Caso Antonio José Urdinola: pleito de alta alcurnia

Con la captura la semana pasada del exministro de Hacienda, Antonio José Urdinola, por investigaciones relacionadas con ingenios azucareros, el pleito más sonado en la historia del Valle del Cauca se convirtió en un escándalo nacional.

Urdinola ha sido uno de los más destacados dirigentes, no solo en su departamento sino en el país, pues además de haber sido ministro de Hacienda, fue presidente de Ecopetrol y actualmente es miembro de las juntas directivas de los dos grupos económicos más poderosos, el de Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval) y el de la Familia Santo Domingo (Valorem). Por eso ha causado conmoción su captura acusado por la Fiscalía tercera delegada ante el Tribunal Superior de Cali por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad y estafa.

Pero, ¿cómo comenzó esta historia que se convirtió durante el pasado fin de semana, en el tema de conversación no solo en los sectores empresariales sino políticos?

Todo se remonta a comienzas del siglo XX y a Jorge Garcés Borrero, uno de los grandes patriarcas y pioneros empresariales del Valle del Cauca. Fundador de una organización alrededor de laboratorios JGB, bancos, ganadería y agroindustrias, creó una dinastía que llegó a convertirse en una de las más prestantes del departamento. Uno de sus hijos, Jorge Garcés Giraldo, siguió los pasos de su padre como prohombre del sector privado. Entre sus múltiples actividades creó el Ingenio Papayal, con el que conformó un grupo azucarero compuesto por siete haciendas que ocupaban 2.000 hectáreas entre Palmira y Pradera. Se casó con Mariana Arellano, con quien tuvo cuatro hijos: Jorge Adolfo, María Antonia, María Cristina y Ricardo.

La vida transcurría con normalidad para esta familia hasta 1988, cuando murió el padre y la historia feliz se convirtió en una tragedia.

En su testamento, Garcés Giraldo le dio el 25 por ciento de libre disposición a su viuda, a quien además le correspondía la mitad de los bienes. Lo restante se repartió entre sus cuatro hijos, pero a María Antonia con mejora testamentaria.

Como suele ocurrir en casos similares, el testamente del padre dejó contentos a muchos y resentidos a otros. En este caso, su hijo mayor Jorge Adolfo Garcés Arellano -según aseguran algunos miembros de la familia- no estuvo de acuerdo con la repartición de su padre, en particular, en lo que se refería a su madre y a su hermana.

A medida que pasaron los años, las cosas comenzaron a complicarse en la familia hasta que se produjo un hecho que marcaría la ruptura definitiva. Jorge Adolfo, en condición de hermano mayor, tenía el control de la sociedad Inversiones Agroindustriales del Cauca, Invercauca, una de las empresas que creó su padre. Aunque no era una de las sociedades líderes de la familia, Jorge Adolfo, en abril de 1996, suscribió un contrato para que esta administrara 1.300 hectáreas de caña del grupo familiar y fijó como pago de honorarios el 17 por ciento de las ventas brutas de la caña.

Aunque el contrato llevaba las firmas de su madre, Mariana, y sus hermanas, María Antonia y María Cristina, ellas aseguran que es falso porque no estuvieron presentes cuando el documento fue autenticado ante la Notaría 13 de Cali, pues se encontraban en Estados Unidos por asuntos médicos. Además, sus investigaciones al respecto llevaron a descubrir que según un perito grafólogo del CTI, las firmas de la notaria y los sellos respectivos fueron falsos. Ellas dicen que con anterioridad, habían firmado hojas en blanco a su hermano, y estas pudieron haber sido usadas en el contrato. Además, señalan que su hermano mayor firmó como representante legal de la sociedad Invercauca, cuando aún no era gerente para esa fecha. Es decir, para esa parte de la familia el documento era totalmente falso.

¿Y en qué parte de esta historia entra el exministro de Hacienda, Antonio José Urdinola? Para ese entonces era el esposo de Alexandra Garcés, hija de Jorge Adolfo, protagonista de este escándalo. Hacia 2004 Urdinola, quien en calidad de yerno era gerente de Invercauca, embargó las plantaciones de caña de la viuda y sus hijas, en razón de que el controvertido contrato del 17 por ciento de honorarios nunca había sido pagado. Para cobrar esta deuda, la sociedad de su suegro le cedió a él como persona natural el derecho a cobrar la compensación económica. Las pretensiones de la demanda ascendían a 3.400 millones de pesos.

El episodio se volvió particularmente espinoso porque el exministro en realidad estaba demandando a la abuela y a las tías de su esposa.

Según los abogados que defienden los derechos de la viuda y sus dos hijas, para determinar este monto, Urdinola obtuvo una certificación del revisor fiscal del Ingenio del Cauca, según la cual este compró caña entre 1996 y 2004 por 20.000 millones de pesos.

Con base en ese contrato, la juez María Teresa López Muñoz decretó el embargo y nombró secuestre (persona administradora por cuenta de un juzgado) a Gustavo Adolfo Escobar Camacho. Esta medida dejó a la viuda sin ingresos. Y como las haciendas estaban a nombre suyo, las deudas financieras y con la Dian comenzaron a crecer y no había fuente de recursos para cubrirlas.

Lo que termina de complicar el asunto, es que el secuestre le entregó el producto de la venta de la caña a Invercauca, gerenciada actualmente por Alexandra Garcés Borrero. Los abogados defensores de la viuda argumentaron que esto es un acto contrario al derecho, pues en medio de un litigio, el secuestre encargado de administrar el embargo, le delegó la gerencia de la empresa a la demandante, es decir, Alexandra Garcés.

Para los abogados de la viuda y sus hijas, uno de los hechos que demuestra la mala fe en este caso es que entre 2004 y 2012 han entrado a la empresa no menos de 50.000 millones de pesos en venta de caña de azúcar. Señalan que con unos ingresos de esa naturaleza, se hubieran podido pagar sin problema los 3.400 millones de pesos que dieron lugar al pleito y desembocaron en el embargo. Esta versión de que Urdinola pudo haberse pagado y no lo hizo es difícil de entender, pero SEMANA no pudo entrar en contacto con el exministro para confrontarla.

Otra irregularidad demandada es que la juez le permitió al secuestre abrir una cuenta personal, donde deposita los dineros del embargo, algo que no se podía hacer, pues el dinero se debía llevar a una cuenta de depósitos judiciales.

A todas estas, el suegro de Urdinola y padre de Alexandra ya había muerto, por lo tanto todo el proceso judicial estaba en cabeza de ellos dos.

Para Mariana y sus dos hijas la única explicación de tantas irregularidades tenía que ser que el juez y el secuestre fueron comprados. Por lo tanto, en 2010 instauraron acciones penales por prevaricato contra el juez, y abuso de confianza agravado y calificado contra el secuestre. También se pidió investigar por falsedad en documento el contrato con el cual se fijaron los honorarios del 17 por ciento. Como consecuencia de estas denuncias, en agosto pasado la Fiscalía produjo la captura de la juez y del secuestre. La primera tiene arresto domiciliario y el segundo está en la cárcel de Villanueva. Pero la verdadera bomba de esta telenovela se produjo el jueves pasado, cuando un juez ordenó la captura de Antonio Urdinola en Bogotá y de su esposa Alexandra Garcés, en Palmira. Además también detuvieron a las funcionarias de Invercauca, Ligia Parra y Luz Stella Henao, y se encuentran huyendo el abogado Francisco Hernán Valencia y el ingeniero agrónomo Jorge Enrique Gasca.

Lo paradójico de esta tragicomedia de las grandes dinastías del Valle del Cauca es que Urdinola, quien se metió en todo esto representando los intereses de su esposa, se separó recientemente de ella en términos bastante agrios. Los allegados al exministro quedaron sorprendidos por la decisión judicial dado el talante y la reconocida trayectoria de Urdinola. Sin embargo, él fue el protagonista de la guerra que se libró en la familia de su entonces mujer.

El abogado Jaime Lombana, quien defiende al exministro, se mostró extrañado por la decisión del juez de Cali, pues señaló que en su caso no amerita la orden de captura pues no se trata de una persona que presente peligrosidad. También se sorprendió de que en pleno paro judicial, el juez haya logrado en menos de 24 horas trasladar al exministro de Bogotá a Cali, donde es requerido por la Fiscalía tercera delegada ante el Tribunal Superior por los presuntos delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad y estafa. Es seguro que esta historia todavía no termina, pero por ahora, llegó al capítulo más truculento.