Cese y fuego

El domingo 20 de enero en la noche, cuando los colombianos vieron en televisión, en vivo y en directo desde Los Pozos, a Camilo Gómez y a ‘Raúl Reyes’ leer un comunicado en el que, por primera vez desde que se inició el proceso de paz, el gobierno y las Farc se comprometen a discutir con fechas concretas la posibilidad de una tregua, el país apagó la luz y se fue a dormir más tranquilo.

No era para menos: luego de un fin de semana de conteo regresivo frenético, en el que desfilaron tanquetas militares y soldados armados hasta los dientes se subieron a aviones Hércules con destino a la zona de distensión, con lo sucedido esa noche parecía que, por primera vez, el proceso de paz iba en serio. La escena fue muy esperanzadora: monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que era un día “histórico” para Colombia; Daniel Parfait, embajador de Francia, anunció que el “camino estaba trazado”, y James Lemoyne, delegado especial de la ONU, advirtió, visiblemente conmovido, que “es un buen día para Colombia, hay un camino para la paz”. Todo con el telón de fondo de embajadores de los países amigos, cuya presencia respaldaban las palabras de quienes daban las buenas noticias al país.

Una semana después de aquella apología verbal a la paz el país lo único que ha presenciado —atónito— es la desolación de la guerra. Horas después de firmar el acuerdo las Farc volaron torres de energía que dejaron a media luz al Meta y atentaron, además, contra la infraestructura energética y vial en Cundinamarca, Casanare, Antioquia, Tolima y Huila. Volaron una torre en Usme y cinco más en el corredor que viene de la hidroeléctrica del Guavio a Bogotá . Detonaron una carga de dinamita en el aeropuerto de Garzón (Huila), atacaron a la fuerza pública en el Valle, Cauca, Chocó y en Curillo (Caquetá). Y, en un acto demencial, atentaron contra el sistema de Chingaza para dejar sin agua a siete millones de ciudadanos. Cerraron la semana con la explosión de una bicicleta bomba en el sur de Bogotá que dejó cuatro policías, una niña muerta y decenas de heridos. Así, a punta de sangre y plomo, la guerrilla se encargó de hacerles entender a los colombianos que aquella celebración mediática, tan emotiva y simbólica, era prematura. Por eso, el mismo país que celebró la firma del acuerdo se unió para rechazarlos. El alcalde Antanas Mockus en la noche del pasado viernes organizó una manifestación simbólica en la que pidió a los ciudadanos protestar contra el terrorismo.

Y es que la gente que pensó que el Presidente reanudaba las negociaciones precisamente para evitar acciones terroristas como las de la semana pasada no entiende por qué las Farc actúan como se suponía que lo harían si se acababa la zona de distensión y el proceso.

El drama de la tregua

Lo cierto es que aunque es desconcertante la arremetida de la semana anterior está íntimamente ligada a la firma del acuerdo. Las Farc quieren demostrar que si cedieron ante Pastrana no fue por debilidad; quieren desinflar la euforia del Ejército de las semanas anteriores; pero sobre todo quieren mostrarle a la sociedad que la tregua no será su rendición sino una verdadera negociación en la cual ellos se abstendrán de hacer lo que ya mostraron que son capaces sólo a cambio de reformas de fondo.

Aquel domingo por la noche las Farc y el gobierno acordaron un cronograma en el que se comprometen a “abocar de inmediato el estudio de la tregua con cese de fuegos y hostilidades, de conformidad con el documento de recomendaciones de las personalidades”. Y fijaron como meta llegar a acuerdos concretos sobre este tema antes del 7 de abril de 2002. Tres días después, el 10, luego de evaluar los resultados concretos en la disminución del conflicto, Pastrana decidirá si prorroga o no la zona de distensión.

Así como los que no conocen la complejidad de un proceso de paz se ilusionaron con la noticia del acuerdo, quienes lo han estudiado a fondo no disimulan su escepticismo frente a una pronta tregua. Hasta ahora las Farc han estado más interesadas en el proceso de paz que en la paz. Y más concretamente en los 42.000 kilómetros de zona de distensión que les han permitido fortalecerse militarmente (retaguardia estratégica, entrenamientos de frentes, reclutamiento, contrabando de armas, planeación de ataques, refugio de secuestrados, etc…). Pero, al mismo tiempo, la guerrilla también desconfía de que el establecimiento realice las reformas económicas, sociales y políticas planteadas en la agenda común si suspende sus ataques a la infraestructura, las tomas, el secuestro y las extorsiones.

Y esta desconfianza mutua es el obstáculo más importante para discutir el primer punto de un cese al fuego: la localización de los frentes de la guerrilla. En las propuestas que intercambiaron en julio las Farc propusieron que cada “fuerza se mantenga ubicada en el sitio que ocupa a la firma del acuerdo”. Es decir, una localización estatua. El gobierno propuso crear “un área de reconciliación”, que definió como “un espacio geográfico acordado por gobierno y Farc en el cual se localizan las Farc”. Aunque no especifica si ese espacio sería la zona de distensión o varias zonas más, el general Fernando Tapias ha sido enfático en que una condición mínima para un cese del fuego es que “todos los guerrilleros se metan en la zona de distensión en el Caguán. Allá caben todos”, dijo en entrevista con SEMANA hace un par de meses. Además la opinión pública no toleraría otras zonas de distensión luego de lo que ha visto en el Caguán. Y, ¿qué opinaría Estados Unidos luego del 11 de septiembre?

Las dificultades de ambas propuestas es que las dos partes pretenden ganar en la mesa lo que no han ganado en el terreno militar. Las Farc aspiran acercarse a través de la tregua a bases militares de importancia y a las ciudades principales donde hoy no están. Y el Ejército pretende sacar a las Farc del resto del país para concentrarla en el Caguán, algo que no han conseguido en 35 años de conflicto armado. Tampoco parece viable que la guerrilla acepte concentrarse en donde están sus principales bloques pues el territorio que desocupen podría ser rápidamente copado por los paramilitares.

Analistas como Otty Patiño, del Observatorio de Paz, y León Valencia, sugieren como fórmula intermedia una veeduría internacional masiva como la que existió en Etiopía. Esta permitiría aceptar la localización estatua que proponen las Farc, pero con una extensa presencia de funcionarios del gobierno desarmados y extranjeros que impidan que aprovechen la situación para obtener ventajas militares. El analista Carlos Franco, por su parte, sugiere realizar treguas unilaterales de las Farc que tengan actos recíprocos del gobierno en términos de acuerdos parciales sobre la agenda de negociación, lo cual evitaría la discusión sobre la localización. Por ejemplo, las Farc podrían comprometerse a no secuestrar en determinadas zonas en donde el gobierno adelante una reforma agraria. Lo cierto es que el tema de la localización, tan fundamental en materia estratégica y militar para las partes, va a ser muy difícil y pocos creen que lo logren hacer en dos meses.

El dilema de las hostilidades

El otro tema difícil de sortear con éxito es el del cese de las hostilidades. En su propuesta el gobierno se compromete a no atacar a las Farc en el lugar en que se ubiquen y a cambio les exige que cesen los secuestros, la extorsión, las acciones ofensivas contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura económica y que se abstengan de realizar actividades conexas con el narcotráfico.

El problema es que las Farc dicen que a cambio de suspender las acciones ofensivas contra la fuerza pública el gobierno debe cesar las hostilidades contra los pobres. Exige que el Estado combata efectivamente el paramilitarismo, acabe la guerra sucia, suspenda la política neoliberal, cese las privatizaciones en sectores estratégicos, cese la extradición, castigue a los responsables de la corrupción, cancele las licencias de funcionamiento a los medios de comunicación que “hagan apología al paramilitarismo” y concierte con las comunidades la erradicación manual y la sustitución de cultivos ilícitos.

Lo más difícil en este punto es que para el gobierno el cese del secuestro y la liberación de todas las personas que están en cautiverio es una condición mínima para una tregua, así como para la guerrilla lo es el fin del paramilitarismo. Y ambos plantean profundos dilemas.

Aunque nadie sabe con exactitud qué porcentaje de las finanzas de las Farc provienen del secuestro, Fondelibertad, el programa antisecuestro del Ministerio de Defensa, calcula que la guerrilla recibe 23.000 millones de pesos anuales por concepto del secuestro. Entonces su suspensión tendría que ir ligada al sostenimiento económico parcial de los frentes guerrilleros durante un cese del fuego, que se dificulta aún más si no están concentrados en un área determinada. Y para que el Estado pueda financiar a las Farc tendrían que liberar a todos los secuestrados. ¿Podría hacerlo?

Por otra parte, la guerrilla siente que el secuestro es su principal arma de presión para que el establecimiento se tome en serio la negociación, ya que según ellos es la única forma en que los estratos altos se ven directamente afectados por una guerra eminentemente rural.

En el tema del combate al paramilitarismo, que es sustancial para las Farc, sucede algo similar. En su propuesta de cese del fuego le exigen al gobierno “depurar a las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales comprometidos con estos grupos, llevándolos ante los tribunales de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes; igual suerte deben correr los civiles comprometidos en su financiamiento, promoción y patrocinio”. El problema en este punto es que las Farc consideran que el paramilitarismo es una política del Estado y que, por lo tanto, está en manos del presidente Pastrana su desmonte. Si bien el gobierno podría hacer un mayor esfuerzo en combatirlo, la verdad es que el paramilitarismo es un fenómeno con una base social arraigada que desborda el control estatal. Esta exigencia de las Farc es incumplible por el gobierno. Así que si las Farc supeditan el cese del fuego a la erradicación del paramilitarismo, éste estará condenado al fracaso. Así como lo está cualquier negociación de paz si no se le pone fin a la guerra sucia que ha alimentado el conflicto durante décadas. Lo que sí es cierto es que, como dice Carlos Franco, “un cese del fuego desbarata políticamente al paramilitarismo” porque obliga al Estado a concentrarse en combatirlos, y por otro lado pierden su argumento de autodefensa.

El otro tema espinoso es el de suspender la política neoliberal de privatizar sectores económicos estratégicos o hacer un ajuste fiscal. “El proceso de paz, más que darle a la guerrilla las reformas que pide, lo que debe hacer es abrir los espacios democráticos para que esas propuestas se discutan”, opina Ricardo Santa María, negociador de la desmovilización del M-19. La propuesta de los Notables va en ese sentido. Ellos proponen que durante un período de seis meses de tregua la mesa de negociación, sin perjuicio de llegar durante ese lapso a acuerdos parciales de ejecución inmediata, convenga proyectos de reforma constitucional, proyectos de ley y decretos ejecutivos para que sean discutidos por una asamblea constituyente que el gobierno se compromete a impulsar. Esta asamblea estaría integrada por representantes de los sectores políticos, sindicales, económicos, gremiales e independientes de la sociedad civil y de las Farc y demás grupos insurgentes como el ELN ya desarmados. También plantean la alternativa de convocar un referendo que apruebe o rechace esas propuestas.

Antonio Navarro cree que sólo si es para discutir el punto de llegada del proceso, como sería la Constituyente, se justifica meterse en una discusión tan complicada como es un cese del fuego. “Si es para discutir un subsidio de desempleo es una pérdida de tiempo”, opina Navarro, quien en cabeza del M-19 negoció la tregua que dio paso a la firma de la paz.

El 7 de abril

Pero todo lo anterior está muy lejos. Lo más seguro es que nada de esto se logre en dos meses. Por eso cabe preguntarse qué se puede esperar de aquí al 7 de abril, fecha acordada entre las Farc y el gobierno para pactar la tregua. Lo primero es más bala. Con la arremetida de la semana pasada, y de las que con seguridad vendrán en los próximos dos meses, la guerrilla busca que el país sepa lo que ganaría si pacta la tregua. El Ejército, que la semana pasada no tuvo ninguna acción ofensiva pero sí evitó varias de las Farc, tendrá que convencer a la guerrilla y al país que su poder de negociación —en otras palabras, su poder militar— no aumentará de aquí a la definición de un cese del fuego.

Los analistas coinciden, sin embargo, en que lo máximo a lo que podrían aspirar los colombianos en los próximos dos meses es a acuerdos parciales de distensión. En un escenario optimista, es probable que las Farc lleven a cabo lo que propuso hace ya casi un año el ‘Mono Jojoy’ de no reclutar menores, de no usar cilindros de gas y quizá de lograr una gradualidad en el secuestro, como no retener niños ni ancianos. Todo esto, obviamente, a cambio de alguna concesión del Estado que probablemente no sería un subsidio de desempleo sino la focalización de programas de empleo en áreas de interés para la guerrilla.

Habrá que ver si esto será suficiente para mantener la credibilidad del proceso hasta el fin del mandato del actual Presidente en medio de una campaña electoral que gira alrededor del actual proceso de paz. Luego de lo que ha sucedido en las últimas semanas es oportuno recordar la lección de Clausewitz: “Cuando la guerra parece exclusivamente bélica, alcanza su máxima intensidad política. Y cuando la política parece moderarla y ejercer todo su poder, la basa política no es más importante que la batalla truncada que suscita”.



El domingo 20 de enero en la noche, cuando los colombianos vieron en televisión, en vivo y en directo desde Los Pozos, a Camilo Gómez y a ‘Raúl Reyes’ leer un comunicado en el que, por primera vez desde que se inició el proceso de paz, el gobierno y las Farc se comprometen a discutir con fechas concretas la posibilidad de una tregua, el país apagó la luz y se fue a dormir más tranquilo.

No era para menos: luego de un fin de semana de conteo regresivo frenético, en el que desfilaron tanquetas militares y soldados armados hasta los dientes se subieron a aviones Hércules con destino a la zona de distensión, con lo sucedido esa noche parecía que, por primera vez, el proceso de paz iba en serio. La escena fue muy esperanzadora: monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que era un día “histórico” para Colombia; Daniel Parfait, embajador de Francia, anunció que el “camino estaba trazado”, y James Lemoyne, delegado especial de la ONU, advirtió, visiblemente conmovido, que “es un buen día para Colombia, hay un camino para la paz”. Todo con el telón de fondo de embajadores de los países amigos, cuya presencia respaldaban las palabras de quienes daban las buenas noticias al país.

Una semana después de aquella apología verbal a la paz el país lo único que ha presenciado —atónito— es la desolación de la guerra. Horas después de firmar el acuerdo las Farc volaron torres de energía que dejaron a media luz al Meta y atentaron, además, contra la infraestructura energética y vial en Cundinamarca, Casanare, Antioquia, Tolima y Huila. Volaron una torre en Usme y cinco más en el corredor que viene de la hidroeléctrica del Guavio a Bogotá . Detonaron una carga de dinamita en el aeropuerto de Garzón (Huila), atacaron a la fuerza pública en el Valle, Cauca, Chocó y en Curillo (Caquetá). Y, en un acto demencial, atentaron contra el sistema de Chingaza para dejar sin agua a siete millones de ciudadanos. Cerraron la semana con la explosión de una bicicleta bomba en el sur de Bogotá que dejó cuatro policías, una niña muerta y decenas de heridos. Así, a punta de sangre y plomo, la guerrilla se encargó de hacerles entender a los colombianos que aquella celebración mediática, tan emotiva y simbólica, era prematura. Por eso, el mismo país que celebró la firma del acuerdo se unió para rechazarlos. El alcalde Antanas Mockus en la noche del pasado viernes organizó una manifestación simbólica en la que pidió a los ciudadanos protestar contra el terrorismo.

Y es que la gente que pensó que el Presidente reanudaba las negociaciones precisamente para evitar acciones terroristas como las de la semana pasada no entiende por qué las Farc actúan como se suponía que lo harían si se acababa la zona de distensión y el proceso.

El drama de la tregua

Lo cierto es que aunque es desconcertante la arremetida de la semana anterior está íntimamente ligada a la firma del acuerdo. Las Farc quieren demostrar que si cedieron ante Pastrana no fue por debilidad; quieren desinflar la euforia del Ejército de las semanas anteriores; pero sobre todo quieren mostrarle a la sociedad que la tregua no será su rendición sino una verdadera negociación en la cual ellos se abstendrán de hacer lo que ya mostraron que son capaces sólo a cambio de reformas de fondo.

Aquel domingo por la noche las Farc y el gobierno acordaron un cronograma en el que se comprometen a “abocar de inmediato el estudio de la tregua con cese de fuegos y hostilidades, de conformidad con el documento de recomendaciones de las personalidades”. Y fijaron como meta llegar a acuerdos concretos sobre este tema antes del 7 de abril de 2002. Tres días después, el 10, luego de evaluar los resultados concretos en la disminución del conflicto, Pastrana decidirá si prorroga o no la zona de distensión.

Así como los que no conocen la complejidad de un proceso de paz se ilusionaron con la noticia del acuerdo, quienes lo han estudiado a fondo no disimulan su escepticismo frente a una pronta tregua. Hasta ahora las Farc han estado más interesadas en el proceso de paz que en la paz. Y más concretamente en los 42.000 kilómetros de zona de distensión que les han permitido fortalecerse militarmente (retaguardia estratégica, entrenamientos de frentes, reclutamiento, contrabando de armas, planeación de ataques, refugio de secuestrados, etc…). Pero, al mismo tiempo, la guerrilla también desconfía de que el establecimiento realice las reformas económicas, sociales y políticas planteadas en la agenda común si suspende sus ataques a la infraestructura, las tomas, el secuestro y las extorsiones.

Y esta desconfianza mutua es el obstáculo más importante para discutir el primer punto de un cese al fuego: la localización de los frentes de la guerrilla. En las propuestas que intercambiaron en julio las Farc propusieron que cada “fuerza se mantenga ubicada en el sitio que ocupa a la firma del acuerdo”. Es decir, una localización estatua. El gobierno propuso crear “un área de reconciliación”, que definió como “un espacio geográfico acordado por gobierno y Farc en el cual se localizan las Farc”. Aunque no especifica si ese espacio sería la zona de distensión o varias zonas más, el general Fernando Tapias ha sido enfático en que una condición mínima para un cese del fuego es que “todos los guerrilleros se metan en la zona de distensión en el Caguán. Allá caben todos”, dijo en entrevista con SEMANA hace un par de meses. Además la opinión pública no toleraría otras zonas de distensión luego de lo que ha visto en el Caguán. Y, ¿qué opinaría Estados Unidos luego del 11 de septiembre?

Las dificultades de ambas propuestas es que las dos partes pretenden ganar en la mesa lo que no han ganado en el terreno militar. Las Farc aspiran acercarse a través de la tregua a bases militares de importancia y a las ciudades principales donde hoy no están. Y el Ejército pretende sacar a las Farc del resto del país para concentrarla en el Caguán, algo que no han conseguido en 35 años de conflicto armado. Tampoco parece viable que la guerrilla acepte concentrarse en donde están sus principales bloques pues el territorio que desocupen podría ser rápidamente copado por los paramilitares.

Analistas como Otty Patiño, del Observatorio de Paz, y León Valencia, sugieren como fórmula intermedia una veeduría internacional masiva como la que existió en Etiopía. Esta permitiría aceptar la localización estatua que proponen las Farc, pero con una extensa presencia de funcionarios del gobierno desarmados y extranjeros que impidan que aprovechen la situación para obtener ventajas militares. El analista Carlos Franco, por su parte, sugiere realizar treguas unilaterales de las Farc que tengan actos recíprocos del gobierno en términos de acuerdos parciales sobre la agenda de negociación, lo cual evitaría la discusión sobre la localización. Por ejemplo, las Farc podrían comprometerse a no secuestrar en determinadas zonas en donde el gobierno adelante una reforma agraria. Lo cierto es que el tema de la localización, tan fundamental en materia estratégica y militar para las partes, va a ser muy difícil y pocos creen que lo logren hacer en dos meses.

El dilema de las hostilidades

El otro tema difícil de sortear con éxito es el del cese de las hostilidades. En su propuesta el gobierno se compromete a no atacar a las Farc en el lugar en que se ubiquen y a cambio les exige que cesen los secuestros, la extorsión, las acciones ofensivas contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura económica y que se abstengan de realizar actividades conexas con el narcotráfico.

El problema es que las Farc dicen que a cambio de suspender las acciones ofensivas contra la fuerza pública el gobierno debe cesar las hostilidades contra los pobres. Exige que el Estado combata efectivamente el paramilitarismo, acabe la guerra sucia, suspenda la política neoliberal, cese las privatizaciones en sectores estratégicos, cese la extradición, castigue a los responsables de la corrupción, cancele las licencias de funcionamiento a los medios de comunicación que “hagan apología al paramilitarismo” y concierte con las comunidades la erradicación manual y la sustitución de cultivos ilícitos.

Lo más difícil en este punto es que para el gobierno el cese del secuestro y la liberación de todas las personas que están en cautiverio es una condición mínima para una tregua, así como para la guerrilla lo es el fin del paramilitarismo. Y ambos plantean profundos dilemas.

Aunque nadie sabe con exactitud qué porcentaje de las finanzas de las Farc provienen del secuestro, Fondelibertad, el programa antisecuestro del Ministerio de Defensa, calcula que la guerrilla recibe 23.000 millones de pesos anuales por concepto del secuestro. Entonces su suspensión tendría que ir ligada al sostenimiento económico parcial de los frentes guerrilleros durante un cese del fuego, que se dificulta aún más si no están concentrados en un área determinada. Y para que el Estado pueda financiar a las Farc tendrían que liberar a todos los secuestrados. ¿Podría hacerlo?

Por otra parte, la guerrilla siente que el secuestro es su principal arma de presión para que el establecimiento se tome en serio la negociación, ya que según ellos es la única forma en que los estratos altos se ven directamente afectados por una guerra eminentemente rural.

En el tema del combate al paramilitarismo, que es sustancial para las Farc, sucede algo similar. En su propuesta de cese del fuego le exigen al gobierno “depurar a las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales comprometidos con estos grupos, llevándolos ante los tribunales de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes; igual suerte deben correr los civiles comprometidos en su financiamiento, promoción y patrocinio”. El problema en este punto es que las Farc consideran que el paramilitarismo es una política del Estado y que, por lo tanto, está en manos del presidente Pastrana su desmonte. Si bien el gobierno podría hacer un mayor esfuerzo en combatirlo, la verdad es que el paramilitarismo es un fenómeno con una base social arraigada que desborda el control estatal. Esta exigencia de las Farc es incumplible por el gobierno. Así que si las Farc supeditan el cese del fuego a la erradicación del paramilitarismo, éste estará condenado al fracaso. Así como lo está cualquier negociación de paz si no se le pone fin a la guerra sucia que ha alimentado el conflicto durante décadas. Lo que sí es cierto es que, como dice Carlos Franco, “un cese del fuego desbarata políticamente al paramilitarismo” porque obliga al Estado a concentrarse en combatirlos, y por otro lado pierden su argumento de autodefensa.

El otro tema espinoso es el de suspender la política neoliberal de privatizar sectores económicos estratégicos o hacer un ajuste fiscal. “El proceso de paz, más que darle a la guerrilla las reformas que pide, lo que debe hacer es abrir los espacios democráticos para que esas propuestas se discutan”, opina Ricardo Santa María, negociador de la desmovilización del M-19. La propuesta de los Notables va en ese sentido. Ellos proponen que durante un período de seis meses de tregua la mesa de negociación, sin perjuicio de llegar durante ese lapso a acuerdos parciales de ejecución inmediata, convenga proyectos de reforma constitucional, proyectos de ley y decretos ejecutivos para que sean discutidos por una asamblea constituyente que el gobierno se compromete a impulsar. Esta asamblea estaría integrada por representantes de los sectores políticos, sindicales, económicos, gremiales e independientes de la sociedad civil y de las Farc y demás grupos insurgentes como el ELN ya desarmados. También plantean la alternativa de convocar un referendo que apruebe o rechace esas propuestas.

Antonio Navarro cree que sólo si es para discutir el punto de llegada del proceso, como sería la Constituyente, se justifica meterse en una discusión tan complicada como es un cese del fuego. “Si es para discutir un subsidio de desempleo es una pérdida de tiempo”, opina Navarro, quien en cabeza del M-19 negoció la tregua que dio paso a la firma de la paz.

El 7 de abril

Pero todo lo anterior está muy lejos. Lo más seguro es que nada de esto se logre en dos meses. Por eso cabe preguntarse qué se puede esperar de aquí al 7 de abril, fecha acordada entre las Farc y el gobierno para pactar la tregua. Lo primero es más bala. Con la arremetida de la semana pasada, y de las que con seguridad vendrán en los próximos dos meses, la guerrilla busca que el país sepa lo que ganaría si pacta la tregua. El Ejército, que la semana pasada no tuvo ninguna acción ofensiva pero sí evitó varias de las Farc, tendrá que convencer a la guerrilla y al país que su poder de negociación —en otras palabras, su poder militar— no aumentará de aquí a la definición de un cese del fuego.

Los analistas coinciden, sin embargo, en que lo máximo a lo que podrían aspirar los colombianos en los próximos dos meses es a acuerdos parciales de distensión. En un escenario optimista, es probable que las Farc lleven a cabo lo que propuso hace ya casi un año el ‘Mono Jojoy’ de no reclutar menores, de no usar cilindros de gas y quizá de lograr una gradualidad en el secuestro, como no retener niños ni ancianos. Todo esto, obviamente, a cambio de alguna concesión del Estado que probablemente no sería un subsidio de desempleo sino la focalización de programas de empleo en áreas de interés para la guerrilla.

Habrá que ver si esto será suficiente para mantener la credibilidad del proceso hasta el fin del mandato del actual Presidente en medio de una campaña electoral que gira alrededor del actual proceso de paz. Luego de lo que ha sucedido en las últimas semanas es oportuno recordar la lección de Clausewitz: “Cuando la guerra parece exclusivamente bélica, alcanza su máxima intensidad política. Y cuando la política parece moderarla y ejercer todo su poder, la basa política no es más importante que la batalla truncada que suscita”.



Propuesta de Cese de fuegos y de Hostilidades Gobierno Nacional



El domingo 20 de enero en la noche, cuando los colombianos vieron en televisión, en vivo y en directo desde Los Pozos, a Camilo Gómez y a ‘Raúl Reyes’ leer un comunicado en el que, por primera vez desde que se inició el proceso de paz, el gobierno y las Farc se comprometen a discutir con fechas concretas la posibilidad de una tregua, el país apagó la luz y se fue a dormir más tranquilo.

No era para menos: luego de un fin de semana de conteo regresivo frenético, en el que desfilaron tanquetas militares y soldados armados hasta los dientes se subieron a aviones Hércules con destino a la zona de distensión, con lo sucedido esa noche parecía que, por primera vez, el proceso de paz iba en serio. La escena fue muy esperanzadora: monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que era un día “histórico” para Colombia; Daniel Parfait, embajador de Francia, anunció que el “camino estaba trazado”, y James Lemoyne, delegado especial de la ONU, advirtió, visiblemente conmovido, que “es un buen día para Colombia, hay un camino para la paz”. Todo con el telón de fondo de embajadores de los países amigos, cuya presencia respaldaban las palabras de quienes daban las buenas noticias al país.

Una semana después de aquella apología verbal a la paz el país lo único que ha presenciado —atónito— es la desolación de la guerra. Horas después de firmar el acuerdo las Farc volaron torres de energía que dejaron a media luz al Meta y atentaron, además, contra la infraestructura energética y vial en Cundinamarca, Casanare, Antioquia, Tolima y Huila. Volaron una torre en Usme y cinco más en el corredor que viene de la hidroeléctrica del Guavio a Bogotá . Detonaron una carga de dinamita en el aeropuerto de Garzón (Huila), atacaron a la fuerza pública en el Valle, Cauca, Chocó y en Curillo (Caquetá). Y, en un acto demencial, atentaron contra el sistema de Chingaza para dejar sin agua a siete millones de ciudadanos. Cerraron la semana con la explosión de una bicicleta bomba en el sur de Bogotá que dejó cuatro policías, una niña muerta y decenas de heridos. Así, a punta de sangre y plomo, la guerrilla se encargó de hacerles entender a los colombianos que aquella celebración mediática, tan emotiva y simbólica, era prematura. Por eso, el mismo país que celebró la firma del acuerdo se unió para rechazarlos. El alcalde Antanas Mockus en la noche del pasado viernes organizó una manifestación simbólica en la que pidió a los ciudadanos protestar contra el terrorismo.

Y es que la gente que pensó que el Presidente reanudaba las negociaciones precisamente para evitar acciones terroristas como las de la semana pasada no entiende por qué las Farc actúan como se suponía que lo harían si se acababa la zona de distensión y el proceso.

El drama de la tregua

Lo cierto es que aunque es desconcertante la arremetida de la semana anterior está íntimamente ligada a la firma del acuerdo. Las Farc quieren demostrar que si cedieron ante Pastrana no fue por debilidad; quieren desinflar la euforia del Ejército de las semanas anteriores; pero sobre todo quieren mostrarle a la sociedad que la tregua no será su rendición sino una verdadera negociación en la cual ellos se abstendrán de hacer lo que ya mostraron que son capaces sólo a cambio de reformas de fondo.

Aquel domingo por la noche las Farc y el gobierno acordaron un cronograma en el que se comprometen a “abocar de inmediato el estudio de la tregua con cese de fuegos y hostilidades, de conformidad con el documento de recomendaciones de las personalidades”. Y fijaron como meta llegar a acuerdos concretos sobre este tema antes del 7 de abril de 2002. Tres días después, el 10, luego de evaluar los resultados concretos en la disminución del conflicto, Pastrana decidirá si prorroga o no la zona de distensión.

Así como los que no conocen la complejidad de un proceso de paz se ilusionaron con la noticia del acuerdo, quienes lo han estudiado a fondo no disimulan su escepticismo frente a una pronta tregua. Hasta ahora las Farc han estado más interesadas en el proceso de paz que en la paz. Y más concretamente en los 42.000 kilómetros de zona de distensión que les han permitido fortalecerse militarmente (retaguardia estratégica, entrenamientos de frentes, reclutamiento, contrabando de armas, planeación de ataques, refugio de secuestrados, etc…). Pero, al mismo tiempo, la guerrilla también desconfía de que el establecimiento realice las reformas económicas, sociales y políticas planteadas en la agenda común si suspende sus ataques a la infraestructura, las tomas, el secuestro y las extorsiones.

Y esta desconfianza mutua es el obstáculo más importante para discutir el primer punto de un cese al fuego: la localización de los frentes de la guerrilla. En las propuestas que intercambiaron en julio las Farc propusieron que cada “fuerza se mantenga ubicada en el sitio que ocupa a la firma del acuerdo”. Es decir, una localización estatua. El gobierno propuso crear “un área de reconciliación”, que definió como “un espacio geográfico acordado por gobierno y Farc en el cual se localizan las Farc”. Aunque no especifica si ese espacio sería la zona de distensión o varias zonas más, el general Fernando Tapias ha sido enfático en que una condición mínima para un cese del fuego es que “todos los guerrilleros se metan en la zona de distensión en el Caguán. Allá caben todos”, dijo en entrevista con SEMANA hace un par de meses. Además la opinión pública no toleraría otras zonas de distensión luego de lo que ha visto en el Caguán. Y, ¿qué opinaría Estados Unidos luego del 11 de septiembre?

Las dificultades de ambas propuestas es que las dos partes pretenden ganar en la mesa lo que no han ganado en el terreno militar. Las Farc aspiran acercarse a través de la tregua a bases militares de importancia y a las ciudades principales donde hoy no están. Y el Ejército pretende sacar a las Farc del resto del país para concentrarla en el Caguán, algo que no han conseguido en 35 años de conflicto armado. Tampoco parece viable que la guerrilla acepte concentrarse en donde están sus principales bloques pues el territorio que desocupen podría ser rápidamente copado por los paramilitares.

Analistas como Otty Patiño, del Observatorio de Paz, y León Valencia, sugieren como fórmula intermedia una veeduría internacional masiva como la que existió en Etiopía. Esta permitiría aceptar la localización estatua que proponen las Farc, pero con una extensa presencia de funcionarios del gobierno desarmados y extranjeros que impidan que aprovechen la situación para obtener ventajas militares. El analista Carlos Franco, por su parte, sugiere realizar treguas unilaterales de las Farc que tengan actos recíprocos del gobierno en términos de acuerdos parciales sobre la agenda de negociación, lo cual evitaría la discusión sobre la localización. Por ejemplo, las Farc podrían comprometerse a no secuestrar en determinadas zonas en donde el gobierno adelante una reforma agraria. Lo cierto es que el tema de la localización, tan fundamental en materia estratégica y militar para las partes, va a ser muy difícil y pocos creen que lo logren hacer en dos meses.

El dilema de las hostilidades

El otro tema difícil de sortear con éxito es el del cese de las hostilidades. En su propuesta el gobierno se compromete a no atacar a las Farc en el lugar en que se ubiquen y a cambio les exige que cesen los secuestros, la extorsión, las acciones ofensivas contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura económica y que se abstengan de realizar actividades conexas con el narcotráfico.

El problema es que las Farc dicen que a cambio de suspender las acciones ofensivas contra la fuerza pública el gobierno debe cesar las hostilidades contra los pobres. Exige que el Estado combata efectivamente el paramilitarismo, acabe la guerra sucia, suspenda la política neoliberal, cese las privatizaciones en sectores estratégicos, cese la extradición, castigue a los responsables de la corrupción, cancele las licencias de funcionamiento a los medios de comunicación que “hagan apología al paramilitarismo” y concierte con las comunidades la erradicación manual y la sustitución de cultivos ilícitos.

Lo más difícil en este punto es que para el gobierno el cese del secuestro y la liberación de todas las personas que están en cautiverio es una condición mínima para una tregua, así como para la guerrilla lo es el fin del paramilitarismo. Y ambos plantean profundos dilemas.

Aunque nadie sabe con exactitud qué porcentaje de las finanzas de las Farc provienen del secuestro, Fondelibertad, el programa antisecuestro del Ministerio de Defensa, calcula que la guerrilla recibe 23.000 millones de pesos anuales por concepto del secuestro. Entonces su suspensión tendría que ir ligada al sostenimiento económico parcial de los frentes guerrilleros durante un cese del fuego, que se dificulta aún más si no están concentrados en un área determinada. Y para que el Estado pueda financiar a las Farc tendrían que liberar a todos los secuestrados. ¿Podría hacerlo?

Por otra parte, la guerrilla siente que el secuestro es su principal arma de presión para que el establecimiento se tome en serio la negociación, ya que según ellos es la única forma en que los estratos altos se ven directamente afectados por una guerra eminentemente rural.

En el tema del combate al paramilitarismo, que es sustancial para las Farc, sucede algo similar. En su propuesta de cese del fuego le exigen al gobierno “depurar a las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales comprometidos con estos grupos, llevándolos ante los tribunales de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes; igual suerte deben correr los civiles comprometidos en su financiamiento, promoción y patrocinio”. El problema en este punto es que las Farc consideran que el paramilitarismo es una política del Estado y que, por lo tanto, está en manos del presidente Pastrana su desmonte. Si bien el gobierno podría hacer un mayor esfuerzo en combatirlo, la verdad es que el paramilitarismo es un fenómeno con una base social arraigada que desborda el control estatal. Esta exigencia de las Farc es incumplible por el gobierno. Así que si las Farc supeditan el cese del fuego a la erradicación del paramilitarismo, éste estará condenado al fracaso. Así como lo está cualquier negociación de paz si no se le pone fin a la guerra sucia que ha alimentado el conflicto durante décadas. Lo que sí es cierto es que, como dice Carlos Franco, “un cese del fuego desbarata políticamente al paramilitarismo” porque obliga al Estado a concentrarse en combatirlos, y por otro lado pierden su argumento de autodefensa.

El otro tema espinoso es el de suspender la política neoliberal de privatizar sectores económicos estratégicos o hacer un ajuste fiscal. “El proceso de paz, más que darle a la guerrilla las reformas que pide, lo que debe hacer es abrir los espacios democráticos para que esas propuestas se discutan”, opina Ricardo Santa María, negociador de la desmovilización del M-19. La propuesta de los Notables va en ese sentido. Ellos proponen que durante un período de seis meses de tregua la mesa de negociación, sin perjuicio de llegar durante ese lapso a acuerdos parciales de ejecución inmediata, convenga proyectos de reforma constitucional, proyectos de ley y decretos ejecutivos para que sean discutidos por una asamblea constituyente que el gobierno se compromete a impulsar. Esta asamblea estaría integrada por representantes de los sectores políticos, sindicales, económicos, gremiales e independientes de la sociedad civil y de las Farc y demás grupos insurgentes como el ELN ya desarmados. También plantean la alternativa de convocar un referendo que apruebe o rechace esas propuestas.

Antonio Navarro cree que sólo si es para discutir el punto de llegada del proceso, como sería la Constituyente, se justifica meterse en una discusión tan complicada como es un cese del fuego. “Si es para discutir un subsidio de desempleo es una pérdida de tiempo”, opina Navarro, quien en cabeza del M-19 negoció la tregua que dio paso a la firma de la paz.

El 7 de abril

Pero todo lo anterior está muy lejos. Lo más seguro es que nada de esto se logre en dos meses. Por eso cabe preguntarse qué se puede esperar de aquí al 7 de abril, fecha acordada entre las Farc y el gobierno para pactar la tregua. Lo primero es más bala. Con la arremetida de la semana pasada, y de las que con seguridad vendrán en los próximos dos meses, la guerrilla busca que el país sepa lo que ganaría si pacta la tregua. El Ejército, que la semana pasada no tuvo ninguna acción ofensiva pero sí evitó varias de las Farc, tendrá que convencer a la guerrilla y al país que su poder de negociación —en otras palabras, su poder militar— no aumentará de aquí a la definición de un cese del fuego.

Los analistas coinciden, sin embargo, en que lo máximo a lo que podrían aspirar los colombianos en los próximos dos meses es a acuerdos parciales de distensión. En un escenario optimista, es probable que las Farc lleven a cabo lo que propuso hace ya casi un año el ‘Mono Jojoy’ de no reclutar menores, de no usar cilindros de gas y quizá de lograr una gradualidad en el secuestro, como no retener niños ni ancianos. Todo esto, obviamente, a cambio de alguna concesión del Estado que probablemente no sería un subsidio de desempleo sino la focalización de programas de empleo en áreas de interés para la guerrilla.

Habrá que ver si esto será suficiente para mantener la credibilidad del proceso hasta el fin del mandato del actual Presidente en medio de una campaña electoral que gira alrededor del actual proceso de paz. Luego de lo que ha sucedido en las últimas semanas es oportuno recordar la lección de Clausewitz: “Cuando la guerra parece exclusivamente bélica, alcanza su máxima intensidad política. Y cuando la política parece moderarla y ejercer todo su poder, la basa política no es más importante que la batalla truncada que suscita”.



Propuesta de Cese de fuegos y de Hostilidades Gobierno Nacional



Propuesta de la Farcp - Ep sobre Cese de Fuegos y Hostilidades