Centro Democrático adelanta acciones legales para recuperar la revocatoria contra Daniel Quintero

Este miércoles, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera ponerle fin al proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero, el Centro Democrático se pronunció en rechazo a la determinación y anunció acciones legales para recuperar el trámite adelantado.

Por medio de un comunicado, el partido liderado por Álvaro Uribe Vélez dio a conocer su postura, en la que asegura que el CNE “ha violentado el derecho de más de 305.000 ciudadanos que firmaron para convocar a la ciudadanía para decidir sobre la permanencia del alcalde”.

“Este derecho es de origen constitucional y tiene que ser defendido. La ciudadanía no puede ser burlada”, agregó la colectividad.

Además, explicó las irregularidades por las que los promotores de la campaña, Andrés Felipe Rodríguez, Jorge Alejandro Posada, Luis Alfonso García, Jaime Gonzalo Torres y Julio González son ahora investigados.

“La supuesta irregularidad en la contabilidad del comité promotor de la revocatoria es un gasto que fue reportado como donación por error, lo que terminó precipitando un monto de 47.000.000 de pesos que en realidad era de 22.000.000 de pesos. Dicha imprecisión se puede corregir contablemente y así se hizo. Existen los soportes y extractos bancarios que demuestran que no era una donación, sino un gasto”, explicó el documento de la colectividad.

Según el partido, la suspensión del proceso de revocatoria por dicho error de contabilidad es “a todas luces inconstitucional”.

“Los trámites que corresponden al comité promotor no pueden ser superiores al derecho constitucional a la participación ciudadana”, aseveró.

Por estos motivos, el Centro Democrático anunció que adelantará “todas las acciones para defender la voluntad de la ciudadanía de convocar la revocatoria del alcalde Quintero”.

Para esto no escatimarán en esfuerzos. En primer lugar, contratarán una auditoría a la contabilidad del comité promotor con una firma “de reconocida prestancia” que muestre si existe o no la irregularidad en la que el CNE fundamentó su decisión.

Segundo, apoyará al comité en interponer los recursos de ley para derogar la medida cautelar que suspende el proceso de rendición de cuentas. Tercero, apoyará tanto a los promotores como a los ciudadanos firmantes “a interponer todas las acciones legales que defiendan el derecho ciudadano a participar”.

“Un trámite formal de la contabilidad del Comité no puede afectar el derecho fundamental de los medellinenses”, concluyó el partido.

Según César Abreu, magistrado ponente, se encontraron irregularidades en la financiación del comité promotor, las cuales no pudieron ser subsanadas. Por esa razón, la ponencia pedía que se cayera el mecanismo de participación y que se abriera la investigación para determinar qué ocurrió con la financiación.

En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral anunció la formulación de cargos contra los promotores y se abstuvo de certificar los estados contables de la iniciativa. “No figuran en los estados contables la totalidad de los aportes en dinero o en especie que cada persona natural o jurídica realizó durante la campaña, lo que puede configurar una violación al artículo 11 de la Ley 1757 de 2011″, dice el primer cargo formulado.

También se habla de una posible violación de topes en la campaña de recolección de apoyos ciudadanos “de la solicitud de revocatoria contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero, lo que puede configurar una violación al artículo 12 de la ley 1757de 2011″. Allí se informa que los investigados son: los miembros del comité Andrés Felipe Rodríguez, Jorge Alejandro Posada, Luis Alfonso García, Jaime Gonzalo Torres y Julio González.

“Un grupo se dedicó a triangular recursos para esconder quiénes eran los que realmente estaban financiando de forma ilegal la revocatoria. Con el apoyo de parapolíticos le hicieron un daño terrible a Medellín. La revocatoria ha sido sepultada en sus propias irregularidades”, señaló Quintero tras conocer la decisión.