 concejales y con esa
mayoría el 12 de marzo pasado solicitó control sobre la administración de Cartagena. El 30 de abril
siguiente en el Centro de Convenciones de La Heroica el contralor Carlos Ossa recibió las quejas y denuncias
de la ciudadanía contra la administración distrital. Ossa pidió dos meses para entregar resultados. El 3 de
mayo siguiente declaró abierta una indagación preliminar y el 6 de mayo ordenó al Concejo suspender al
contralor municipal Evaristo Ujueta, quien ya era investigado por la Procuraduría. Dicho y hecho, el
pasado 14 de julio el contralor Carlos Ossa y sus funcionarios entregaron los resultados de sus
investigaciones preliminares en un acto al cual asistieron más de 1.000 cartageneros. Las auditorías habían
encontrado al menos 80 casos de manejo irregular de las finanzas públicas en las 14 dependencias
distritales. "Gracias a Dios se le puso fin a tanta ignominia, luego de que el control fiscal en Cartagena y en
el resto del país se ha prostituido", advirtió el Contralor General de la República.Las indagaciones tienen que
ver con faltantes o manejos irregulares sobre unos 10.000 millones de pesos por los que deberán responder
dos ex alcaldes, Gabriel García Romero y Guillermo Paniza, y el actual alcalde Nicolás Curi, y un centenar de
funcionarios municipales. Sólo el ex contralor Evaristo Ujueta deberá responder por 560 millones de
pesos, y por el mismo proceso pasarán los jefes o gerentes y ex gerentes de Corvivienda, la Personería, el
Departamento de Valorización, Obras Públicas, el Departamento de Salud, Damarena, Planeación
Distrital, el Programa de Atención a la Mujer, el de Lucha contra el Hambre, el Bosque Encantado de La
Marina, entre otros.Pero la euforia se ha ido calmando en los últimos días. En Cartagena se dio un hito
histórico porque se le puso el cascabel al gato, pero la ciudadanía está inconforme pues muchos creían que
a la salida del Centro de Convenciones, tras el informe de la Contraloría, habría una buseta de la Fiscalía
esperando a cada uno de los sindicados. Pero lo cierto es que todos tienen derecho a defenderse porque se
trata de una indagación preliminar, y faltan al menos dos etapas, una de cierre de investigación y el
juicio fiscal para que haya condenas, en lo económico. Luego vendrá la Fiscalía, en los casos que así lo
requieran.El alcalde Nicolás Curi dijo a SEMANA que "la mayoría de las denuncias son infundadas y que
hay detrás del escándalo una persecución política". Mientras tanto el hoy senador Javier Cáceres reconoció
que tuvo control político en varias dependencias distritales (incluso en la Contraloría) mientras fue concejal
hasta 1997, pero que no puede responder por lo que haya pasado de allí en adelante. Pero además de poner
en entredicho a los administradores locales, lo que sí logró por ahora la Contraloría es que se ejecuten obras
y contratos paralizados por cuenta del desgreño con el que se venían manejando las cosas.

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