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La Familia de Rosa Elvira Cely estuvo en el homenaje para recordar su memoria. (Centro) Su madre (derecha) hermana. | Foto: SEMANA

JUDICIAL

Cerca de 1.000 millones de pesos espera la familia de Rosa Cely

La familia de la mujer asesinada en Bogotá demandará al Estado por esa suma.

3 de enero de 2013

Después de la condena de 48 años que recibió Javier Velasco por haber violado, torturado y asesinado a Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional en Bogotá en mayo de 2012, los abogados de la familia de la víctima aparecieron este nuevo año con un anuncio escandaloso: demandarán a la Nación en cerca 1.000 millones de pesos.

La decisión se tomó porque, a juicio de los familiares de Rosa Cely y de los juristas, el Distrito de Bogotá no le prestó la ayuda necesaria para su traslado después de haber sido agredida por Velasco.

También argumentan que la justicia dejó libre a Velasco en el 2002 con el argumento de tener problemas siquiátricos, después de haber asesinado a otra mujer ese año en el occidente de Bogotá. "Es claro que al haberlo dejado libre, la justicia colombiana incurrió en una falla en el servicio", dijo Abelardo de la Espriella, quien representa los intereses de los familiares, al tiempo que recalcó que la justicia ha debido ser más precavida y eficaz cuando dejó libre a este personaje.

"Lo que buscamos es que se cumpla la Constitución y la ley que claramente señalan que al presentarse estas omisiones el Estado debe responder patrimonialmente indemnizando a las víctimas por los perjuicios morales y materiales", aseguró de la Espriella a Semana.com.

Dijo también que de ese dinero nada será para su bufete de abogados y que se destinará al futuro de la hija de Rosa Elvira para su sostenimiento. Se trata de una menor de 12 años que vive con los ahorros que la familia tiene producto de donaciones de colombianos que hace meses hicieron una colecta que llegó cerca a 100 millones de pesos.

Para hacer efectiva la demanda, los abogados de la familia de Rosa Cely agotarán un proceso de conciliación ante la Procuraduría como primer requisito.

De no haber acuerdo, las victimas entablarán la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y si esta no prospera, el proceso llegará al Consejo de Estado. Es, sin duda, un largo camino que apenas comienza y cuyo resultado es incierto pues el Estado se defenderá como en la mayoría de los procesos que cursan en su contra.