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El operador CGR del relleno de Doña Juana denuncia que no les han pagado más de 3.140 millones por sus servicios. Por eso han bloqueado con carros el ingreso al relleno a funcionarios de la Alcaldía.

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Claves para entender la sucia pelea por las basuras en Bogotá

El operador del relleno de Doña Juana denuncia que no les han pagado más de 3.140 millones por sus servicios. Por eso han bloqueado con carros el ingreso de funcionarios de la Alcaldía al relleno. Hay riesgo de una emergencia sanitaria.

¿Quiénes pelean y por qué?

El relleno sanitario de Doña Juana, donde diariamente llegan más de 6.300 toneladas de basuras, está en manos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Esta entidad contrató en 2010 al operador Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) para que tratara un polígono con los residuos ordinarios (que no se pueden reutilizar) y lixiviados. Este contrato podría ir hasta el año 2022 o 2024. 

Hasta hace unos meses, el CGR también estaba encargado de separar los residuos mixtos, aquellos escombros o residuos de construcción contaminados con otros residuos ordinarios como material biológico, maderas, metales que no pueden ser llevados a escombreras autorizadas, pues en esos lugares sólo se disponen escombros limpios. Hoy la Uaesp y el operador CGR entraron en un pleito jurídico porque el Distrito no le ha pagado al operador los servicios de separación de servicios mixtos de diciembre del año pasado a febrero de este año. El monto asciende a los 3.415 millones de pesos.

¿Por qué la Uaesp no le paga al operador?

La directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, explicó que el cobro les llegó en enero. Cuando iban a pagarlo buscaron el contrato entre el Distrito y el operador y encontraron que solo había una concesión a este operador para atender el tratamiento de residuos sólidos ordinarios y de los lixiviados. Y que el cobro de esta factura era por la separación de residuos mixtos.  “Como no existe contrato, ni adición, ni otrosí a esa concesión no podemos pagar esas facturas”, dijo la funcionaria. 

El operador alega que en las dos pasadas administraciones, la de Gustavo Petro y la de Enrique Peñalosa, les pagaron por el servicio de separación de residuos mixtos sin ningún problema. El sustento jurídico para ellos sí existe. Se trata de un Acta de Acuerdo firmada en 2014, según la cual “de manera provisional” CGR iba a cumplir esa función y el Distrito iba a pagar por ese servicio. También argumentan que así había quedado dispuesto en el contrato 344 de 2010, cuando la Uaesp encargó a CGR de manera “provisional” la actividad relacionada con los escombros mixtos. 

Sin embargo, para la nueva directora de la Uaesp esos documentos no son suficientes, la provisionalidad ya se venció y por eso no pagará por este servicio hasta que un juez lo ordene. “Nosotros le propusimos en febrero a CGR hacer una adición al contrato, pero ellos se negaron. Entonces procedimos a buscar alternativas”, dijo Camacho.

Sin perder mucho tiempo, la semana pasada de hecho firmaron un contrato con Aguas Bogotá para hacer esta tarea por 1.700 millones de pesos. No obstante, cuando llegó la maquinaria para cumplir con esta función, trabajadores de CGR impidieron la entrada atravesando un vehículo en la vía de acceso al relleno. 

La demanda de CGR

Mauricio Bernal, representante de CGR, denunció a la directora Camacho por “la presunta comisión de conductas punibles que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente, la administración pública y demás que se logren establecer durante la investigación”. 

Según Bernal, CGR asumió la administración, operación y mantenimiento integral del Relleno Doña Juana de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, “con alternativas de aprovechamiento de los residuos que ingresen al relleno, provenientes del servicio ordinario de aseo”. Es decir, que para ellos, y según su experiencia con las alcaldías pasadas, sí tendrían potestad sobre los escombros mixtos.

“La actual administración distrital en cabeza de la denunciada, no sólo ha desconocido los acuerdos en materia contractual celebrados (...) sino que ha generado situaciones que seguramente desencadenarán una grave emergencia ambiental”, denunciaron. 

También aclararon que la cifra por más de 3.145 millones de pesos no incluye los daños patrimoniales ni los intereses por mora que debería el Distrito. 

El Distrito le ordena al operador parar con las actividades, pero este se niega a obedecer

Como respuesta, la Uaesp ordenó al concesionario abstenerse de realizar algún tratamiento con los residuos mixtos. Pero este lunes el operador publicó un comunicado de prensa en el que asegura que no cumplirán con la orden de la entidad y que iniciarán con la actividad de tratamientos de residuos mixtos para evitar un posible daño ambiental. 

“Desde el pasado sábado reiniciamos nuestras actividades de separación de los residuos, con todo el personal y maquinaria necesarios, a pesar de la prohibición y que nos han dicho que la directora Camacho no quiere pagar por esa labor, porque en este momento lo más importante es el bienestar de la ciudad”, aseguró Mauricio Bernal, representante de CGR. 

Bernal ya había dicho también que en este momento “hay una enorme cantidad de basuras y escombros regados dentro del relleno, que están produciendo afectaciones ambientales como la proliferación de moscas, ratas y malos olores, que resultan nocivos para la comunidad aledaña a Doña Juana”. Según él también se registran daños al suelo por los líquidos que derraman las basuras y hay un incremento en el riesgo de incendios por la acumulación de materiales inflamables. El patio para la recepción y tratamiento de los residuos colmó ya su capacidad.

Se irán a los estrados judiciales

Como no han podido llegar a ninguna conciliación, el caso se irá ante un juez. La firma de abogados de Abelardo de la Espriella estará a cargo de la defensa de CGR. Sus principales argumentos en la defensa del operador no son solo el contrato del 2010 y el acta de 2014, sino que recuerda que en 2012  el alcalde Petro se vio en aprietos cuando le entregó a Aguas de Bogotá el manejo del aseo de la ciudad y se vieron las calles llenas de basura. 

El abogado también afirma que la  Uaesp habría violado el derecho constitucional a la libre competencia por darle el contrato a dedo a una empresa distrital sin experiencia y ya hay quejas y denuncias ante la Personería Distrital, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría, la Contraloría, la Veeduría y la ANLA. 

La Uaesp, por su parte, señala que CGR no ha demostrado ser un operador eficiente. “El año pasado se les pagaron 21.000 millones por separar 400.000 toneladas de basura y todavía hay 170.000 toneladas en ese patio de mixtos sin tratar”, dijo la directora. 

La entidad agregó que la Interventoría Interdj y la supervisión por parte de la Uaesp han encontrado en las visitas al Patio de Mixtos que se encuentra por fuera del polígono concesionado al operador CGR, lo cual evidenciaría “que los residuos mixtos han venido siendo dispuestos de manera incorrecta y de forma no técnica, poniendo en riesgo así la salud de los ciudadanos vecinos del relleno y generando posibles afectaciones ambientales, tal como se ha establecido en informes de la CAR, la ANLA y demás entes competentes para este fin”. También reprochan que CGR haya utilizado un carro para bloquear la entrada de Aguas Bogotá para hacer la separación de mixtos. 

CGR tiene en su contra que hace unos días la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la multó por 5.581 millones por incumplimiento del Plan de Emergencia y Contingencia para el año 2017; y por fallas graves en la prestación del servicio de aseo en la actividad de disposición final. 

En las investigaciones, según la Super, “se evidenciaron incumplimientos en el cubrimiento diario de residuos, la recolección y tratamiento de lixiviados, el control de insectos, roedores y otros vectores; así como restricciones en el tránsito de vehículos, especialmente en temporada de lluvias, e inadecuada gestión en la disposición final de residuos de construcción y demolición, entre otras fallas”. 

Actualmente, la Superintendencia además adoptó un plan de acción para monitoreo continuo a la emergencia registrada el pasado 28 de abril por el desplazamiento de residuos, y avanza con el trámite de otras dos investigaciones iniciadas en años anteriores.