Ponencia pide nuevo revolcón a las reglas de la minería

La Corte Constitucional se apresta a estudiar una ponencia en la que se plantea la necesidad de tramitar unas nuevas reglas del juego para la actividad minera, en la que se proteja el derecho a la autodeterminación de las comunidades étnicas y raizales.

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La magistrada María Victoria Calle presentó una ponencia que propone cambios en los requisitos para la escogencia de los concesionarios y en la que se procura exhortar al Congreso de la República a tramitar un nuevo Código de Minas que sólo podrá tener cabida si antes se adelantan consultas previas con todos los pueblos indígenas y afro potencialmente afectados con trabajos de explotación del subsuelo.

Esta Corte Constitucional ha sido especialmente rigurosa con el Gobierno, el Congreso y los empresarios, para evitar que el propósito de estos últimos de hacer de la minería la actividad bandera de la economía proveniente de la explotación de recursos naturales termine siendo una letal condena para el medio ambiente y los derechos de los pueblos aborígenes.

Primero, la corporación judicial tumbó el Código Nacional de Minas expedido en el 2011 porque no se adelantaron los procesos de consulta previa con las comunidades eventualmente afectadas por el desarrollo de proyectos mineros.

A partir de esa decisión, fueron cada vez más comunes las órdenes de suspensión de megaproyectos del sector en las que no se convocó previamente a las comunidades aborígenes para que opinaran sobre el desarrollo de esas iniciativas. Ecopetrol y sus asociadas vieron cómo varias de sus más ambiciosas metas se debieron aplazar, cuando no relegar, cuando se perdió de vista el cumplimiento de este requisito.

También en materia de medio ambiente, la Corte ha preferido privilegiar la defensa del entorno natural –pensando en el capital aquífero, de flora y fauna que allí está en juego- antes que los multimillonarios presupuestos y proyecciones de recaudo que prometían dejar varios proyectos de explotación del subsuelo.

Por eso decidió impedir cualquier tipo de actividades de ese tipo en zonas declaradas como parques nacionales naturales o páramos, sin importar que la concesión hubiera sido otorgada antes de la expedición de la norma que prohíbe tales prácticas productivas en zonas protegidas, como las ya referidas.

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Otra decisión de esa corporación judicial les permitió a los alcaldes y gobernadores oponerse al desarrollo de macroproyectos de este ámbito en sus terruños, así al gobierno nacional no le gustara esa negativa. Como esta, hay otras tantas determinaciones que les han ido imponiendo barreras a los mineros, para evitar los atropellos que se pudieran haberse cometido en el pasado con las comunidades y el medio ambiente.

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Ahora cuando el tribunal constitucional estudia una nueva demanda contra el código minero que sigue rigiendo el sector, la magistrada Calle sugiere introducir cambios que hagan más efectiva la protección de los derechos de las comunidades frente a las empresas que se dedican a estas tareas.

Por ejemplo, propone tumbar la norma que les permite a los concursantes en una licitación que primero se presentaron tener un derecho de prelación. Eso significa que no por mucho madrugar las empresas dedicadas a la explotación de minerales podrán tener mejores oportunidades para ser escogidas, como ha ocurrido hasta ahora.

Por otro lado, frente a la norma que les permite a los indígenas tener prelación en las concesiones mineras que se adelanten en las áreas más cercanas al territorio en el que habitan, la ponente Calle sugiere mantener ese mandato, como una manera de prever que los derechos de los pueblos aborígenes no se verán suficientemente expuestos por el adelantamiento de estas actividades.

Pero el punto central de la tesis que trata de defender la jurista es la necesidad de que indígenas y afro sean protagonistas de excepción en la elaboración de las reglas por las cuales se seguirá rigiendo la actividad minera en Colombia.

Por eso, la magistrada Calle le pide a sus compañeros que la apoyen para exhortar al Congreso a que tramite urgentemente un nuevo Código Nacional de Minas que sea el resultado de las consultas previas con las comunidades.

Para algunos magistrados, este proyecto bien puede ser la estocada que le hacía falta a la locomotora minera, dado que sigue abriendo puertas a que se puedan afectar principios universales de los que antes gozaban los empresarios en esta materia.

Sin embargo, a juzgar por los resultados de discusiones como esta que ya se han librado en el alto tribunal, es casi un hecho que el proyecto de fallo obtendrá el número mínimo de votos que requiere para ser aprobado y obligar al Gobierno, a los grupos económicos del sector y al Congreso a sintonizarse con la intención de la justicia de preservar los intereses de los grupos vulnerables que más padecen el desarrollo de este tipo de proyectos.

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