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| 6/17/2006 12:00:00 AM

Coca arrasada

El jefe paramilitar Vicente Castaño está erradicando coca en su pueblo natal, Amalfi. Esta puede ser la mejor alternativa de empleo para los desmovilizados.

Coca arrasada En la zona aledaña a la mina La Comba, se inició la erradicación manual de coca en Amalfi. Setenta desmovilizados se tomaron dos horas para acabar con esta plantación de casi una hectárea
Los paisas tienen un refrán para todo. El lunes pasado, cuando empezaron en Amalfi, Antioquia, los rumores de que por ahí andaban Vicente Castaño y un grupo de 70 desmovilizados erradicando la coca, más de uno dijo que era como ver "al diablo haciendo hostias". Este pueblo minero tuvo en los últimos dos años un crecimiento espectacular de los cultivos ilícitos. Se calcula que en el área que comprende las cuencas de los ríos Porce y Mata hay cerca de 10.000 hectáreas de coca, que empezaron a ser sembradas hace apenas tres años, justo cuando arrancaba en firme el proceso de negociación con los paramilitares. Ahora que ellos están desmovilizados y que se han comprometido a dejar el narcotráfico, prefieren arrancar la coca, antes que dejarla en manos de la guerrilla.

Los desmovilizados, casi todos de origen campesino, hacen parte del programa que comenzó en Urabá y Córdoba hace dos meses con cerca de 180 muchachos. Esta se ha convertido, en la práctica, en la única ocupación a la que están pudiendo acceder masivamente. En el programa sólo están participando actualmente dos de los ex jefes paramilitares: Salvatore Mancuso y Vicente Castaño. Los demás han expresado su deseo de vincularse, pero no cuentan con el aval del gobierno todavía. Estos tres pequeños grupos son considerados una experiencia piloto que, de funcionar bien, estaría abriendo una posibilidad inmensa para la reinserción. "Nosotros podemos poner a 20.000 muchachos a trabajar en esto y acabamos con la coca del país", dice Castaño. En Colombia hay 61 grupos de erradicación manual que están dando resultados sorprendentes, pues además de arrancar las matas una a una, destruyen los semilleros, reportan el hallazgo de insumos y son una fuente de ingreso para 1.800 campesinos que supera el salario mínimo rural. Algo que no se logra con la fumigación. "La aspiración es llegar a 100 grupos móviles este año", dice Victoria Eugenia Restrepo, directora del programa contra cultivos ilícitos de la Presidencia de la República.

La estrategia para acabar con la coca manualmente tiene apenas dos años. Fue creada por Luis Alfonso Hoyos, director de Acción Social, para acabar con los cultivos emergentes en el departamento de Caldas, donde la sola idea de fumigar contaba con el rechazo de toda la población. Resultó tan exitosa, que se amplió a todo el país, a pesar de que muchos altos funcionarios del gobierno dudaban de su efectividad. "Un ministro me dijo cuando le presenté la propuesta: niña ilusa. ¿Usted cree que va a erradicar más coca a mano que con la fumigación?", dice Restrepo. El tiempo le dio la razón. Actualmente se han destruido con este método cerca de 40.000 hectáreas de cultivos, incluidas 2.000 en La Macarena, y el incipiente proceso con los otrora combatientes de las autodefensas.

Los ex paramilitares que llegaron al noreste antioqueño están organizados en una cooperativa que recibirá 400.000 pesos por hectárea erradicada. Calculan que para acabar con la coca en esta región, necesitarán por lo menos un año de trabajo. Para el gobierno es mejor negocio pagar 'al destajo' que por días. Esta cooperativa corre con todos los gastos y la logística que se requiera para el trabajo: transporte, alimentación, medicinas; además, les pagan un jornal. "Son 20.000 pesos libres. Mientras en el pueblito de donde venimos pagan 15.000 por sembrar arroz", dice uno de los ex combatientes.

El terreno erradicado es rigurosamente medido por un ingeniero y un topógrafo de la Oficina Antidrogas de Naciones Unidas, ayudados por aparatos satelitales. Al igual que en La Macarena, el Ejército protege la parte externa. Cerca del lugar donde se erradica hay varios frentes del ELN y de las Farc. La Policía acompaña a los erradicadores en el terreno. Este programa se ha podido hacer porque está liderado de principio a fin por los jefes paramilitares. "Si no es así, no funciona. Entre los desmovilizados hay mucha indisciplina", dice Restrepo. La presencia de Vicente Castaño, y de quien fuera su lugarteniente durante la última década en las AUC, Jesús Ignacio Roldán 'Monoleche', son garantía de que todo el grupo marche como un reloj.

El trabajo no es fácil. Los erradicadores viven en un campamento improvisado donde el agua es apenas la que corre por las quebradas, la luz eléctrica proviene de una planta de gasolina, y se cocina con leña. En ocasiones tienen que caminar hasta cuatro o cinco horas para llegar a un cultivo, y soportar jornadas con lluvia o un sol inclemente. La amenaza de ser atacados por la guerrilla o caer en campos minados es permanente. Por eso hay estrictas reglas: a las 7 de la noche todos deben estar acostados, y a las 6 de la mañana empieza la jornada. Durante los 45 días que duran internados en la selva, prácticamente no tienen comunicación con sus familias. Hay una estructura jerarquizada de mando, como si fuera un frente militar, pero esta vez al servicio de la erradicación. Este punto genera mucha controversia. El embajador de Estados Unidos, William Wood, le expresó al ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, su inquietud porque en este programa se reproduce toda la estructura de poder de los paramilitares. Castaño admite que han sido ellos quienes han buscado el apoyo de la empresa privada. En Urabá, por ejemplo, Augura apoyó con la alimentación para los erradicadores. En Amalfi, "un empresario amigo" les puso a disposición un helicóptero. Gestiones que hacen los ex jefes de las autodefensas.

A pesar de todas las limitaciones, la idea de que los desmovilizados erradiquen coca parece ser la solución salomónica para el problema en el que está metido en gobierno. No hay empleo para ellos, ni arrancan los proyectos productivos. Con la erradicación, los desmovilizados ganan, pues tienen un ingreso decoroso. Y le da impulso a la erradicación manual, que parece ser una opción que cada vez le interesa más al presidente Álvaro Uribe, especialmente en lugares donde los cultivos son dispersos, y los ecosistemas, frágiles. En el caso de Amalfi, 537 familias, de 21 veredas, decidieron acogerse al programa de Familias Guardabosques, que es uno de los más importantes para el gobierno. Cuatro veredas no aceptaron el programa porque lo consideran riesgoso para sus vidas. "A uno le exigen que se convierta en sapo, y señale al que tenga coca", dice un campesino.

Abrirles a los desmovilizados las puertas de los grupos móviles de erradicación puede ser un alivio a los problemas de la reinserción. Al tiempo que puede ser un acto de reconciliación con la sociedad. Para los jefes de las autodefensas, un gesto concreto que mostraría su propósito de enmienda, que ha sido la exigencia hecha por el presidente Álvaro Uribe para no extraditarlos a Estados Unidos.

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