Cauca: ¿‘Plan pistola’ contra los indígenas?

Cuando el sol apenas se escondía en la vereda Bellavista del municipio de Orito (Putumayo), cerca de 15 motorizados, encapuchados, armados con fusiles y granadas irrumpieron en un resguardo indígena de manera salvaje.

Sin decir una palabra dispararon indiscriminadamente contra la caseta comunal, lanzaron granadas y luego le encendieron fuego. Durante el ataque, un maestro y un líder de esa comunidad que se encontraban en la sede comunal huyeron, sin un rasguño, pese a que les dispararon.

La incursión armada ocurrió el pasado jueves 7 de mayo y las víctimas de semejante ataque eran ocho familias indígenas de la comunidad nasa de Cauca, que fueron reubicadas en esa región del país.

Aunque en el atentado milagrosamente no hubo muertos ni heridos, la investigación preliminar de autoridades indígenas apunta a que se trató de una retaliación porque “nos oponemos a la llegada de petroleras a esta zona”, explicó Germán Valencia, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Lo alarmante es que ese no es el primer hecho de violencia en el que indígenas de esa etnia se ven envueltos. En el último mes se han registrado dos acciones criminales contra los nasa, con un saldo parcial de siete muertos, y en lo corrido del año ya se han presentado 25 asesinatos de indígenas en todo el país, que superan con creces los 20 crímenes perpetrados en todo el 2014.

Sumado a ello, entre los indígenas crece la versión sobre la existencia de un comando criminal que se moviliza en camionetas con vidrios oscuros y que estaría detrás de los homicidios. La denuncia está tomando tal magnitud, que esta semana el senador Luis Andrade radicó en el Congreso una constancia sobre esos hechos.

La historia de las camionetas ha sido relatada por testigos en dos casos de sangre. El primero ocurrió el 6 de febrero, cuando la comunidad nasa del resguardo Tóez, en Caloto, denunció la desaparición de dos indígenas corteros de caña que esa noche cumplían labores de guardia y control vial en el tramo Corinto-Caloto-Toribío.

Un par de días después, los cuerpos de los indígenas (Gerardo Velasco y Emiliano Silva) fueron hallados sin vida en bolsas plásticas, con señales de tortura, atados de manos y quemados. Aunque voceros de Ejército y la Policía desmienten la versión de las camionetas con vidrios oscuros en ese caso, líderes indígenas insisten en el relato.

Pero el fantasma del supuesto ‘comando de extermino’ volvió a aparecer en otra acción sangrienta. Esta vez sucedió en el resguardo indígena Cerro Tijeras, en Suárez, otro municipio del norte de Cauca pero sobre la Cordillera Occidental.

Allí fueron asesinados cinco miembros de una misma familia y el macabro hecho ocurrió el 14 de abril, el mismo día y muy cerca al sitio donde las FARC masacraron a los diez militares en la vereda La Esperanza, en Buenos Aires.

Testigos aseguran que tres de los integrantes de la familia Trochez fueron sacados a la fuerza por hombres armados, encapuchados y que se movilizaban en dos camionetas de color blanco y vinotinto, con vidrios oscuros.

Esa versión coincide con un dato de inteligencia militar, en el sentido de que ‘Chichico’, el temido cabecilla de la columna ‘Miller Perdomo’ de las FARC que emboscó y masacró a los diez militares, se mueve por la misma zona en dos camionetas de esos colores.

En ese caso hasta las propias autoridades indígenas no descartan que esa masacre pudiera ser un ajuste de cuentas relacionado con narcotráfico, ya que la región donde sucedió está plagada de cultivos de coca que controla esa estructura de la guerrilla. Y según la Policía, una de las víctimas de la familia Tróchez estuvo capturada en el 2014 al ser vinculada en el crimen de dos policías en la plaza principal de Suárez.

Más allá de darles crédito o no a esas versiones la realidad es que los indígenas, y en especial los nasa, son víctimas de acciones violentas que ocurren en un momento sensible, ya que son ellos quienes promueven la Minga que generó la ocupación de haciendas productivas en el norte de Cauca y lideran procesos de resistencia civil contra el narcotráfico y minería de grupos armados ilegales.

De ahí que no se descarta que esos crímenes sean retaliaciones de la misma guerrilla o bandas criminales, quienes creen que los indígenas podrían estar dando información a las autoridades. Esa versión surge porque desde el comienzo de este año el norte de Cauca específicamente viene siendo objeto de una arremetida y duros golpes de la fuerza pública contra estructuras que controlan cultivos de coca y minas de oro.

En esa misma línea surgió una investigación reciente que hizo el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). Allí el investigador Pablo Ortega planteó, entre otras, la posibilidad de retaliaciones contra algunos indígenas, ya sea por su presunta relación directa con el narcotráfico o como castigo ante posibles delaciones.

Al margen de la violencia contra los indígenas, el norte de Cauca viene padeciendo continuos hechos de violencia que, si bien aún no responden a un patrón, enturbian el ambiente de seguridad.

Por ejemplo, el pasado sábado 11 de mayo cuatro mineros artesanales fueron asesinados cuando compraban oro en una de las tantas minas ilegales que hay en Buenos Aires. Todos eran afrocolombianos y oriundos de otras zonas del país, y un testigo ya dio luces de lo que sucedió; “todo indica que los atacaron delincuentes comunes que sabían de la compra del oro”, dijo el coronel Iván Ramiro Pérez, comandante de Policía en Cauca.

Y en enero de este año fueron asesinados en Caloto el asesor jurídico de la alcaldía y un exconcejal. Para rematar, el pasado 4 de mayo atentaron contra el jefe de sistemas del municipio, a quien le arrojaron una granada en su casa que lo hirió a él y su esposa.

Es probable que ninguno de esos hechos responda a un patrón criminal, pero no se puede negar que los indígenas nasa, por ahora, son quienes aportan la mayor cuota de sangre en Cauca.