Casos

Itagüí, una cárcel para delinquir con toda seguridad

Un caso, entre muchos, de bandidos que mandan tras las rejas

Fabio Edinson Gómez Ruiz, alias Riñón, uno de los jefes de la Oficina de Envigado, fue condenado, en 2009, por varios homicidios, a 17 años de prisión y recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, pero consiguió, a fines del año pasado, ser trasladado a la de Itagüí, 'su' municipio. Poco después, en el marco de una investigación contra su estructura, la Fiscalía 27 de la Unidad de Bandas Criminales descubrió decenas de grabaciones que demostraban que el capo no solo había pagado por ese traslado, sino que en Itagüí, con la complicidad de varios guardias, Riñón seguía recibiendo tras las rejas el dinero de extorsiones y vacunas. Cuando la Sijín y un grupo especial del Inpec allanaron su celda, encontraron dos BlackBerry, una cámara digital, tres módems de internet, dos computadores portátiles, tres memorias USB, tres iPod, un radio cargador y otros 27 celulares, 43 baterías, 32 cargadores y 54 tarjetas SIM. Despliegue de electrónica -con el que Riñón seguía mandando desde la cárcel- ingresado gracias a la ayuda de la guardia.

Pero Riñón no era el único amigo de los guardias. En el marco de la misma investigación se descubrió que otros cuatro jefes de una facción rival a la suya dentro de la Oficina de Envigado también habían convertido la cárcel en una central desde donde coordinaban todo tipo de crímenes. En las celdas de tres de ellos, José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Daniel Alejandro Serna, o Kener, y Hernán Darío Giraldo, conocido como Cesarín -todos cabecillas de primera fila en el mundo del crimen organizado paisa-, se descubrió un sinnúmero de celulares y aparatos de comunicación. El otro personaje era Alirio de Jesús Rendón, el Cebollero, uno de los hombres con mayor poder criminal de Medellín. Estos cuatro 'presos' conseguían celulares y la entrada de sus lugartenientes a la cárcel, con la complicidad de la guardia, cuyos miembros, además, les servían de correos con el mundo exterior.

Riñón y sus cuatro rivales están de vuelta en cárceles de alta seguridad y varios comandantes, guardias y directivos de Itagüí, bajo investigación. Sin embargo, a estas alturas, aún no se sabe quién y cómo dentro del Inpec autorizó el traslado del primero a una cárcel que, en realidad, debería tener a la entrada un letrero que dijera: "Itagüí, una cárcel para delinquir con toda seguridad".

¡Extorsión, fir...!

Una de las pocas condenas contra miembros de la guardia

Los casos de miembros de la guardia del Inpec condenados por irregularidades se cuentan con los dedos. En uno de ellos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello condenó, en enero pasado, a veinte años de prisión al teniente del Inpec Luis Enrique Murallas, por 15 delitos de concusión, 24 de falsedad ideológica en documento público y nueve de fraude procesal. Una investigación de dos años de la Fiscalía en la cárcel de Bellavista descubrió que, por años, el teniente, uno de los rangos más altos del Inpec, y dos dragoneantes cobraron entre uno y tres millones de pesos a los presos por ayudarles a certificar beneficios para reducir penas sin cumplir los requisitos, falsificando las resoluciones necesarias. A quienes no les pagaran, aunque cumplieran los requisitos, los excluían. La reducción de penas en Bellavista pasaba, pues, literalmente, por el bolsillo de un teniente del Inpec. En agosto de 2010, Jesús Salvador Restrepo, quien había quedado en libertad y era uno de los testigos claves de las extorsiones de Murallas y sus cómplices, apareció muerto. Aún se investiga quién lo mató.

El supermercado de Los Rastrojos

Tres guardias y dos presos vendiendo de todo

El pasado 18 de mayo, el DAS y la Fiscalía terminaron con un lucrativo negocio que alias Perro y Úsuga, dos jefes del grupo narcotraficante Los Rastrojos, habían montado con tres guardianes en la cárcel de Puerto Berrío, Antioquia. Los hombres del Inpec se contactaban con los socios de los presos, que les proveían celulares, drogas, armas y licores, los cuales eran vendidos en el establecimiento por Perro y Úsuga. Este peculiar supermercado tras las rejas marchaba viento en popa, pero, a comienzos de mayo, los dos 'rastrojos' decidieron que era hora de volver a trabajar por fuera y planearon su fuga. Tres millones de pesos y una moto eran parte del pago a uno de los guardianes que los iba ayudar y que ya les había entrado a sus celdas elementos para el escape. El plan se frustró debido a una investigación que el DAS venía adelantando, gracias a la cual se logró capturar a los tres funcionarios cómplices y se trasladó a los dos jefes de bacrim a cárceles de máxima seguridad.

La corrupción o la vida

Extraños asesinatos de guardianes

El precio de no ser corrupto en el Inpec puede ser extremo. En los últimos dos años, ocho guardianes han sido asesinados en extrañas circunstancias. Según las investigaciones de la Fiscalía, en al menos cuatro de esos casos podrían estar involucrados funcionarios de la propia guardia. El común denominador tendría que ver con el hecho de que algunos de los asesinados no se prestaron a actos de corrupción en los que estarían involucrados compañeros suyos y delincuentes, y los denunciaron. En enero, en el sur de Bogotá, sicarios mataron a Jairo Velosa, comandante del Pabellón de Alta Seguridad de La Picota. Velosa había reemplazado al cabo Jaime Guerrero González, suspendido por permitir el ingreso ilegal de una mujer a la celda de Dumar de Jesús Guerrero Castillo, alias Carecuchillo. La hipótesis más fuerte de la Fiscalía indica que la causa del homicidio es que, tras el escándalo, Velosa impuso una estricta disciplina y no cohonestó las propuestas de paras y compañeros suyos. El 20 de abril, en Montería, sicarios asesinaron al guardián William Sánchez cuando salió de prestar servicio en la cárcel Las Mercedes de la capital cordobesa. Sánchez habría denunciado los negocios e irregularidades cometidos en ese penal por exparamilitares y miembros de bacrim junto con funcionarios del Inpec.

El señor de la comida

¿Alimentación de dudosa contratación?

Quinientos veintiocho mil millones de pesos. Eso vale al año alimentar a los internos de las cárceles del país, proceso que se hace por contratación. Hasta hace poco, y durante varios años, uno de los mayores contratistas, con cerca del 12 por ciento del total, era Francisco Sandoval, cuya empresa proveía los alimentos de los penales de Mocoa, Popayán, Leticia, Cáqueza, Ubaté, Villeta, Espinal y el Líbano, entre otros. El año pasado, la columnista de El Tiempo Salud Hernández y el diario El Nuevo Día de Ibagué denunciaron que Sandoval fue mencionado por varios paramilitares como patrocinador de esos grupos en el Tolima, en donde era conocido con el alias de Morrongo, y se le atribuía cercanía con el expresidente del Senado Luis Humberto Gómez Gallo, condenado por parapolítica. Aunque una investigación en su contra fue precluida en mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia pidió investigar a la fiscal 26 especializada de Ibagué, que tomó esa decisión. Hoy, la nueva administración del Inpec sostiene que su porcentaje en la contratación bajó al 0,64 por ciento.

La directora ardiente

No todo es plata

Un caso para los anales penitenciarios: al menos dos reclusos de una cárcel conseguían privilegios, no a cambio de dinero, como en toda cárcel colombiana que se respete, sino de hacer otros favores a la directora. Permisos para salir, trabajos especiales, rebajas de penas y cambios a mejores celdas, de los que disfrutaban un exconcejal y un exalcalde presos allí, no hubieran despertado sospechas en el peculiar mundo carcelario del Inpec si no fuese porque guardias y reclusos veían que la directora del penal pasaba largo tiempo en las celdas de uno y otro o los invitaba durante horas a su despacho. Sospechas que se vieron confirmadas con el hallazgo en una de las celdas de varias fotografías que la directora (SEMANA se reserva su identidad, así como el nombre de la cárcel) enviaba a sus 'preferidos', en las que ella aparece, como Dios la trajo al mundo, en las poses más sugestivas y con ardientes mensajes escritos al reverso. Hace dos meses, fue suspendida por una investigación administrativa que, curiosamente, nada tiene que ver con sus 'favores' carcelarios. ?

Para volarse también

Casos de guardias que facilitan fugas de alto perfil

La lista de fugas en los últimos dos años en las que se sospecha que no menos de veinte guardianes del Inpec habrían estado involucrados es tan larga como notable.

Septiembre de 2009. En una balacera en las afueras de la cárcel de Arauca, adonde había sido trasladado desde Cómbita, se escapó Pablito (Gustavo Quinchía), jefe del ELN. Los guardias que lo trasladaron estaban en la cafetería del centro penitenciario. Lo dejaron en custodia de compañeros suyos que no tenían cómo responder el ataque.

Febrero de 2010. La fuga de La Picota de dos exparamilitares de alta peligrosidad, Dúmar de Jesús Guerrero Castillo, alias Carecuchillo, y Rahumir Rodríguez Trujillo, Tribilín, le costó la renuncia a la entonces directora del Inpec, Teresa Moya. La guardia de turno está investigada, ya que los paras contaron con ayuda para salir de sus celdas, del pabellón, cruzar el campo de fútbol, cortar la reja y alcanzar la calle. Fueron recapturados días después.

Noviembre de 2010. El exparamilitar Andrés Palencia, alias Visaje, viajó de Cúcuta a Montería para una diligencia judicial. Los dos guardias que lo acompañaban afirmaron que hombres armados los interceptaron y se llevaron al recluso. Días después se conocieron varios videos donde se ve que Visaje llegó al aeropuerto de Montería sin estar esposado y los dos guardianes parecen más sus escoltas que sus custodios. En las imágenes se ve cómo el exparamilitar aborda un taxi en la terminal aérea y se va ante la mirada complaciente de sus guardias, que solo avisaron de la fuga a las 11:00 de la noche.

Abril de 2011. Personal del Inpec trasladaba desde un municipio en Bolívar hacia la cárcel Modelo en Barranquilla a Juan Borré, alias Javier, jefe de Los Rastrojos en esa zona. El preso viajaba sin esposas y chateaba tranquilo en su BlackBerry. Al llegar a Soledad, los guardianes lo dejaron bajar del vehículo, con la excusa de recoger algo. Cuando lo hizo, varios hombres dispararon desde motos y lo rescataron.
 
Se certifica trabajo y estudio

Falsas constancias para descontar penas

En los próximos días, la Fiscalía imputará cargos contra cuatro exdirectores, cuatro oficiales, tres capitanes, un teniente y cuatro dragoneantes de La Picota por otorgar a varios parapolíticos presos certificaciones falsas de horas de trabajo y estudio para que consiguieran sustanciales rebajas en sus condenas. Al exsenador Ciro Ramírez, condenado a siete años y medio en marzo de este año, un juez le otorgó la libertad el 15 de junio por haber cumplido las tres quintas partes de su condena. El político estaba detenido desde febrero de 2008. Su salida fue tan rápida porque, según las constancias del Inpec, trabajó en la conocida granja de los parapolíticos e hizo estudios agropecuarios. Según la Fiscalía, esas certificaciones eran falsas. Ramírez salió de su sitio de reclusión en más de treinta oportunidades. En los días en los que no estuvo en la cárcel, en las minutas del Inpec figura como si hubiera trabajado por ocho horas en la granja. Entre el 4 y el 8 de enero de 2010, el exsenador consiguió permiso de un juez para recuperarse en casa de una supuesta cirugía, pero entre sus certificaciones de trabajo, por ocho horas diarias, figuran el 4, 5 y 6 de enero. Así, cualquiera sale de la cárcel. Y no es el único caso. Rebajas similares, con certificaciones de directivos y guardias de La Picota, a Guillermo León Valencia Cossio, Ferney y Dixon Tapasco y Luis Alberto Gil, entre otros, están en investigación.

¿Incomunicados?

A nadie se le niega una llamadita

Que en la cárcel los presos tienen celulares ya no asombra, pero inspecciones recientes arrojan cifras récord. En la de Santa Marta, en un allanamiento fueron incautados 201 celulares, 198 baterías y 200 cargadores; es decir, un celular por cada tres internos. En la de Espinal, Tolima, que tiene 160 internos, se encontraron 81 celulares, 74 baterías y 31 cargadores. ¿Incomunicados?

'Cuidando' a don mario

Guardias proponen a capo venderle ruta

Desde hace dos meses, la Fiscalía adelanta una investigación por la existencia de una red de narcotráfico en la cárcel La Picota en la cual estarían involucrados varios funcionarios de la guardia. Lo increíble es que quien prendió las alarmas es nada menos que Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, uno de los grandes capos del país, recluido en ese penal. El pasado 15 de junio, el narco denunció que el inspector del Grupo de Policía Judicial del Cuerpo de Custodia y Vigilancia había ingresado varias veces a su celda con el fin de proponerle la venta de una ruta para traficar cocaína. Inicialmente se consideró que podía tratarse de una maniobra del capo. Sin embargo, la investigación parece corroborar su versión. Varios videos de las cámaras de seguridad muestran que no habría sido uno sino varios los funcionarios que ingresaron irregularmente a la celda del capo para hacerle propuestas non sanctas.

Los suicidios de Barranquilla

Testigos claves aparecen muertos

El pasado siete de junio, Jhon Freddy González, alias Rosco, apareció muerto en su celda de la cárcel La Modelo de Barranquilla. Era un desmovilizado que había revelado la existencia de treinta predios en el nordeste antioqueño que estaban a nombre de testaferros de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, uno de los jefes del Bloque Central Bolívar, que denunció a notarios y alcaldes que participaron en la titulación fraudulenta de esos bienes, expropiados a campesinos de la región. Aunque se informó que se había suicidado, Rosco apareció ahorcado y con las manos atadas a la espalda, con lo que, obviamente, la Fiscalía descarta el suicidio. Este es el cuarto caso de testigos claves en procesos que se 'suicidan' en esa cárcel. Tras su muerte, 18 integrantes de la guardia fueron trasladados y están bajo investigación.

Guardias en acción

No solo los presos extorsionan

No se sabe quiénes pueden ser más peligrosos, si los presos o quienes los cuidan. Para la muestra, tres casos.

Jesús Botina, uno de los comandantes de la guardia de la cárcel de Pasto, fue capturado, el 4 de abril, cuando recibía dinero de una extorsión que venía haciendo a los reclusos. El guardia le había pedido a un preso usar a su hija, menor de edad, para ingresar droga al establecimiento, para que él y otros funcionarios la vendieran. Ante la negativa del interno a emplear a su hija para semejante labor, el guardián le puso como alternativa que debería entonces pagarle en efectivo el equivalente a la droga que se vendería. Al 'pobre' preso no le quedó otra que denunciarlo.

El 3 de abril del año pasado, ocho guardias de la cárcel La Ternera fueron capturados por ser los jefes de una banda de extorsionistas en Cartagena. Ingresaban celulares para diez presos que eran sus socios y a los que les suministraban los datos de las personas que había que extorsionar. Los detenidos llamaban, amenazaban, y los funcionarios del Inpec coordinaban con otras personas en el exterior, quienes recogían el dinero.

Un mes después, dos comandantes de guardia de la cárcel de Montería cayeron por otra modalidad. Los extorsionistas, internos en este caso, seleccionaban a sus víctimas a través de publicaciones de prensa, y los dos funcionarios les ayudaban a conseguir, fuera del penal, nombres completos, dirección de residencia, trabajo y propiedades de las víctimas. Con semejante inteligencia…

Me caí de la cama

Las demandas absurdas

De los 2.565 internos de la cárcel de Popayán, 2.400 han demando al Inpec, la mayoría, por motivos insólitos. En 2008, el preso Breiner Villarreal se cayó jugando fútbol con sus compañeros y tuvo una leve raspadura. Demandó al Inpec por 341 millones de pesos porque, según él, no lo atendieron oportunamente en la enfermería. Tres más instauraron demandas por sumas similares con al argumento de que sufrieron lesiones al caerse de las camas en sus celdas. Hace un año y medio, el Inpec tuvo que pagarle 51 millones, de los 238 que pedía, a un interno que se cayó en un corredor. A finales de 2010, el instituto se vio obligado a consignarle a otro reo 41 millones, de los 500 que pedía, porque se resbaló en las escaleras del penal. El Inpec ya está acostumbrado: el año pasado pagó 13.000 millones de pesos en demandas de ese tipo. Sin embargo, lo de Popayán es fuera de serie: no solo porque todas las demandas han sido instauradas por cuatro abogados de la ciudad, sino porque quienes impulsan y asesoran a los presos para hacerlo son guardianes del penal. Ellos convencen al interno, consiguen documentos para sustentar el caso, como constancias médicas, y los conectan con esos cuatro abogados.