El acuerdo del nunca más

Cuando el general Óscar Naranjo y Pablo Catatumbo se sentaron en La Habana para abordar el tema de las garantías de seguridad, se dieron cuenta muy pronto de dos cosas. La primera, que no se trataba solo de diseñar un modelo de escoltas que protegieran a los miembros de las Farc que dejaran las armas. Las garantías de seguridad para el proceso de paz no dependen de carros blindados, chalecos o pistolas automáticas, sino de un clima de convivencia en las regiones y de una decisión política de que las armas salgan del debate político.

La segunda, que si se metían en una discusión teórica sobre si había o no paramilitares en el país, nunca iban a llegar a un consenso, pues el gobierno está convencido que este fenómeno ya no existe y la guerrilla cree que sí. Optaron por el camino de encontrar soluciones prácticas y reconocer una realidad de a puño: llámense como se llamen, algunos grupos y personas todavía están dispuestas a dispararle a quien piensa diferente, a quien protesta, a quien se atraviesa en su camino.

Quizá por eso el título del acuerdo es tan extenso y se toma todo un párrafo para definir que se luchará contra las “organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de paz”. Todo ello se puede resumir en pocas palabras: este acuerdo busca que nunca se repita la guerra sucia y el vínculo de las armas y la política. Es un acuerdo para que la paz sea, como se pretende, estable y duradera. Y para tratar de evitar que en el capítulo del posconflicto la violencia se recicle, como ocurrió en El Salvador y Nicaragua luego de sus conflictos armados en los años ochenta.

La subcomisión que elaboró el acuerdo trabajó en un clima de inmenso respeto y confianza desde los primeros momentos. La experiencia de Óscar Naranjo, como exdirector estrella de la Policía, garantizaba que no habría fórmulas erráticas. Catatumbo por su parte es quizá el hombre de las Farc con más experiencia, incluso directa, en esta materia. No solo porque ha tenido que convivir con todo tipo de mafias en el Valle, donde ha tenido su centro de operaciones, sino porque su historia en la guerrilla por más de 40 años está llena de episodios truculentos que incluyen haber sido secuestrado por Pablo Escobar. Ambos acompañados de asesores técnicos, en 140 horas de discusión llegaron a un texto que descansa en tres pilares: uno político, uno judicial y otro de seguridad.

Enfoque de derechos humanos

En cuanto al pilar político hay que destacar que el acuerdo de garantías se basa en una visión de respeto a los derechos humanos, en el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana y su presencia en los territorios; y en la participación de las comunidad. El punto central es la promoción de un acuerdo político nacional. Aunque esto suena como un saludo a la bandera, en realidad es muy importante sobre todo si se hace en las regiones, pues se trata de crear un clima de reconciliación y convivencia y de bajar la pugnacidad, ya que esta es un terreno fértil para la violencia.

Lo central aquí es que las partes entienden que las garantías de seguridad del movimiento político que funden las Farc cuando dejen las armas, así como del resto de movimientos, no dependerán solo de que fiscales y policías persigan a quienes los amenacen o ataquen, sino de crear una nueva cultura política más civilista. Habrá que ver cómo se lleva esto a la práctica, con quién, cuándo y cómo.

La primera piedra para ese pacto nacional será una Comisión Nacional de Garantías, encabezada por el presidente y con presencia de las instituciones involucradas al más alto nivel y de los partidos políticos y movimientos sociales. Esto pone el tema de las amenazas y muertes de líderes sociales en el corazón de la agenda del gobierno.

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Grupos elite contra bacrim

Un segundo pilar es judicial. Por eso se creará una unidad especial para el desmantelamiento de los grupos que amenacen el proceso de paz –bacrim y otro tipo de organizaciones o personas– que dependerá de la Fiscalía. Será un grupo del más alto nivel y probidad, elegido con pinzas, que tendrá que recibir apoyo internacional para usar los métodos y recursos de investigación más modernos que garanticen rapidez y eficacia. Una de sus tareas será también investigar a los funcionarios cómplices del crimen organizado, ya que la corrupción se ha considerado como una de las causas principales de la persistencia de este.

Igualmente se creará un grupo elite de la Policía. Aunque no está en el acuerdo, en la mesa se ha hablado de que estos grupos elites de Policía y Fiscalía empiecen a actuar en una región específica a la manera de una prueba piloto.

De guerrilleros a escoltas

Un tercer pilar es la seguridad, que descansa sobre dos ejes: la protección a los miembros de las Farc y la de los territorios. Para los exguerrilleros se creará un sistema integral de protección, y la Unidad Nacional de Protección creará una subdirección especializada para esta materia, así como una mesa técnica. La escolta de los guerrilleros que la necesiten será mixta (según lo dicten estudios individuales de seguridad) así como la vigilancia de sus sedes.

Las Farc designarán una parte, y pueden ser exguerrilleros. Y la otra parte estará formada por policías de probada disciplina y transparencia. En Colombia ya hay una amplia experiencia en este esquema desde hace 25 años, cuando se desmovilizó el M-19, y ha funcionado bastante bien.
Así mismo se crea un programa integral de protección a las comunidades en los territorios, para potenciar lo que ya existe, como la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas, e impulsar nuevas ideas como una campaña para desestigmatizar a las organizaciones sociales. También se crea un sistema de monitoreo de las organizaciones criminales, y de observación de los organismos de seguridad privada.

El acuerdo hace mucho énfasis en la lucha contra la corrupción en el entendido de que los asesinatos de líderes no provienen de una política del Estado, sino de la disputa por rentas ilegales, como la de minería o el narcotráfico.

Las partes anunciaron también que impulsarán que los grupos criminales se sometan a la justicia. Una posición realista ya que la amenaza que representan las bacrim es de tal magnitud que los esfuerzos de seguridad y judiciales son insuficientes.

Vale la pena destacar que el gobierno puso como línea roja en este tema que no se discutiría la doctrina militar ni policial. Pero esto no quiere decir que en el futuro no se replantee el papel del Ejército y la mayor preponderancia de la Policía en el posconflicto y la seguridad ciudadana. Todo el acuerdo de garantías de seguridad se apoya en las instituciones vigentes, y fortalece sus funciones.

El desafío es grande, sobre todo en el punto de consolidar la institucionalidad en los territorios para crear una nueva cultura de política de respeto a los derechos humanos. Ahí estriba el verdadero reto.