CENSURA ESPECIAL

" A parte de ministro de Comunicaciones, usted es periodista. Por eso, cualquier decisión que tome cuenta con mi respaldo". Con estas palabras, dichas el miércoles al mediodía por el presidente Virgilio Barco a Carlos Lemos Simmonds, culminó la primera de las tres reuniones del alto gobierno y del Consejo Nacional de Televisión que concluyeron con la determinación de prohibir la emisión del programa Enviado Especial, de Germán Castro Caycedo, que pretendía presentar en tres entregas una especie de tete a tete entre el jefe de las FARC, Jacobo Arenas, y un tal Luis Ramírez, que se presentaba como jefe de las autodefensas del país.

Después de la reunión en Palacio, los funcionarios del gobierno con asiento en el Consejo de T.V., encabezados por Lemos y el secretario general de la Presidencia, Germán Montoya, continuaron debatiendo el asunto hasta consolidar una posición única que fue presentada en horas de la tarde, en una reunión del Consejo que se prolongó hasta pasadas las 7 de la noche hora y media antes de la fijada para la emisión del controvertido programa.

Las dudas sobre el contenido del Enviado Especial habían comenzado en la propia programadora RTI, cuyo presidente, Fernando Gómez Agudelo, las había analizado con Lemos.
Como consecuencia de estos contactos, Gómez le envió un mensaje al ministro el mismo miércoles, solicitando que la emisión fuera aplazada hasta que se analizaran claramente sus implicaciones. Para ese momento, ya el gobierno las tenia muy claras.
"Simple y llanamente--le dijo a SEMANA un alto funcionario que participó en las discusiones--no se podía permitir en horario triple A, y por una cadena nacional, la transmisión de un debate entre quienes bien pueden ser considerados como dos de los peores enemigos de las instituciones, como si se tratara de una confrontación de gran altura entre, por ejemplo, un dirigente textilero y uno algodonero, sobre la cuestión del precio de la fibra". Al fin y al cabo, las autodefensas --o paramilitares-trataron, hace tres semanas, de matar al jefe nacional de seguridad, el general Miguel Maza, y las FARC siguen boleteando y secuestrando, aparte de que están aliadas en la Coordinadora Guerrillera con el ELN, el grupo que con su política de atentados a la industria petrolera está perjudicando gravemente la economía nacional. Esto para no mencionar que el contenido de algunas declaraciones de Arenas y de Ramírez era fácilmente interpretable como abierta apología del delito. En un aparte de la entrevista, el supuesto jefe de las autodefensas reconocía, como si nada, haber "matado 400 comunistas", y agregaba que su organización pensaba matar muchos más.

Por todo esto la reacción a la medida del gobierno fue casi unánimemente favorable. Al final de la semana, no se habían presentado las habituales protestas de las agremiaciones periodísticas, ni mucho menos de los medios impresos o electrónicos. En el ambiente soplaba un aire de aprobación, relacionado evidentemente con el hecho de que tanto el público como los periodistas parecen estar hartos de los juegos publicitarios de los bandos comprometidos en la guerra que está desangrando al país desde hace varios años. Contribuía, sin duda, a esa aprobación el hecho de que la mordaza fuera aplicada por igual, en este caso, a los delincuentes de izquierda y de derecha, con lo cual nadie podía alegar "favoritismo".

Incluso SEMANA se enteró de que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de emitir una reglamentación para los medios electrónicos (radio y T.V.), en el sentido de prohibir la emisión de declaraciones de integrantes o representantes de organizaciones armadas fuera de la ley. La idea, al parecer, nació de la inquietud que generan no los llamados programas de opinión, que son pregrabados y cuyo contenido puede ser previamente analizado por el Consejo de T.V., sino los noticieros de radio y televisión, que se emiten en directo y sobre los que sólo podría haber medidas a posteriori. La iniciativa no alcanzó a obtener el consenso de los funcionarios del gobierno involucrados en la discusión, donde se impuso la fórmula de seguir buscando un acuerdo de autorregulación entre los medios. El problema es que este "acuerdo de caballeros" ha sido una y otra vez derrotado por el famoso síndrome de la chiva y el deseo de captar ratings, que a la hora de las decisiones se anteponen a cualquier consideración de inconveniencia. Curiosamente, hace pocos meses el propio Castro Caycedo fue uno de los más vehementes promotores de uno de esos frustrados pactos de autorregulación, a raíz del secuestro de Alvaro Gómez Hurtado.
Por todo lo anterior es altamente probable que, después de lo sucedido la semana pasada, a la autorregulación no le quede ya más de una oportunidad, antes que el gobierno, animado por el buen recibo que tuvo la determinación de prohibir la emisión del programa-debate entre las FARC y las autodefensas, se decida a cortar el problema de raíz, con severas normas de censura.-