Las nuevas imputaciones por caso DNE

De acuerdo con información difundida en la mañana de este lunes y en atención a las declaraciones del exfiscal antimafia Camilo Bula, la Fiscalía prepara imputación de cargos contra avaluadores de predios, representantes de las más importantes firmas inmobiliarias de Barranquilla y Cartagena, así como a empresarios que habrían adquirido los predios de manera irregular.

La imputación tiene como novedad que incluyó a Edgardo Sales y a Luis Hoyos, representantes legales de las firmas Salomón Sales de Barranquilla y Araújo y Segovia de Cartagena, firmas autorizadas por la DNE para participar en la oferta y la subasta de bienes incautados y extinguidos a la familia Nasser Arana.

También tendrán que acudir a los estrados judiciales los exsenadores Javier Cáceres Leal, Luis Élmer Arenas, sobre quienes Bula tiene mucho que decir en las irregularidades de la DNE en el tema de la administración de bienes.

Pero la Fiscalía en esta ocasión ha ido más lejos en sus acusaciones al involucrar a los empresarios que adquirieron predios o bienes, como es el caso de Luis Fernando Vásquez y Leo Eisenbladt Gontlieb, quienes adquirieron el centro comercial Villa Country, el más importante desarrollo comercial de los años 80 y 90 emprendido por la familia Nasser Arana, ubicado en la zona de mayor impacto residencial y comercial de la ciudad en esos años, inmueble que habría sido vendido por menos de su valor real.

También están involucrados la señora Isabel Crístina Vega y su excompañero sentimental Jorge Urrea, quien se había desempeñado como funcionario de Ingeominas, entidad encargada de los títulos mineros. La señora Vega Giovanetti adquirió las fincas Cuba y Casablanca, un predio de 780 hectáreas ubicado en zona semiurbana entre Barranquilla y Puerto Colombia, y lo adquirió pagando el metro cuadrado a 600 pesos, cuando en esa zona el precio del metro cuadrado oscila entre 15.000 y 150.000 pesos, dependiendo de la proximidad con las vías principales.

La imputación conocida la mañana de este lunes cobija también a los avaluadores de los predios Cuba y Casablanca, Francisco Cavalli, de una agencia inmobiliaria particular, un funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazi que realizó un avaluó comercial también por debajo del precio real y también deberá responder la depositaria de las fincas, Liliana Barrios.

Los bienes mencionados pertenecientes a las familia Nasser Arana pertenecían a la sociedad Promocon Ltda., creada por la familia para que funcionara como inmobiliaria y administradora más de 540 propiedades de la familia en una zona de alto valor residencial y comercial en Barranquilla. Entre las propiedades había centros comerciales, oficinas, apartamentos, parqueaderos y las casas de mayor valor, algunas de las cuales quedaron en manos de otras familias políticas de la ciudad.

El exdepositario de la DNE, el exfiscal antimafia Camilo Bula Galiano, quien se acogió al principio de oportunidad, ha mencionado al exdirector de la DNE Carlos Albornoz y ha pedido que verifiquen la relación de este con una compradora de bienes llamada Isabel Cristina Vega, relacionada con negocios de las fincas Casablanca y Cuba.

Una vez conocida la imputación, los involucrados deben presentarse a la Fiscalía para hacer los descargos; después viene la formulación de cargos, resolución de situación jurídica y etapa de juicio, que de acuerdo con los cálculos podría estar empezando entre 30 y 45 días, uno de los juicios más esperados por la cantidad de políticos, empresarios y funcionarios de alto nivel que se habrían beneficiado ilegalmente con la administración y ventas de bienes incautados al narcotráfico.