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Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich | Foto: Juan carlos sierra - semana

JUSTICIA

Los cuatro abismos de Santrich

Estos caminos culebreros esperan al exlíder de las Farc. Cada uno de ellos tiene sus propias consecuencias.

26 de mayo de 2019

El caso de Jesús Santrich pasa por un complicado limbo jurídico, atravesado por poderosas fuerzas políticas. No hay precedente judicial para esta situación ni es claro hasta dónde están dispuestas a ir las partes enfrentadas, por lo que resulta complicado predecir el desenlace. En la baraja de posibilidades al final aparece, incluso, una tragedia griega. Pero sí es seguro que, pase lo que pase, la resolución del caso tendrá un fuerte impacto en el proceso de paz, en la agenda del Gobierno nacional, en la armonía entre los poderes públicos y hasta en las relaciones con Estados Unidos.

Contexto: Santrich atrapado sin salida

Hay al menos cuatro grandes caminos por los que puede avanzar el accidentado proceso del exjefe guerrillero, recapturado en la puerta de la cárcel luego de que la JEP ordenó no extraditarlo y ponerlo en libertad. Pero la situación es tan compleja que el desenlace podría llegar con varias opciones. Estos son los más probables escenarios para Jesús Santrich, las implicaciones y la probabilidad frente a cada uno.

1. Extraditado a Estados Unidos

Hay dos formas de extraditar a Santrich: a la brava o con el debido proceso. La primera implicaría un golpe de mano del presidente Iván Duque a la institucionalidad, para simplemente poner al exguerrillero en un avión y sin más enviarlo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que lo reclama. Significaría el acabóse de las relaciones entre el Ejecutivo y la rama judicial, pues el Gobierno se saltaría a la JEP, a la Corte Suprema –que debe también conceptuar sobre el pedido de la Justicia gringa– y a la Corte Constitucional –que ha fijado los pasos para agotar al tramitar extradiciones de excombatientes que han firmado la paz–.

La vía del debido proceso implica agotar la instancia de la Sección de Apelación de la JEP para ver si esta revoca o confirma el fallo de la semana pasada. La Procuraduría pidió que esa segunda instancia tenga en cuenta tanto la nueva declaración de Marlon Marín contra Santrich como el polémico video filtrado justo después de que la Sección de Revisión profirió el fallo que negó la extradición y ordenó la libertad del exguerrillero. No será fácil que incluyan el video, pues tanto la Fiscalía como Estados Unidos se han negado a aportarlo al proceso. Y de hacerlo tendrían que explicar la legalidad del procedimiento con que la DEA consiguió ese elemento probatorio.

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Pero los magistrados de apelación deben tener en cuenta, además de otros argumentos de la Procuraduría, los dos salvamentos de voto de las magistradas derrotadas en primera instancia. Uno de estos señala que debieron practicar otras pruebas, distintas, para dilucidar el asunto, y el otro alega que con el indictment de Estados Unidos es suficiente para dar luz verde a la extradición. Si la JEP en su veredicto resuelve levantar la garantía de no extradición, el asunto pasaría a la Corte Suprema para que analice no solo requisitos formales, sino la conveniencia de entregar a Santrich en el contexto del acuerdo de paz y frente al derecho a las víctimas de que este les responda.

Sin importar por cuál vía se abra paso a la extradición, es probable que finalmente esta no se concrete, ya que el exguerrillero ha dejado saber que acabará con su vida antes. Cuando lo capturaron, en abril de 2018, protestó con una huelga de hambre que lo puso en cuidados intensivos. Y la semana pasada, ante el rumor de que lo extraditarían, decidió cortarse las venas y fue necesario, nuevamente, hospitalizarlo de urgencia. Es claro que frente a la inminencia de que definitivamente lo entreguen a la Justicia de Estados Unidos, Santrich optaría por suicidarse. Esa especie de tragedia griega pondría en aprietos al Gobierno nacional.

Probabilidad: media

2. En libertad y en el Congreso

Si los abogados de Santrich lograran que recupere la libertad, seguramente él de inmediato se iría al Congreso para posesionarse y así, aforado como representante a la Cámara, saldría de la órbita de la Fiscalía. Su expediente ante la justicia ordinaria por hechos posteriores a la firma de la paz pasaría a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente, ese alto tribunal en los próximos días tendrá que decidir el conflicto de competencia que planteó la defensa de Santrich, luego de que la Fiscalía lo recapturó para imputarle cargos y para pedirle al juez enviarlo a prisión preventivamente mientras avanza el proceso.

Esas audiencias quedaron en suspenso mientras Santrich aguarda en un calabozo de la Fiscalía. Sus abogados dicen que sin haberse posesionado ya tiene fuero. La Fiscalía, en cambio, sostiene que sí tiene total competencia porque se trata de un proceso distinto al trámite de extradición ante la JEP. Y que quienes planean ser congresistas no gozan de fuero: solo los que efectivamente lo son.

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Aunque nadie lo dice de frente, el Gobierno y los opositores al proceso de paz temen que Santrich en libertad se una a Iván Márquez en la clandestinidad y burle su comparecencia no solo ante la JEP, sino frente a los tribunales ordinarios, aquí y en Estados Unidos. Santrich y Márquez son amigos entrañables y ambos han sido los exjefes guerrilleros que más han criticado el devenir del proceso de paz. En efecto, ambos alegan que el Estado traicionó lo acordado y que cometieron un error al abandonar las armas.

Probabilidad: baja

3. Ante la JEP

Mientras Jesús Santrich permanezca en la Justicia Especial para la Paz, los delitos cometidos durante el conflicto armado seguirán bajo su competencia. En esta jurisdicción hasta ahora no existe un incidente de incumplimiento en su contra, y por eso se entiende que continuará respondiendo por los casos en que lo requieran. Su nombre, por ejemplo, aparece vinculado al caso 001 por la historia de secuestros sistemáticos cometidos por las Farc. Por su proceso en la JEP, Santrich no tiene ninguna orden de privación de la libertad. De estar en la calle solo tendría la restricción de no salir del país sin permiso. La ley, sin embargo, habilitó que la justicia ordinaria procediera en simultánea con los procesos necesarios por delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz. Y por ello el caso Santrich pone a prueba el sistema.

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Existe un enorme vacío legal frente a la coordinación de dos jurisdicciones que tienen competencia sobre un excombatiente. En este contexto hay varios conflictos. Por ejemplo, quién autoriza su traslado desde la cárcel para una diligencia a la JEP, como la citada para el pasado 22 de mayo, que tocó posponerla. Quién decide el lugar de la privación de la libertad. O quién concede los permisos necesarios para cumplir las medidas de reparación impuestas por la justicia especial. La ley no establece una jurisdicción prevalente ni cuál tendrá la última palabra ante los interrogantes del procedimiento.

Probabilidad: media

4. Preso en Colombia

El acuerdo con las Farc dejó en claro que ningún excombatiente que comparezca ante la JEP puede resultar extraditado por hechos previos a la firma de la paz. Y que la reincidencia o los nuevos delitos corresponderían a la justicia ordinaria. En ese caso la JEP –ante una captura con fines de extradición– solo podría revisar que esas conductas hayan tenido lugar después del acuerdo. Pero no quedó claro qué hacer cuando la justicia ordinaria captura –sin fines de extradición– a un compareciente ante la JEP por supuestos actos posteriores a la firma. En ese limbo quedó Santrich tras su recaptura. El exguerrillero tiene un pie en la jurisdicción para la paz y otro en la ordinaria, mientras Estados Unidos sigue reclamándolo.

La nueva captura se basa en una declaración de Marlon Marín, quien luego del fallo de la JEP le aseguró a la Fiscalía que no se sentó con el exguerrillero para conversar sobre proyectos productivos, sino para cerrar un negocio de 10 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos. La detención prolongada de Santrich en Colombia implicaría un desgaste permanente para la JEP, pues por cuenta del famoso video la opinión pública asume que este sí estaba en un negocio de narcotráfico y que, a pesar de eso, negaron la extradición.

Pero a mediano o largo plazo la detención en Colombia de Santrich podría redundar en que salga expulsado de la JEP. Esto ocurriría si, por ejemplo, la Corte Suprema o la Fiscalía –quienquiera que sea competente– avanza en la investigación y establece que el exguerrillero sí estaba en negocios con narcos. Ante eso perdería la garantía de no extradición que le otorga el acuerdo. Pero si las pesquisas en Colombia demuestran que Santrich no reincidió, la JEP se vería fortalecida, pues habría evitado extraditar injustamente a un ciudadano. La investigación de la justicia ordinaria en Colombia también podría avanzar con Santrich en libertad. Lo único seguro, con cualquier resultado acá, es que el proceso en Estados Unidos jamás caducará, como afirmó el embajador Kevin Whitaker.

Probabilidad: alta