Cecilia Álvarez pasa de acusadora a acusada

Lo jurídico, a veces, se puede volver absurdo. Eso pasó esta semana cuando la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación preliminar contra la ministra Cecilia Álvarez. Se trataba, nada menos, de llevar al banquillo a un funcionario público por haber denunciado un supuesto caso de corrupción en un contrato de más de medio billón de pesos.

Los hechos son los siguientes. En 2012, el departamento del Magdalena abrió una licitación para construir una carretera (la Vía de la Prosperidad). La ministra tenía la convicción de que ese proceso estaba amañado y así lo hizo saber públicamente. En esa cruzada se reunió con el procurador, Alejandro Ordóñez, y la entidad posteriormente hizo una decena de observaciones respecto al contrato. Como el gobernador del Magdalena, Luis ‘el Mello’ Cotes, no acogió esas inquietudes y decidió continuar con la licitación, el Invías (que depende del ministerio) terminó unilateralmente el convenio con el que financiaban parte de la obra. Por cuenta de las irregularidades, el gobernador fue suspendido diez meses por la Procuraduría.

El lío no terminó ahí. Ambas partes acudieron a una tutela y dos jueces distintos dieron sentencias contradictorias. El caso llegó a la Corte Constitucional que ordenó reanudar la obra en 2014. La sentencia sirvió de base para que, en una segunda instancia, la Procuraduría absolviera al gobernador. El caso también es polémico en el alto tribunal y esta semana se conoció que se presentará una denuncia ante la Comisión de Acusaciones contra los magistrados que le dieron vía libre a la vía, Gabriel Mendoza y Jorge Iván Palacios. Supuestamente ambos se habrían reunido con los interesados en la construcción, uno de ellos el abogado Víctor Pacheco.

Así, la ministra pasó la semana pasada de acusadora a acusada. El caso se abrió porque hace dos años la Red de Veeduría Ciudadana interpuso una queja disciplinaria en su contra por cuenta de la polémica vía. En esta señala que la ministra “inició una enconada campaña de desprestigio contra la Gobernación del Magdalena, amañando situaciones y hechos para dar a conocer malintencionadamente supuestas malas prácticas contractuales”. Aseguran que esto y la terminación unilateral del convenio para financiar la carretera han retrasado la obra, puesto en peligro los recursos del Estado y afectado a la comunidad. Por todo esto, los quejosos consideran que Álvarez incurrió en un “abuso de poder”.

Según fuentes de la Procuraduría, la indagación contra la ministra corresponde a un trámite rutinario. Sin embargo, la acusación cayó mal pues no se entiende cómo el esfuerzo de un funcionario por defender los recursos del Estado pueda derivar en una sanción. “Si me destituye por eso será un honor porque yo sigo firme en que esa carretera no debía adjudicarse”, dice la ministra.

El proceso probablemente no llegará muy lejos. La indagación, un paso previo a la apertura de una investigación disciplinaria, no significa que esta se realice ni mucho menos que conduzca a un fallo condenatorio. Sin embargo, la actuación de la Procuraduría cayó en el momento y el lugar equivocados. Aunque los tiempos de las entidades públicas suelen ser lentos, no suena bien que una queja de 2013 se tramite justo cuando el procurador y el presidente Santos están enfrentados. La ministra Álvarez señaló que espera que la indagación no sea una “persecución política o un tema personal conmigo”.

Pero tampoco le quedó bien a la ministra emprenderla contra las procuradoras María Juliana Albán y Fanny González. La primera fue la que sancionó al gobernador en primera instancia, y la segunda, la que hizo las observaciones frente a la licitación de la vía. Aunque se refirió a ellas como “señoras dignas y funcionarias ejemplares”, pedir que las vincularan al proceso, cuando ambas son de dependencias distintas a las que le abrieron la indagación, fue mal recibido en el Ministerio Público. Tampoco cayeron bien sus frases de que “el procurador reza todos los días el rosario” y que por eso pide que “la Virgen lo ilumine”, pues agregaron un tinte ideológico innecesario y en una discusión que debería ser técnica en un proceso que no parece tener futuro.