CIDH condena las amenazas a defensoras de DD.HH. y los asesinatos de sus familiares

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un comunicado que ambas mujeres son beneficiarias de medidas cautelares del organismo desde el 2004 y de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde el 2006, aunque el Estado no ha adoptado medidas efectivas de protección.

Según la CIDH, esto "se enmarca en el patrón de persecución y desprotección en que se encuentran las defensoras de derechos humanos en la Comuna XIII de Medellín".

María del Socorro Mosquera y Mery Naranjo son defensoras de derechos humanos y líderes comunitarias que han realizado una labor constante de denuncia contra agentes estatales por su alegada participación en graves violaciones de derechos humanos en perjuicio de los habitantes de la Comuna XIII.

Debido a las amenazas recibidas y el contexto de violencia en la Comuna XIII, la CIDH otorgó medidas cautelares el 22 de octubre del 2004, a fin de proteger la vida y la integridad de María del Socorro Mosquera, Mery Naranjo y los familiares de esta última.

Ante la persistencia de los actos de hostigamiento y agresiones, la Comisión solicitó medidas provisionales a la CorteIDH, que las otorgó el 5 de julio del 2006 para los mismos beneficiarios.

A pesar de la vigencia de estas medidas, tres familiares de las dos defensoras han sido asesinados, denunció la CIDH.

Por otra parte, dijo la CIDH, continúan las amenazas y los actos de hostigamiento, incluido un allanamiento ilegal a la casa de Mery Naranjo en agosto del 2010, y agresiones físicas con golpes, patadas y puñetazos a Marlon Daniel Herrera Mosquera, hijo de Socorro Mosquera.

La CIDH considera de "suma gravedad" que el Estado no haya dispuesto medidas efectivas de protección a pesar de que por lo menos desde el año 2004 se ha tenido pleno conocimiento de la situación de riesgo que afrontan estas defensoras y sus familias, y a pesar de las medidas provisionales ordenadas por la CorteIDH.

El organismo recordó que es obligación del Estado investigar hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables.

Así mismo, la Comisión reiteró su llamado al Estado de Colombia para que adopte inmediatamente las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras de derechos humanos y sus familias.
 
EFE