Caso Hidroituango: exalcalde de Medellín no aceptó cargos

Como lo anticipó el fiscal Francisco Barabosa, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, fueron citados a imputación de cargos por las presuntas irregularidades en contratos celebrados en la construcción de Hidroituango. Sin embargo, el primero en cumplir la cita fue el exalcalde, que no aceptó responsabilidad.

En la misma imputación, la Fiscalía reseñó la participación que tuvo el entonces el gerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio y el gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada. Para la Fiscalía hubo una serie de irregularidades en la firma de un millonario contrato que derivó en la imputación que ahora se presentó ante un juez de control de garantías.

En la audiencia, la Fiscalía expusó el material probatorio en contra del exalcalde y los dos exfuncionarios, por las presuntas irregularidades en la firma del contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), cuyo objeto fue la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la generadora hidroeléctrica Pescadero – Ituango.

“La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA) participaron directamente en la celebración y trámite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP)”, dijo la Fiscalía.

En total fueron tres líneas de investigación las que indagó la Fiscalía en este proceso. La primera, está relacionada con el contrato BOOMT; la segunda, en el sistema auxiliar de desviación del Río Cauca y construcción de un tercer túnel, que, en criterio de los fiscales anticorrupción, se tramitó sin autorización de modificación de la licencia ambiental, como se lo había exigido el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

“El material de prueba da cuenta de que, con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada”, advirtió la fiscal del caso.

La tercera línea de investigación está en “las demoras en la entrada de operación de Hidroituango por cambios en los diseños, retrasos en la contratación y ejecución de las obras, problemas geológicos y geotécnicos no detectados en los estudios técnicos previos”.

Cuando le preguntaron al exalcalde Alonso Salazar si aceptaba cargos, primero los negó, como también lo hicieron los otros dos procesados, luego aseguró que lo están investigando por ser alcalde y ejercer sus funciones a cabalidad, en beneficio de la comunidad. De ahí que advierte muchas dudas en el proceso.

“La Fiscalía desconoce la autonomía de las Empresas Públicas de Medellín, las funciones específicas del alcalde, me asigna presencia en hechos en los que yo nunca estuve, atribuye influencia en el nombramiento del gerente de Hidroituango, cuando eso era competencia de la gobernación de Antioquia, tengo muchas dudas y preguntas pero sé que este no es el momento”, dijo el exalcalde Salazar.

La Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento en contra del exmandatario, ni los dos funcionarios vinculados a la investigación, tras considerar que los elementos de prueba ya fueron recaudados y no representan un peligro para la sociedad o para la investigación.