Cheques chimbos

A pocos días de su juicio el político Alvaro Leyva, acusado de enriquecimiento ilícito, lanzó una sorpresiva bomba con dos elementos. El primero fue una carta de Jairo Aparicio Lenis, testaferro del asesinado narcotraficante Helmer ‘Pacho’ Herrera y principal testigo en su contra, en la que se retracta de sus denuncias, le pide perdón y le asegura que su caso fue un montaje de la Fiscalía. Aparicio había dicho antes a los fiscales que de las cuentas de Herrera le había prestado 49 millones de pesos en 1994 a Leyva. Y el segundo elemento fue más impactante. Leyva acusó al vicefiscal, Jaime Córdoba Triviño, y al periodista y ex asesor de la Fiscalía Hernando Salazar Palacio de haber recibido cheques de las cuentas de Aparicio, es decir, de ‘Pacho’ Herrera.

La carta de Jairo Aparicio Lenis a Leyva, distribuida por éste a varios periodistas, aparece escrita desde la cárcel de Palmira el 20 de octubre de 2000. En ella le asegura que fue obligado a declarar contra él. La participación de Aparicio Lenis es crucial en este asunto. El fue quien giró a Leyva en noviembre de 1994 el cheque por 49 millones de pesos en el cual se basa el proceso. El testaferro de Herrera se presentó a la Fiscalía el 24 de marzo de 1999 para, según se pensaba, corroborar la versión de Leyva, tal como lo había hecho por escrito en junio de 1998. Es decir, que esa plata era por repuestos de unas volquetas para las minas del Cerrejón que Leyva había importado de Rusia a través de su compañía Earth and Space.

Pero no fue así. Aparicio cambió su versión escrita y acusó a Leyva de haber recibido esa plata a sabiendas de que se trataba de dineros de Herrera, el narcotraficante, y aclaró que no correspondía a un negocio sino a un préstamo personal. Según Aparicio, Leyva fue hasta su casa de cambios ‘El Dollar’, en Cali, y puso como condición que el cheque no se lo girara ‘Pacho’ Herrera porque el proceso 8.000 estaba en furor. Además afirmó que había accedido a firmar el documento que avalaba la versión de Leyva porque le había ofrecido devolverle sus 49 millones de pesos. En ese momento Aparicio estaba escondido en Ecuador, así que se acordó una cita en Ipiales. Según la versión inicial del testaferro, Leyva envió a dos personas de su confianza, acompañadas de cuatro armadas “que tenían pinta de guerrilleros”. Aparicio recibió su dinero y firmó el documento respaldando a Leyva. Posteriormente, cuando se entregó, dijo a los fiscales: “Fui víctima de una extorsión”.

Por su parte Leyva reconoció en una entrevista concedida a SEMANA (edición #884) haberle devuelto el dinero a Aparicio, insistió en que lo hizo con tal de que se aclarara su origen y recalcó que no se trataba de un préstamo. Sin embargo el ex ministro nunca le dio estas explicaciones a la Fiscalía. Para entonces su defensa sostuvo que no lo hizo porque no tuvo la oportunidad. De todos modos los fiscales se preguntaron por qué Leyva devolvió dinero de un negocio que siempre defendió como lícito.

Ahora las cosas parecen haber cambiado. Leyva sostiene que tiene en su poder no sólo la carta que reveló, sino otras de Aparicio Lenis, quien cumple condena de 95 meses por enriquecimiento ilícito, en las que manifiesta que el caso en su contra es falso. Aparicio sostiene que se trató de un montaje y que un funcionario, el entonces fiscal regional Antonio José Serrano, fue el encargado de acomodar las declaraciones contra Leyva. Según Aparicio el fiscal encargado de tomarle el testimonio lo justificó todo con el argumento de que “Alvaro Leyva es el responsable de la derrota del Partido Liberal por haber acercado a ‘Tirofijo’ a Pastrana”. Según la carta, Aparicio asegura que su declaración fue un arreglo de sus abogados, Bladimir Mosquera y Guillermo Villa Alzate (asesinados) para que le concedieran beneficios judiciales. Prebendas que, dice el documento, nunca se cumplieron y por eso decidió retractarse.

Lo cierto es que ni esas cartas ni los testimonios de estas personas están en manos de la juez encargada de dictar sentencia en el caso Leyva. Es decir, que esas supuestas retractaciones no tienen, hasta ahora, peso judicial. Además, como explicó la Fiscalía a SEMANA, Leyva estaba con medida de aseguramiento por el cheque de los 49 millones muchos meses antes de la presentación de Aparicio y de su testimonio contra Leyva. Así que su versión completó la investigación pero no fue su eje fundamental. Sin embargo Leyva aseguró que tiene más pruebas que confirman que su proceso fue un montaje. “Hay videos y documentos”, dijo a esta revista.

Pero en lo que Leyva sí parece haberse equivocado fue en las acusaciones contra Jaime Córdoba y Hernando Salazar. Y se equivocó porque la denuncia de unos cheques girados en el 94 y el 95 de Aparicio a nombre de ‘Jaime Córdoba’ y ‘Hernando Salazar’ no resultaron corresponder ni al vicefiscal ni a su ex jefe de prensa.

Lo cierto es que la Fiscalía sí había investigado esos cheques. Según Jaime Córdoba, el primero es el número D3623768 de la cuenta corriente 230-15701-8 del Banco Ganadero de Cali, girado el 19 de abril de 1994 a nombre de ‘Jaime Córdoba’ por 50 millones de pesos. En el endoso aparece el mismo nombre con la cédula 16.223.222. El cheque fue consignado el 20 de abril de 1994 por Fernando Corrales en la cuenta 274-02500-6 del mismo banco. El segundo es el número D3623768 de la cuenta del Banco Ganadero de Cali número 230-40139-0 por la suma de 80 millones de pesos. Fue girado el 20 de enero de 1995 a favor de ‘Hernando Salazar’. El cheque fue endosado bajo el mismo nombre con número de cédula 16.849.761

“Esa es una desafortunada coincidencia. Son esos nombres fingidos que utilizaba el cartel para lavar la plata a través de cadenas de endosos falsos”, explicó Córdoba. “Ni la firma ni las cédulas ni las cuentas corresponden al vicefiscal y al ex jefe de prensa” y agregó que Leyva omitió deliberadamente revelar esos detalles porque se le caía la acusación.

En las investigaciones se estableció que la cuenta de la que se giraron los 50 millones de pesos para ‘Jaime Córdoba’ fue saldada en el 95, un año después de haber girado el cheque. Y que quien lo consignó, Fernando Corrales Muñoz, identificado con la cédula 16.277.340 de Palmira, Valle, no tiene registros de sus cuentas en la sede de ese banco porque su carpeta fue extraviada entre el 4 y 9 de junio de 1998. Por ese hecho existe una denuncia entablada por Mónica Cecilia Rizo Fernández. De otra parte, se descubrió que la cédula que aparece en el endoso bajo el nombre de Jaime Córdoba, la 16.623.222, es de Cartago, Valle, y que pertenece a Alexander Sáenz. Las investigaciones están en manos de los fiscales en Cali y hacen parte de los 9.000 cheques que se le encontraron en las cuentas a Aparicio Lenis. Según la Fiscalía, por haber recibido cheques de esas cuentas hay varias personas procesadas y acusadas por enriquecimiento ilícito.

Por esto el vicefiscal denunció a Leyva Durán. Pero lo que lo dejó aún más preocupado fue la advertencia del ex ministro de enviarle los documentos al guerrillero Manuel Marulanda Vélez. “Pues es para que aplique una justicia paralela o revolucionaria. Es una amenaza velada”, aseguró el funcionario.

La intención de Leyva era demostrar que la justicia fue supuestamente selectiva pues de 9.000 cheques de Aparicio Lenis el suyo fue uno de los pocos utilizados para una acusación penal. Pero la estrategia le falló porque sus acusaciones fueron desvirtuadas. Esto acabó causándole un perjuicio porque distrajo a la opinión pública de su verdadero propósito: denunciar ante el país que todo el caso en su contra había sido un supuesto montaje cuyo principal testigo acababa de retractarse.