¿Quién gana y quién pierde en el caso Pretelt?

Se espera que esta semana la plenaria del Senado defina si el magistrado Jorge Pretelt es digno o no de pertenecer a la Corte Constitucional y si debe ser juzgado por un supuesto acto de corrupción. Aunque la decisión parezca desdecir de la impunidad que históricamente dejó acumular la Comisión de Investigación de la Cámara, el caso parece haber dejado muchos más derrotados que tratan de hacer un mea culpa.

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El magistrado podría convertirse, después del general Gustavo Rojas Pinilla, en el segundo alto dignatario del Estado que pierde su fuero jurídico ante el Congreso de la República. Sin saberse aún si el togado cometió o no un delito, su caso deja en evidencia notorios déficit en el funcionamiento del poder judicial, pero también impulso algunos cambios significativos y provechosos.

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Desde febrero del 2015 el país conoció las acusaciones contra Pretelt, gracias a una denuncia que interpuso el magistrado Mauricio González ante la Comisión de Investigación de la Cámara, en la que explica lo que supo de la supuesta exigencia de 500 millones de pesos que su colega habría hecho a la empresa Fidupetrol para salvarla de una sanción pecuniaria de 22.000 millones de pesos que les impuso la Corte Suprema.

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Tanto González como el acusado hicieron sus descargos ese día ante la Comisión de Investigación, pues el abogado Víctor Pacheco aseguraba que la intención de Fidupetrol, a través de su apoderado Rodrigo Escibar Gil, era asegurarse de que Pretelt y González apoyaran los intereses de la empresa demandante.

Al final, esa célula legislativa y la Fiscalía señalaron que Jorge Pretelt había solicitado a Víctor Pacheco que la firma del mercado de los hidrocarburos le pagara 500 millones de pesos para salvarse de la multimillonaria sanción que le impuso la Corte Suprema.

El escándalo no se hizo esperar. Las denuncias contra este magistrado pusieron en el ojo del huracán a sus demás compañeros y el prestigio institucional de la propia Corte. A Pretelt lo sacaron de la Presidencia y sus colegas hicieron lo imposible para convencerlo de renunciar, mientras la prensa registraba día a día las visitas de abogados con procesos en las altas cortes a los responsables de resolverlos.

Las importantes decisiones de los órganos de cierre de la justicia en defensa de los derechos fundamentales de los colombianos pasaron a un segundo plano, pues las opiniones de muchos comentaristas generaron que los usuarios de justicia percibieran a las cortes y a sus magistrados como instituciones y personas fácilmente corruptibles.

Ahí llegó el momento de aplicar las máximas del entrenador de fútbol Francisco Maturana como una certeza filosófica indestronable. La derrota de la Corte Constitucional por estos hechos que minaron la confianza del ciudadano ante ella fue una victoria a la hora de tomar medidas correctivas para hacer más eficientes, y sobre todo transparentes, todos sus procesos.

El alto tribunal decidió cambiar este panorama que le dejaba un saldo en rojo a través de un nuevo reglamento que estableció rígidos términos para resolver recursos en el menor tiempo posible y para hacer de los casos de selección de tutela un procedimiento abierto que el público, la prensa y el Ministerio Público pueden seguir en casi todas sus instancias.

Además, las denuncias de la prensa advirtiendo que no sólo Pretelt sino otros magistrados recibían visitas de abogados que llevaban procesos en los órganos de cierre de la justicia permitieron que esta corporación jurídica prohibiera a sus integrantes sostener este tipo de encuentros y se establecieron controles para evitarlo.

Con el paso del tiempo y gracias a las cifras, que revelan un incremento en la productividad y una disminución en el tiempo de las actuaciones judiciales, es evidente que el golpe de opinión que sufrió esta rama del poder con el surgimiento del escándalo terminó comprometiendo mucho más a la Corte en su deber de atender rápida y decorosamente con la demanda del ciudadano.

Además, el hecho de que este tribunal haya optado por hacer de la diligencia un procedimiento mucho más visible y fiscalizable les impide, o al menos les dificulta, la tarea a quienes quieran convertir la magistratura en un instrumento de corrupción o en una excusa para satisfacer intereses particulares de manera irregular.

Esa es la parte positiva de toda esta novela que muchos han ignorado, pero que se puede comprobar muy fácilmente al comparar los datos estadísticos de la Corte. Sin embargo, negar esa parte que golpea la imagen del poder jurisdiccional también sería tratar de ocultar el sol con un dedo.

Primero, es válido preguntarse si la decidida intención de los congresistas de acusar a Jorge Ignacio Pretelt parte de una sana intención de borrar el manto de impunidad que ha dejado cosechar siempre la Comisión de Investigación de la Cámara o si también tienen allí parte los deseos de conveniencia política para la coalición del Gobierno en el Congreso.

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Es cierto que desde hace tiempo varios de los compañeros del jurista y otras personalidades dentro de la comunidad jurídica han expresado su desconfianza hacia las actuaciones de Jorge Pretelt, pero no es menos cierto que se trata del magistrado más visiblemente allegado al uribismo y que los santistas podrían ver en él una amenaza al proceso de paz y otros proyectos que deben pasar por la mano de la Corte. Pretelt también se ha convertido en el magistrado opositor a las sentencias más progresitas de la Corte Constitucional, como el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia. Quienes manejan ese tipo de suspicacias tampoco estarían pecando de hilar demasiado delgado.

Por eso, es difícil saber si el caso Pretelt es un repentino despertar de los congresistas para impedir que funcionarios aforados actúen bajo la más infame impunidad o si se trata de una acción retaliativa por las posiciones jurídicas que ha defendido este magistrado.

Además, no deja de generar suspicacia el hecho de que la Fiscalía haya insistido tan vehementemente en la responsabilidad de Pretelt, cuando no tiene ninguna competencia en esa materia. Adicionalmente, muchos se preguntan por qué la Corte esperó tanto tiempo para expresarle a la opinión y a la justicia la desconfianza que tenían hacia uno de sus integrantes.

Lo único que espera el ciudadano es que los encargados de examinar la inocencia o culpabilidad de este miembro de la Corte lo hagan con total imparcialidad, de manera pronta y que los colombianos puedan ver el final de esta novela con una mejor perspectiva en el funcionamiento de la rama jurisdiccional.