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CERTIFICACION A LA VISTA

Un investigación de SEMANA con fuentes de alto nivel en Washington revela un panorama optimista para el país en el mediano plazo.

28 de julio de 1997

En los pasillos del Departamento de Estado, en los comités de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos y en la Consejería Especial para Asuntos Latinoamericanos de la Casa Blanca parece haber un consenso: nadie quiere saber absolutamente nada sobre el tema Colombia por el momento. Esto quiere decir que la agenda de las relaciones bilaterales se encuentra en el congelador. Aunque es usual que los agentes que manejan la política exterior norteamericana 'pongan a remojar' las relaciones con países latinoamericanos de cuando en cuando, en el caso de Colombia el congelador está funcionando al máximo.Según los analistas en Washington, esta situación se ha presentado básicamente por dos razones. La primera es que el último elemento en la lista de deseos de la administración Clinton con respecto a Colombia, la extradición, parece ir por buen camino en el Congreso. Si no se presentan sobresaltos en la aprobación de esta reforma constitucional, y el texto finalmente aprobado es aplicable, se habrá cumplido la última gran exigencia norteamericana en materia de lucha antinarcóticos. Frente a la expectativa de su aprobación las agencias estadounidenses que se ocupan del tema, que saben que el trámite es largo, se han dedicado a esperar pacientemente su evolución en el Parlamento colombiano.La segunda razón compromete las posibles implicaciones políticas que en Colombia pueda tener cualquier movimiento en las relaciones bilaterales. En plena campaña electoral los norteamericanos saben que cualquier pronunciamiento puede tener repercusiones inesperadas en la opinión pública, posiblemente en contra de sus propios intereses. Por lo tanto lo más probable es que guarden silencio al menos hasta que el proceso electoral colombiano esté bastante avanzado y sea posible anticiparse a un eventual resultado.
Esta situación ha tenido una consecuencia imprevista para el gobierno, los empresarios y la opinión pública de Colombia. Según todos los funcionarios consultados por SEMANA que de alguna manera participan en la definición de la política norteamericana frente a Colombia, es casi un hecho que el país será certificado por primera vez desde que Ernesto Samper llegó al poder. Según un funcionario de la administración, "las probabilidades de una recertificación, si se aprueba la extradición, son de un 90 por ciento". Aunque esta certificación será condicionada, de todas formas es un reconocimiento al país por los resultados en la lucha antinarcóticos. Una de las razones que explican el por qué de este cambio de posiciones es que los círculos diplomáticos norteamericanos no quieren que una posición dura por parte del gobierno de Estados Unidos en materia de certificación, anunciada en marzo del 98, pueda afectar la elección presidencial que se llevará a cabo un par de meses después. Esta consideración tiene nombre propio: se llama Horacio Serpa. La mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que una descertificación norteamericana al gobierno de Samper en plena campaña podría generar una reacción nacionalista de la opinión pública que fácilmente capitalizaría el ex ministro del Interior. A ese respecto, el gobierno de Estados Unidos no quiere intervenir en las elecciones presidenciales de Colombia, y menos aún para favorecer a un candidato que no ven con muy buenos ojos. Si Horacio Serpa ha de ganar la Presidencia, los funcionarios norteamericanos esperan que sea gracias a sus propios méritos en campaña y no por la 'ayuda' de Estados Unidos.
Otro elemento por considerar es que, dentro de la exitosa estrategia de zanahoria y garrote que tan hábilmente ha manejado el Departamento de Estado con Colombia, lo que se está ofreciendo es una tregua en el garrote para que no haya presión estadounidense durante las elecciones. Y debido a que la ley que reglamenta el proceso de certificación permite al Presidente revaluar su posición "si se presenta un cambio de gobierno", el presidente Bill Clinton tiene plena autonomía para revisar la certificación otorgada a Colombia a partir del 7 de agosto de 1998, cuando haya un nuevo inquilino en la Casa de Nariño. En otras palabras, si Serpa llega a la Presidencia es posible descertificarlo al siguiente día.