COLOMBIA EN JAQUE

ALGO MUY GRAVE ESTA A PUNTO DE SUCEderle a Colombia: en unas pocas semanas, el país podrìa ser incluido en un vergonzoso grupo de naciones consideradas como 'parias de la humanidad'. Este dudoso honor lo comparten hoy en día solamente Birmania, Irán, Siria y Nigeria, tras haber sido acusadas por las autoridades de Estados Unidos de proveer el mercado norteamericano de gigantescas cantidades de drogas ilícitas y, mucho más grave aún, de hacerlo ante la ineficiencia, la indiferencia e incluso la complicidad de sus propios gobiernos.
Las consecuencias de semejante decisión, que antes del primero de marzo deberá tomar el presidente Bill Clinton y que días después será revisada por el Congreso estadounidense, no terminan en ese muro de la verguenza. Si los poderes ejecutivo y legislativo de Estados Unidos resuelven no certificar la cooperación de Colombia en la lucha antidrogas, el país pagaría un costo que desde ya puede medirse en cientos de millones de dólares. En efecto, si Colombia no es certificada, la Secretaría del Tesoro en Washington tendría que ordenarle a sus representantes ante los organismos multilaterales de crédito -Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID- votar negativamente cualquier empréstito destinado a Colombia, algo que comprometeria seriamente Planes gubernamentales tan importantes como el Salto Social. Sólo se salvaría la ayuda humanitaria -es decir, la que podría darse en caso de una tragedia en el país- y, curiosamente, la ayuda de aplicación directa en la lucha antidrogas, como los fondos destinados a la fumigación aérea de narcocultivos.
Adicionalmente, el país podría perder los beneficios que obtuviera hace tres años en el marco del Acuerdo Comercial de Preferencias Andinas (Atpa), que, en el campo de las tarifas aduaneras, le otorga un trato privilegiado a las exportaciones colombianas a Estados Unidos de flores, frutas tropicales, manufacturas de cemento, cerámica, cuero y madera, vegetales enlatados, productos de vidrio, artesanías y alimentos procesados, entre otros, que valen anualmente más de 1.200 millones de dólares. Finalmente, no resulta exagerado predecir que, como consecuencia de la no certificación, se generaría una ola de estrellas negras contra el país en materias como el turismo y la inversión extranjera.
Este abismo de desprestigio y crisis está a los pies de Colombia, a juzgar por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Bogotá, Myles Frechette. (quien en un discurso pronunciado el 28 de enero ante un selecto grupo de empresarios norteamericanos que invierten en América Latina, aseguró que la certificación "va a ser muy difícil este año", pues "en Washington, tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa, hay quienes creen que la administración Samper no se ha desempeñado tan bien como habrìa podido" en la lucha antidrogas. Evitar que esta certificación sea negada es la misión que le ha sido encomendada por Samper a varios de sus ministros, como el canciller Rodrigo Pardo, quien viaja este martes a Washington para una maratónica serie de consultas de pronóstico reservado, en los niveles decisorios de la administración y el Congreso.

MAR DE FONDO
El discurso de Frechette, cuyo tono contrastó brutalmente en algunos de sus apartes con la imagen amable y de buen vecino que los colombianos se habían hecho de este embajador, fue visto en un primer momento como un hecho aislado por medio del cual el representante de Washington en Bogotá deseaba ganar puntos con sus endurecidos superiores en el Departamento de Estado.
Sin embargo, a las pocas horas de conocidas sus expresiones, se hizo evidente que navegaban sobre un mar de fondo tan agitado como peligroso, a tal punto que fue posible establecer que los párrafos más duros del discurso habían sido prácticamente dictados a Frechette por sus jefes. Cualquier persona que la semana pasada hubiera hecho un rápido sondeo entre los conocedores de los intríngulis de Washington, habría podido establecer que las palabras del embajador no son más que uno de los muchos síntomas -y no necesariamente el más preocupante- del franco deterioro de las relaciones entre los dos países. Un alto funcionario del Departamento de Estado que conversó el jueves en la mañana con SEMANA y que pidió mantener su nombre bajo reserva, aseguró que "el gran problema es que hay una crisis de confianza que se ha agravado en los últimos años (...) y que se ha exacerbado con todo lo que pasó el año pasado hasta llevar a las relaciones a una situación casi raquítica".
Otras fuentes le atribuyen, de modo quizás exagerado, un papel protagónico en la responsabilidad de todo lo que está pasando al embajador colombiano en Washington, Carlos Lleras de la Fuente. Y si bien el tono confrontacional que ha ensayado con las autoridades norteamericanas tiene una viabilidad bastante discutible, difícilmente puede ser considerado como la causa del problema (ver siguiente artículo).
La cuestión es mucho más compleja. Hace un par de semanas, durante la visita que realizaron a la capital estadounidense el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez y en fiscal general, Alfonso Valdivieso, surgieron pistas sobre el origen de la creciente tensión. En desarrollo de las diferentes entrevistas sostenidas por Martínez y Valdivieso fueron recurrentes algunas inquietudes y quejas de los interlocutores norteamericanos.
La primera de ellas es que toda la burocracia de Washington que se interesa, tanto a nivel ejecutivo como del Capitolio, en los asuntos antidrogas y en las relaciones colombo-americanas, parece estar convencida de que las autoridades colombianas hacen poco para perseguir al cartel de Cali. Para esos funcionarios, las cifras demuestran que el área cultivada con hoja de coca y amapola -negocios controlados por los narcotraficantes de Cali y del norte del Valle del Cauca- no ha hecho más que crecer, hasta llegar a sumar en total más de 60.000 hectáreas de las dos plantas prohibidas. Además, si bien las incautaciones por parte de autoridades colombianas de droga procesada han aumentado, también lo ha hecho el flujo neto de cocaína y heroína. En cuanto a esta última droga, "Colombia ya produce -según el funcionario del Departamento de Estado que habló con SEMANA- el 12 por ciento de la heroína que entra a Estados Unidos, por encima, incluso, de México, que sólo produce el 9 por ciento". Y ante todo esto, piensan algunos funcionarios en Washington, el gobierno del presidente Ernesto Samper no parece estar realmente decidido a comprometerse en combatir a esas organizaciones.
Toda esta explicación no es sin embargo suficientemente convincente. Aunque todas las informaciones anteriores muestran el mal momento que viven las relaciones, en justicia hay que decir que muchas de esas críticas podrían haber sido planteadas en el pasado a los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria, y que para explicar lo que está ocurriendo ahora, es necesario acudir a un análisis más profundo de la coyuntura actual.
Un elemento que parece jugar un papel decisivo en todo este asunto es la compleja situación política que se vive hoy en Washington. Por primera vez en décadas, los demócratas han perdido el control de las dos cámaras legislativas, y esto justamente cuando el primer gobierno demócrata en 12 años, comienza a caminar con el sol a las espaldas. Bill Clinton, quien como todo mandatario estadounidense que se respete parece decidido a buscar su reelección para un segundo período, ha comprendido que la única manera de alcanzar ese objetivo es por medio de un ejercicio de real politik consistente en endurecer su discurso, girar a la derecha y ponerse a tono con los vientos republicanos que soplan en el Capitolio.
Para ello, uno de los frentes en los cuales puede darle un significativo contentillo a los republicanos es el de la lucha antidrogas. Los líderes más caracterizados de la derecha republicana -entre los que se cuenta el senador Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el mismo que tendrá a su cargo el debate sobre la certificación- están convencidos de que el gobierno de Clinton debe apretarle las tuercas a las autoridades de los países productores, entre los cuales Colombia ocupa un lugar destacado. Y el gobierno demócrata parece dispuesto a complacerlos. Como dijo la alta fuente del Departamento de Estado consultada el jueves por SEMANA, "con el nuevo panorama político que tenemos ahora en Washington, con el cambio de liderazgo y orientación del Congreso, estamos viendo algunas posturas que quieren (...) que los países involucrados como Colombia muestren más interés no en limpiar su imagen, sino en mejorar, en limpiar su comportamiento en materia de narcotráfico".

LO QUE VIENE
Pero aun teniendo en cuenta el juego político de Washington, la posición de Colombia no debería haberse vuelto tan frágil. Al fin y al cabo el país ha conseguido resultados que deberían colocarlo muy por encima de las otras naciones productoras de drogas ilícitas. Para empezar, Colombia dio de baja hace escasos 13 meses al más peligroso y sanguinario narcotraficante del planeta. El país sigue siendo el más efectivo en decomiso de cargamentos y uno de los pocos que, con todo y los problemas de su aparato judicial, ha podido llevar tras las rejas a algunos de los más peligrosos capos. El propio gobierno de Samper ha dado pruebas recientes de su compromiso en esta lucha, como los radicales cambios en la cúpula de la Policía. Como consecuencia de esto, fue nombrado a la cabeza de esa institución el general Rosso José Serrano, quien según los própios funcionarios norteamericanos es uno de los oficiales que mayor confianza ha despertado al gobierno de Estados Unidos en toda la historia de la lucha antidrogas. También se ha comprometido el gobierno de Samper en un ambicioso plan de erradicación de cultivos por medio de fumigaciones aéreas con glifosato, que pretende ser proyecto piloto a nivel mundial.
¿Por qué entonces tanto malestar? ¿Por qué, a pesar de estos resultados, hay tanto mal ambiente? Por momentos pareciera que existe la estrategia consciente de parte del gobierno de Estados Unidos de desconocer la importancia de los logros alcanzados, para poner nuevas y más ambiciosas metas, para exigir siempre más. No obstante todas las fuentes consultadas, tanto en Washington como en Bogotá, coinciden en afirmar que hay algo más detrás de lo que está pasando.
La clave podría estar en la expresión "crisis de confianza" de que habla el funcionario del Departamento de Estado. La realidad que parece salir a flote una y otra vez es que algunos sectores de la administración de Bill Clinton y del Congreso en Washington parecen estar obsesionados con el confuso episodio de los narcocasetes, que por cuenta de las interpretaciones que de él hicieran agencias como la DEA, no ha sido enterrado aún en la capital estadounidense.
Esa credibilidad puede haberse afectado además por otros episodios posteriores que los funcionarios norteamericanos, en su visión generalmente maniquea de la situación colombiana, no terminan de entender. Uno de los más recientes es el caso del regaño que el ministro de Defensa, Fernando Botero, le hiciera en diciembre al Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali, por un operativo en el Hotel Intercontinental durante la celebración de la primera comunión de la hija de Miguel Rodríguez Orejuela. La motivación de Botero era dejar en claro que la guerra era contra los capos, y que excluía a mujeres y niños. Sin embargo, esta lectura tan elaborada no es fácil de hacer en las oficinas de Washington. Otro asunto qúe ha sido mal visto por las autoridades norteamericanas es el acuerdo firmado por el gobierno colombiano con los cultivadores de coca del Guaviare, en el que las autoridades nacionales se comprometieron a erradicar manualmente y no por medio de la fumigación aérea, las siembras de menos de tres hectáreas. Esta actitud fue motivada en consideraciones sociales que se hizo el gobierno colombiano por cuenta del paro campesino de diciembre, que conmueve a los funcionarios de Estados Unidos.
No hay duda de que estos y otros casos constituyen una desafortunada secuencia de eventos de mala presentación. Pero pasar de ahí, de un problema de manejos equivocados de información y hasta de negociaciones erráticas con unos campesinos, a que Estados Unidos entre en un proceso de franca desconfianza con las más altas esferas del gobierno de Samper, hay mucho trecho. Lo cierto es que una vez más, como lo dijo la semana pasada el ministro de Gobierno, Horacio Serpa, "los Estados Unidos están mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". Un país que, con los descomunales recursos económicos, legales y militares con que cuenta, no ha sido capaz de reducir la entrada de drogas ilegales por sus fronteras ni de controlar la creciente demanda de esas sustancias, carece de autoridad moral para exigirle a una Nación pobre y con un Estado aún muy insuficiente como lo es Colombia, que frene ella sola el más lucrativo y poderoso negocio ilícito de la historia de la humanidad.
Ni Colombia ni Ernesto Samper se merecen que, por cuenta de una crisis de confianza y credibilidad basada más que en cualquier otra cosa en errores de presentación de Bogotá y de lectura por parte de Washington, la Nación que ha tenido que pagar el más alto costo en esta guerra quede al nivel de los paìses de los ayatolas que utilizan el narcotráfico para financiar el terrorismo mundial y de esas dictaduras del sureste asiático en las que del gobernante para abajo, todos viven del negocio de la droga.

SIN CERTIFICACION NO HAY DOLARES
Si se pierde la certificación, algunas consecuencias serìan:
* El secretario del Tesoro ordenarìa votar negativamente en el FMI, el Banco Mundial y el BID cualquier crédito para Colombia.
* Un bloqueo como éste comprometería, entre otros planes, el Salto Social.
* Podrían perderse los beneficios del Acuerdo de Preferencias Andinas, que favorecen exportaciones de Colombia a EE.UU. por más de 1.200 millones de dólares.
* El país se llenarìa de estrellas negras en materias como turismo e inversión extranjera.