Caso Santo Domingo: ¿Se abre un nuevo capítulo?

En julio del 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer una noticia histórica. Informó que el Estado colombiano sería juzgado por el bombardeo a Santo Domingo (zona rural de Tame, Arauca). Entre varios puntos, la CIDH consideró, para su decisión, que el Estado promovió la impunidad con sus actuaciones posteriores a la masacre, entre ellas permitir que la investigación estuviera a cargo de la Justicia Penal Militar.

El país recuerda los hechos. El 13 de diciembre de 1998, hombres de la unidad de combate número 1 de la Fuerza Aérea, también conocida como Palanquero, se encontraban en un operativo contra una columna de las FARC que hostigaba el oleoducto Caño Limón-Coveñas, muy cerca de Santo Domingo. Los guerrilleros, en su retirada, habrían ingresado al poblado tratando de camuflarse entre los civiles.

Posteriormente, una gran explosión sacudió el pueblo. Dejó 17 muertos, entre ellos algunos niños. El entonces comandante de la FAC, Héctor Fabio Velasco, dijo inicialmente que había sido una bomba detonada por las FARC la causante de los destrozos. Sin embargo, desde el comienzo la versión generó dudas, pues testigos aseguraron que la explosión fue causada por ataques desde un helicóptero.

Luego el FBI determinó que el artefacto lanzado desde el helicóptero fue una bomba tipo cluster o racimo. Desde entonces la versión comenzó a evolucionar y el tema se convirtió en uno de los hechos más controvertidos y difíciles de explicar para las autoridades colombianas.

Después de más de tres años del hecho, el gobierno estadounidense aseguró que tenía grabaciones entre los pilotos, que habían sido eliminadas del expediente, que podían demostrar la culpabilidad de la FAC. El general Velasco renunció a su carrera militar y fue absuelto de cualquier responsabilidad.

Sin embargo, en una sentencia (de segunda instancia) proferida por el Tribunal Superior de Bogotá fueron condenados el capitán (r) César Romero (piloto) y el teniente Johan Jiménez (copiloto) a 30 años de prisión por el homicidio de 17 personas y lesiones dolorosas de otras 21 (varias mujeres y niños). En el 2009 fueron involucrados en el proceso el mayor Germán Lamilla y el coronel Sergio Garzón (FAC). Ellos en la actualidad están siendo investigados.

Y esta semana, horas antes de que Colombia presente ante la CIDH los argumentos de la defensa frente al hecho, los abogados de los condenados e involucrados destaparon lo que según ellos puede darle “un vuelco total al caso”. Se refieren a una sentencia de enero del 2011 del Juzgado penal del circuito especializado de Arauca, que condenó a 53 años y 17 meses de prisión a Germán Suárez Briceño, miembro de las FARC y conocido con el alias de ‘Grannobles’.

Justamente la defensa de Colombia incluirá la condena ante la CIDH.

¿Qué puede cambiar en el proceso?

¿Por qué si la sentencia es de hace un año, hasta ahora la dan a conocer? “Fue una sorpresa (...) la encontramos sin querer, una búsqueda en google nos llevó al documento. Al conocerla nos dimos cuenta de la importancia que tenía para el caso”, dice el abogado de los uniformados condenados, Fernando Vargas.

Según él, la sentencia contra ‘Grannobles’ demostraría que hubo un montaje para culpar a los miembros de las FAC por los dramáticos hechos de Santo Domingo. “Si ya hay cosa juzgada no cabe condena contra los miembros de las FAC (...) es claro que lo que mató a los civiles fue un carro bomba. Las pruebas fueron manipuladas”.

No muy diferente opina el coronel Jiménez. Según él, “hay un claro interés de representantes de víctimas que buscan culpar a miembros de las FAC (...)”. Para el mayor Lamilla “lo importante es que se pueda demostrar la inocencia de quienes han sido procesados por este caso”.

Para Tito Augusto Gaitán, abogado representante de las 17 víctimas civiles del caso, “intentar darle una validez judicial a la sentencia contra ‘Grannobles’ en el proceso de los miembros de las FARC es una aberración”. Gaitán argumenta su posición al asegurar que el juez de Arauca debió someterse a lo que señaló el pliego acusatorio, que en este caso no estaban relacionadas con la muerte de los civiles, sino de los militares.

“Son actuaciones diferentes, el juez no puede incluir, de la noche a la mañana, personas que no hubieran sido mencionadas en la acusación de la Fiscalía”, dice el abogado, quien lleva acompañando el caso Santo Domingo desde el principio.

Rafael Barrios, otro de los abogados representantes de víctimas, dice que la intención de la defensa de los uniformados de las FAC en mostrar en este momento una sentencia de hace más de un año es “desviar la investigación, hasta ahora las pruebas han demostrado su culpabilidad, tanto que el caso llegó a la CIDH. La decisión del juzgado de Arauca, aunque está en firme, no tiene sustento probatorio (...) Es una cortina de humo, pero estamos seguros que en nada va a afectar el proceso internacional”.

Barrios recuerda dos decisiones sobre el caso que se dieron el año pasado y que demostrarían que el proceso de ‘Grannobles’ nada tiene qué ver con el proceso de los miembros de las FAC. “En enero (2011) se condenó a ‘Grannobles’ y en julio el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra dos oficiales (...) Son sentencias que se emiten en dos procesos distintos. Son dos casos distintos. Uno tiene que ver con el guerrillero de las FARC y el otro con los miembros de la fuerza pública”, advierte el jurista.

El debate está abierto. Y mientras el proceso está en casación, la defensa de los implicados insiste en decir que la condena a ‘Grannobles’ servirá para demostrar su inocencia. Por su parte, los representantes de las víctimas señalan que dicha sentencia solo tiene un impacto mediático, porque el jurídico ­-dicen- no va a prosperar.

Lo cierto es que este viernes, Colombia llevará a la CIDH la sentencia contra el guerrillero como una de sus armas de defensa.