“Un Estado autoritario accede a información pública para perfilar y hacer daño”

“En un Estado autoritario la información que debería ser pública, por ser del Estado, se mantiene en secreto y la que debería ser privada, por pertenecer a las personas, es controlada por el Estado. En un sistema democrático, la información del Estado es transparente y la de las personas es privada. ¿Qué hace el Ejercito colombiano recopilando y sistematizando información para perfilar personas que tienen actividades lícitas?”. Con estas palabras, la abogada Catalina Botero -quien defendió por seis años la libertad de expresión para los países miembros del sistema Interamericano- cuestionó las actividades de inteligencia realizadas sobre periodistas, abogados, líderes sociales y sindicales en Colombia.

Este nuevo escándalo revelado por SEMANA sacude a integrantes del Ejército que ordenaron y realizaron “perfilaciones” y trabajos especiales” a una lista de más de 130 víctimas. Lo hicieron desde algunos batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi).

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“¿Por qué el Estado recoge una información sobre unas personas que ejercen una labor que está protegida en la Constitución? ¿Para qué la sistematiza? ¿Por qué los perfila? Salvo que el Estado piense que están cometiendo delitos, en cuyo caso debe haber una causa criminal, esta actividades son ilícitas. Las víctimas tienen todo el derecho a pensar que el Estado está actuando de este modo para hacerles daño: para vigilarlos, para estigmatizarlos, para espiarlos, como ya ha pasado en este país. Nos deben una explicación”, cuestionó Botero. 

En contexto:

La actual decana de derecho de la Universidad de los Andes aseguró que es ilegal sistematizar esta información a través de sus organismos de inteligencia, así se trate de información pública y disponible en redes sociales.

“Supongamos que hay un empresario que no está de acuerdo con el Gobierno anterior, que no está de acuerdo con el proceso de paz y salió a marchar en una de las protestas que se hicieron. Supongamos que el Ejército le tomó fotos; hizo un expediente con su nombre y puso fotos de él marchando, las empresas de las que es propietario usando información que es pública en la Cámara de Comercio, incluyó información de su familia, sus hijos, su esposa. Es información que él ha puesto en sus redes sociales. Y adicionalmente, meten información de las personas con las que le gusta comer en un restaurante o al restaurante al que le gusta ir. El Estado lo único que está haciendo es capturando una información que se produce en la calle o terraza del restaurante, no está entrando a la habitación del señor para capturar una información ilícita. Y supongamos que sistematiza esta información, el nombre de a persona, su familia sus hijos. ¿Para qué hace el Estado esto? este empresario tiene todo el derecho de pensar que el Estado hace esto para hacerle daño”, concluyó haciendo énfasis en que alrededor de estas actividades tiene que existir una investigación y sanción a los responsables.

Oficiales a cargo de estas labores de inteligencia revelaron a SEMANA que perfilamientos, por ejemplo, al periodista del The New York Times Nick Casey, fueron ordenado porque consideraba que sus publicaciones tenían como objetivo hacerle daño a la institución y al general Nicasio Martínez, ex comandante del Ejército. Esta información habría sido usada a su vez para intentar desprestigiarlo.

“Resulta que la democracia se compone de personas que hacen cosas que le gustan y que no le gustan al Estado. La labor de Estado es protegerlas a todas”, precisó Botero. Insistió que en un Estado democrático la inteligencia se usa para prevenir o perseguir delitos, “no para espiar a las personas que dicen o hacen cosas con las cuales el Estado no está de acuerdo”.

Fuentes consultadas por SEMANA corroboraron que algunos de estos perfilamientos tuvieron como objetivo llegar a las fuentes de los periodistas, que a su vez constituían blancos de inteligencia por integrar grupos criminales. Así, por ejemplo, se hicieron trabajos de georeferenciación de las rutas por donde pasó la fotoperiodista Lynsey Addario, que el pasado mes de febrero publicó en la revista National Geographic, un reportaje fotográfico sobre el ELN realizado en Chocó.

“Cualquier actividad de inteligencia dirigida a identificar a una fuente viola los derechos de todas las personas a conocer información de interés público, además de violar los derechos del periodista que está haciendo el reportaje. Es gravísimo que el Estado utilice a sus organismos de inteligencia para identificar fuentes periodísticas”, indicó Botero. Para la exrelatora de la CIDH es claro que una actividad en esta dirección atenta contra la libertad de prensa consagrada en la Constitución y contra los tratados internacionales de Derechos Humanos.

“Si no protegemos de manera robusta la reserva de la fuente, nos quedáramos sin conocer mucha información que es de interés público. La mayor cantidad de escándalos en materia de corrupción y violación de Derechos Humanos que se produce no solo en Colombia sino en el mundo entero es gracias a que hay fuentes reservadas que permiten tener acceso a determinada información o confirmar una determinada información”, concluyó.

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