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| 5/9/2018 11:04:00 PM

Segunda prueba de fuego del Gobierno Santos en Naciones Unidas

El anterior examen de derechos humanos recogió las alertas de homicidios y desplazamientos por cuenta del conflicto. Sin embargo, el clima de una negociación de paz con las Farc apaciguó las aguas. Este año, el reflector lo tiene puesto la implementación.

Colombia en el Examen Periódico Universal de Ginebra, Suiza Segunda prueba de fuego del Gobierno Santos en Naciones Unidas Foto: Getty Images

Hace cuatro años, en la llamada capital de los derechos humanos, los 193 países miembros de las Naciones Unidas aplaudieron la celebración de un acuerdo de paz con las Farc como un esfuerzo de pasar la página de un conflicto armado de media década. Ahora, los efectos y resultados de ese desarme son el plato fuerte en el Examen Periódico Universal, EPU, que tendrá que presentar Colombia en Ginebra, Suiza.

Esta es la tercera vez que el gobierno de Colombia presenta su balance en materia de derechos humanos (el primero fue en 2008 y el segundo en 2013). El gobierno de Juan Manuel Santos repite y pasa al tablero en época electoral, lo que implica que será responsable de las conclusiones pero los desafíos los tendrá que asumir quien lo reemplace en la Casa de Nariño.

La delegación del país estará en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Rivera, que explicará las medidas que ha adoptado para aplicar las recomendaciones ya formuladas. Colombia recibirá la calificación junto a 14 países, y los relatores serán Australia, Panamá y Qatar.

El examen se hace basado en los informes del Estado y en las recomendaciones de los países parte. Estos últimos basan sus intervenciones en informes de expertos y grupos de trabajo independientes, así como en información proporcionada por actores interesados, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y ONG. 

El interrogante recurrente de los Estados a Colombia está relacionado con la situación de los líderes sociales asesinados. Hace apenas una semana, apareció en Arauquita el cuerpo sin vida de María Moreno, una dirigente comunitaria que había protagonizado en cautiverio un video en el que decía que sus captores estaban exigiendo por su liberación 1.000 millones de pesos. 

Según la Defensoría del Pueblo, durante 2016 fueron asesinados 134 líderes sociales, comunitarios y defensores de los derechos humanos en Colombia. En 2017 y hasta el 15 de agosto, se reportaron 58 homicidios y 500 amenazas, 61 de las cuales correspondían a amenazas colectivas. Esta cifra contrasta con la ya alarmante estadística, que en 2011 registró 35 asesinatos de líderes, con lo que Colombia se llevó el primer lugar en la tabla de países más peligrosos para este gremio.  

Aunque los países miembros no podrán pasar por alto el desescalamiento de la violencia ocasionada por el conflicto, otros aspectos tienen en deuda al Gobierno colombiano. Uno de los más sensibles es la situación carcelaria, que en 2013 reportó un grado de hacinamiento del 47 por ciento en 120 de las 142 cárceles del país. “El sistema de salud para la población reclusa colapsó y el servicio de atención médica no se está prestando, desde enero hasta julio de 2012 habían muerto 80 personas por falta de asistencia”, alertó el informe anterior. Este año, el reporte del Comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación porque el promedio se incrementó al 55 por ciento y en dos establecimientos estos niveles superaron el 400 por ciento. 

La Defensoría del Pueblo y su voz alerta en torno a la retoma que estructuras criminales han hecho de los territorios que fueron abandonados por las Farc, seguirá dando de qué hablar. En particular, en relación a la crisis de Tumaco, detonada por el fortalecimiento de unas disidencias de esta guerrilla, al mando de Guacho. Y los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley que encienden el Catatumbo. Otro tema que se repite en la agenda es la judicialización de altos mandos en casos de falsos positivos.

Se espera que las medidas en favor de las víctimas que el país viene adoptando hagan contrapeso. Pero nuevos ruidos se podrían colar en la agenda por cuenta de la corrupción en la justicia y en los recursos para el posconflicto, temas que aún no se ha anunciado si serán expuestos durante esta sesión.

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