‘Plan B’ del uribismo contra el ministro Cárdenas

El senador Ernesto Macías (Centro Democrático), uno de los que le propusieron al Senado votar por la renuncia del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, parece resignado al fracaso de la Moción de Censura. Este martes la plenaria tendrá que pronunciarse, pero ya se anticipa que los partidos de la Unidad Nacional salvarán al ministro de este intento por sacarlo del gabinete promovido por la oposición.

Pero el uribismo no se resigna a que Cárdenas se mantenga como ministro de Hacienda. Antes de que la plenaria se pronuncie oficialmente, el senador Macías le envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez en la que le pide considerar una investigación en contra del funcionario, no sólo por la venta de Isagén (motivo de la moción de censura), sino por los contratos que miembros de su familia, como su hermano Jorge Hernán Cárdenas, han suscrito con el Estado coincidiendo con su período como ministro.

En la comunicación, conocida por Semana.com, Macías pide investigar al ministro Cárdenas por la participación de un único oferente en la subasta de Isagén. Asegura que la “subasta” con oferente único desconoce abiertamente la libre concurrencia, traducida en la pluralidad de oferentes, y vulnera la esencia y la naturaleza del mecanismo de subasta y de los principios de democratización y libre concurrencia que se deben asegurar en este tipo de transacciones.

Sustenta la petición en los artículos 88 y 333 de la Constitución, que consagran la libre competencia económica, y en la sentencia del 2012 del Consejo de Estado en la que el alto tribunal fijó las condiciones de licitación para el tercer canal.

“En conclusión, la subasta con Oferente Único en la enajenación de las acciones del Estado en Isagén es improcedente por ilegal e inconstitucional, y lesiona de manera grave el derecho colectivo a la libre competencia, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado en precedente emitido por la Sala Plena, lo que lo hace vinculante”, se lee en el documento.

El segundo caso por el que Macías pide al procurador general investigar al ministro Cárdenas se relaciona con el de la planta de etanol El Alcaraván, en Puerto López (Meta), propiedad de Bionergy, empresa filial de Ecopetrol.

En el 2010 comenzó el proyecto de construcción de la planta, que costaría US$295 millones. En  junio del 2014 iba en US$750 millones. Hoy la planta aún no ha entrado en funcionamiento, y ya se estima que el sobrecosto para ponerla a operar será de US$455 millones. Este caso es muy similar al de la Refinería de Cartagena, por algo es llamado el Reficar de los Llanos.

En el año 2010, la empresa Bionergy suscribió el contrato de ingeniería, construcción y suministro con la empresa española Isolux Corsán. Cuatro años más tarde, el 8 de abril del 2014, Bioenergy se vio obligada a poner fin de forma unilateral a este contrato por los incumplimientos de la empresa española.

La relación que hace el senador Macías entre el ministro Cárdenas y el caso Bionergy es que en informe de funcionamiento de la Junta Directiva de Ecopetrol, de abril del 2013 a marzo del 2014, se encuentra una curiosa anotación.

“El doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público, en sesión del día 12 de abril del 2013, solicitó dejar constancia de que en el evento en que la Junta Directiva de Ecopetrol S. A. tuviera que decidir sobre algún asunto relacionado con Bioenergy o Isolux (compañía que ejecuta el contrato EPC de Bioenergy), él se abstendría de participar de dichas discusiones o decisiones, en razón de su relación familiar con el representante legal de Isolux”, dice el informe de Ecopetrol.  

Ante esta evidencia, Macías se pregunta “si en el año 2010 el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría ya hacía parte de la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿por qué hasta el 2013 manifiesta que se abstendría de tomar decisiones sobre Bioenergy por su parentesco con el representante legal de Isolux?” Este interrogante aún no ha sido resuelto por el ministro Cárdenas.

Y el tercer asunto por el que piden una investigación se relaciona con los millonarios contratos que ha suscrito con el Estado el hermano del ministro de Hacienda.

Jorge Hernán Cárdenas Santamaría es director y socio de la empresa Oportunidad Estratégica Ltda., el senador Álvaro Uribe lo califica como una persona muy competente, no en vano viene siendo contratista desde el anterior gobierno.

Sin embargo, como lo ha dicho reiteradamente Macías, ha celebrado millonarios contratos con el Estado, los cuales se han incrementado desde cuando su hermano es el ministro de Hacienda. Además, señala, los contratos a favor de la empresa Oportunidad Estratégica Ltda. no se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

En la carta, Macías relaciona cuatro contratos que el hermano del ministro ha suscrito desde el 2010 y que ascienden a $12.000 millones. “El problema no es la persona del doctor Jorge Hernán Cárdenas, persona competente, el problema es este crecimiento a $12.000 millones en contratos siendo su hermano ministro”, describió el propio Álvaro Uribe.

En diálogo con Semana.com, Jorge Hernán Cárdenas aseguró que el Centro Democrático está en su legítimo derecho de pedir investigaciones frente a los temas que considere relevantes. "Ellos son un partido y entre sus funciones está la de ejercer control político. Es respetable su decisión". El hermano del ministro de Hacienda, además, dice que si el procurador considera oportuno abrir una investigación por los contratos, "entregaremos toda la información que se necesite. Nos parece de la mayor importancia dar apoyo a todos los requerimientos que la Procuraduría nos indique". 

¿Qué busca el uribismo? Que al ministro de Hacienda se le aplique el mismo rasero de situaciones similares.

Por ejemplo, Miguel Peñaloza, ministro de Transporte entre mayo y agosto del 2012, tuvo que salir del gabinete cuando la Procuraduría le abrió una investigación preliminar por las decenas de contratos suscritos por una empresa familiar, propiedad de su esposa y sus hijos, con diferentes entidades del Estado.

O el más reciente, el de Tomás González, a quien la Procuraduría le abrió una investigación por los contratos que había suscrito la empresa Connecta, propiedad de su esposa, Ángela Baena Giraldo, mientras él era ministro de Minas. González renunció al gabinete y aunque se dijo que era por la crisis energética, entre los círculos políticos se dice que el detonante que precipitó su salida fue la apertura de investigación ordenada por el procurador general.

¿Qué pasaría si Ordóñez decide abrir una investigación por este tema? Por el caso de Isagén, el procurador ya abrió una indagación preliminar, pero si lo hace por los contratos de su hermano, Jorge Hernán Cárdenas, podría poner en aprietos al ministro y al propio Gobierno. Tras fracasar en su intento de moción de censura, el uribismo no se conformó. Ahora recurre al procurador para mortificar al ministro Cárdenas.