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La CIDH pidió a ambas naciones coordinar acciones de búsqueda, rescate, investigación, tratamiento digno de los restos mortales del naufragio.
Delegación de la CIDH llegará a Colombia el próximo 7 de junio - Foto: CIDH

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CIDH propone anticipar visita de su delegación a Colombia para el próximo 7 de junio

Miembros del organismo se reunirán con voceros del Gobierno nacional y con víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del paro nacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en una carta dirigida a la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, su deseo de anticipar la fecha de su visita al país para el próximo lunes 7 de junio.

Esto con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos en el país en el marco de las protestas y hechos de violencia derivados del paro nacional, que completa ya poco más de un mes.

La CIDH indica en el documento, fechado el 28 de mayo, que le parece “imperioso” hacer un monitoreo de la situación en el terreno en el actual contexto.

Esa visita, dice la organización, debería adelantarse “a la mayor brevedad posible, de manera anticipada a la fecha propuesta” por el Gobierno nacional en la visita de la vicepresidenta a Washington el pasado 24 de mayo.

“La Comisión Interamericana propone como fecha para la realización de la visita del 7 al 9 de junio del corriente”, indica la CIDH.

La CIDH indica en el documento, fechado el 28 de marzo, que le parece “imperioso” hace un monitoreo de la situación en el terreno en el actual contexto.
La CIDH indica en el documento, fechado el 28 de mayo, que le parece “imperioso” hacer un monitoreo de la situación en el terreno en el actual contexto. - Foto: CIDH

En el documento, firmado por María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva Interina de la CIDH, el organismo dice que en caso de que el Estado colombiano “esté de conformidad con esas fechas propuestas, la Comisión suspendería la realización de la audiencia pública sobre la situación general de derechos humanos, toda vez que la evaluación de la situación se habría realizado de manera directa con todos los actores concernidos en el marco de la visita de trabajo”.

Desde el pasado 14 de mayo la CIDH solicitó la anuencia del gobierno del presidente Iván Duque para evaluar in situ, es decir, con visita en territorio, la situación de derechos humanos en Colombia, pero –de gira la semana pasada por Estados Unidos– la vicepresidenta Ramírez no consideró que por ahora sea pertinente, aunque no cerró la puerta al organismo.

“En este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea”, dijo el pasado lunes a periodistas en Washington, tras conversar con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien también elevó una solicitud de visita.

En su momento, la alta funcionaria destacó la iniciativa del gobierno de Duque de reunirse con la CIDH, prometió enviarle información sobre las protestas y la invitó a realizar la visita luego de la audiencia pública de oficio sobre la situación en Colombia, prevista para el 29 de junio en el 180 Periodo de Sesiones de la Comisión.

¡El país siempre cooperará con este organismo!”, tuiteó Ramírez.

“Vamos a definir conjuntamente un formato que asegure que la Comisión tenga la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y actores afectados por el paro, primando así la transparencia en la entrega de información”, prometió.

Al pedir la visita, la CIDH señaló reportes de “personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas”.

Agregó que también recibió informes de “agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado”.

Desde el 28 de abril, el estallido social en el país, inicialmente desatado tras un proyecto de reforma fiscal que Duque ya retiró, deja varios muertos y más de 2.000 heridos, mientras persisten decenas de cierres viales que afectan particularmente a departamentos del oeste del país.

La respuesta del gobierno de Duque generó condenas de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y oenegés internacionales.

Estados Unidos, que ha patrocinado durante décadas el combate contra el narcotráfico, permitiendo equipar y capacitar a la fuerza pública en su lucha contra las guerrillas, ha denunciado los abusos cometidos por la Policía en la represión de las protestas.