crímenes

Cinco líderes sociales asesinados desde que inició la cuarentena en Colombia

Indepaz denuncia que el derramamiento de sangre en el país no se ha detenido durante el periodo de aislamiento obligatorio.


El 25 de marzo comenzó a regir la medida de aislamiento preventivo obligatorio en Colombia debido al incremento de casos de coronavirus. Por decreto, el Gobierno solo autorizó a determinados grupos poblacionales a salir de sus casas durante la cuarentena porque desarrollan actividades de vital importancia para el abastecimiento alimentario y los servicios de salud, aseo y transporte. 

Pese a esto, los crímenes contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país no han cesado en estos ocho días. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lleva un registro de todas las personas que desarrollan labores de liderazgo en sus comunidades, asesinadas en lo corrido del año. 

Según el registro, cinco líderes y defensores han sido asesinados durante la cuarentena, dos casos de ellos en el departamento del Valle.

El primer asesinato corresponde a Ómar Guisurama Nacabera, líder indígena emberá integrante de Orivac (Organizació Regional Indígena del Valle del Cauca). Su muerte se produjo el 25 de marzo y junto a él también fue asesinado su familiar Ernesto Guisurama Nacabera.

Ese mismo día, la líder Carlota Isabel Salinas Pérez, miembro de la Organización Femenina Popular y defensora de derechos humanos, fue abaleada por hombres armados que llegaron a su vivienda sobre las ocho de la noche. La mujer vivía en el barrio Guarigua, del municipio de San Pablo, en Bolívar.

Madre de tres hijos, unas horas antes de su asesinato Carlota estuvo recolectando alimentos para ayudar a algunas familias de su población a sobrellevar la crisis generada por la pandemia del covid-19.

El siguiente fue un joven de 20 años llamado Alejandro Carvajal, quien permaneció más de siete horas tendido sobre un corte de coca en la vereda Santa Teresita, municipio de Sardinata (Norte de Santander). Carvajal participaba en una concentracion de campesinos en contra de las erradicaciones forzadas que estaba haciendo el Ejército en la zona. Los militares reconocieron que un integrante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 9 ocasionó un "incidente" donde "muere un habitante de la región". El hecho ocurrió el 26 de marzo.

La otra víctima fue Luis Soto, exconcejal del municipio de La Apartada, en Puerto Libertador (Córdoba). El hombre recibió varios impactos de bala en la cabeza.

Indepaz señaló que 71 defensores y líderes, así como 20 exguerrilleros, han sido asesinados en lo que va de 2020. 

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