Esposa de Corridori tendrá casa por cárcel

El juez 72 de garantías de Bogotá le concedió este viernes a Claudia Jaramillo, esposa del empresario italiano Alessandro Corrridori detención domiciliaria. Jaramillo y Corridori son procesados por el escándalo de InterBolsa.
 
La decisión también cobija a Carlos Arturo Neira, representante Legal P&P Investment, Javier Tomás Villadiego Cortina, director del comité de riegos.
 
La defensa de los tres investigados argumentó que sus prohijados podían ser beneficiados por el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, es decir, que debían recibir detención domiciliaria ya que el delito es menor de ocho años de cárcel.

 En el caso de los de InterBolsa la conducta de mayor gravedad imputada es concierto para delinquir, que se mueve en un rango de seis años de prisión.
 
A Villadiego, Jaramillo y Neira, el juez 64 penal municipal con función de control de garantías les dictó medida de aseguramiento junto a Corridori. Así las cosas el italiano será el único que continuará en la cárcel.
 
Otros que habían sido beneficiados con detención domiciliaria luego de la imputación, son María Eugenia Jaramillo, hermana de Claudia y el expresidente de InterBolsa Rodrigo Jaramillo.

Mientras a Jorge Mauricio Infante, representante legal de la sociedad Administradora Inversiones (SAI) y los hermanos Luz Andrea y Eduardo Adolfo Colmenares, representante legal y médico fundador de la clínica La Candelaria (respectivamente), permanecen en el proceso sin estar privados de la libertad.
 
El conjunto de los delitos por los que se les procesa son: concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies, administración desleal y operaciones no autorizadas con acciones.

El escándalo fue descubierto gracias a un préstamo de 20.000 millones de pesos que InterBolsa S. A. no pagó al banco BBVA. El hecho fue el detonante para que la Superintendencia Financiera iniciara una inspección y luego se dieran a conocer las presuntas irregularidades dentro de la comisionista de bolsa.

Durante la imputación a nueve personas, la Fiscalía General entregó un detallado recuento de cómo las acciones de la empresa Fabricato S. A. fueron manipuladas con el fin de aumentar su precio en la Bolsa de Valores y así poder beneficiar a algunos inversionistas.